Un gobierno es legítimo cuando cumple los mandatos de las comunidades y vela por sus derechos. El día de ayer 18 de marzo luego de la reunión con alcaldes y gobernadores, el presidente de la republica Iván Duque expresó en alocución presidencial que la mayor contribución del Plan Nacional de Desarrollo es que tiene por primera vez un capítulo especial para los pueblos indígenas y ancestrales de Colombia, y que este se acompaña con unos recursos importantes del Plan Plurianual de Inversiones, cercanos a los 10 billones de pesos. Además de esto expresó que el Gobierno nacional ha estado presente durante más de 14 oportunidades en el departamento del Cauca, a través de los viceministros y de la Ministra (del Interior).
Denunciamos que estas declaraciones confunden a la opinión pública, y utilizan verdades a medias para deslegitimar nuestra movilización. El día 9 de agosto del 2018 cuando acudimos a Bogotá luego de la posesión del presidente, radicamos una carta en donde solicitábamos su presencia indelegable en la próxima sesión de la comisión mixta del decreto 1811 en Popayán, con el fin de revisar los acuerdos pactados con el anterior gobierno. Esta carta hasta el día de hoy no ha tenido respuesta y las visitas de los ministros a la comisión mixta siempre han dilatado la operativización de los planes y proyectos del plan cuatrienal, bajo la justificación de que la viabilización de muchas de las propuestas no están dentro de sus competencias, y en el tema presupuestal no se acogen a los límites del marco fiscal, hecho que contrasta con los presupuestos priorizados e invertidos en otros temas, como el gasto militar y que obedecen más a la ausencia de voluntad política.
Los temas indígenas y campesinos presentados por el gobierno en el PND no recogieron en su integridad las propuestas concertadas en los espacios de consulta previa con los pueblos indígenas, así como las propuestas presentadas por el sector campesino, en el primer caso dejándolas como un anexo dentro de las bases del plan, y solo haciendo referencia a ellas en 2 artículos dentro del proyecto de ley, en el caso campesino totalmente invisibilidadas. De igual manera el pacto para pueblos indígenas y por ende el capítulo que incluye las 6 líneas concertadas y protocolizadas el 25 de enero de 2019, no aparecen especificadas ni con asignación presupuestal en el plan plurianual de inversiones presentado el 7 de febrero ante el congreso.
Por esta razón el PND verdaderamente no recoge las proposiciones hechas en la consulta previa, y aún no es claro cómo se distribuirán los 10 billones de los que habla el presidente, estrategia que denota una intensión implícita de poner en contradicción a los diferentes pueblos indígenas del país en disputa por estos recursos.
No estamos solos en esta minga, pues en ella hacen presencia los pueblos indígenas del Valle, Caldas y Huila, en defensa de sus planes de vida, así como las organizaciones campesinas que reclaman el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos y fondos presupuestales idóneos para sus proyectos.
No somos minorías, pues nuestra minga también toca temas estructurales que corresponden a las amplias mayorías del país, temas políticos de fondo que hacen alusión al desconocimiento que hace el gobierno del carácter plural y diverso que la constitución política otorga a nuestro Estado Social de Derecho, pues en él PND y en las políticas del actual gobierno no se incluyen las múltiples visiones de desarrollo que tiene nuestros pueblos, dando vía libre al fracking, la agroindustria y los monocultivos, fomentando la concesión de títulos mineros, permitiendo crímenes ambientales por multinacionales carboneras, petroleras e hidroeléctricas, y legalizando el despojo con la reforma a la ley 160 o la implementación de las ZIDRES.
Como si esto fuera poco también vemos con preocupación el código de policía que golpea a los vendedores informales en las grandes ciudades, la ley de financiamiento, la reforma pensional, las reiteradas objeciones que el gobierno ha hecho contra la JEP, el proceso de paz, y los sistemáticos hechos de violación a los DDHH humanos que vivimos las organizaciones sociales a lo largo y ancho del país, pues ya estamos cansados del asesinato cotidiano, amenazas y persecución contra nuestras autoridades ancestrales, guardia indígena y comunidades. Todos estos son los temas de la agenda que nuestra comisión mantiene en espera para la conversa con el presidente, por lo que decimos que esta minga no representa una minoría, sino que es la expresión del pueblo inconforme con la casta política que por años ha gobernado Colombia.
Rechazamos las judicializaciones de nuestros mingueros y comuneros hechas por la fiscalía, en cabeza de un fiscal involucrado en casos de corrupción por Odebrecht en donde han sido asesinado testigos cruciales de manera sospechosa, y condenamos las aseveraciones de que nuestra minga este “infiltrada”, o se haya convertido en un negocio, hechas por medios de comunicación masivos al servicio de la clase dirigente y representantes de sectores políticos que desfalcan más de 20 billones de pesos en corrupción al año.
Ratificamos nuestra voluntad de diálogo para alcanzar una pronta solución, no obstante desde la posesión del presidente, ante las reiteradas negativas de acudir a las instancias que hemos convocado, acudimos a nuestro derecho legal y legítimo de la protesta social para ser escuchados, el cual se ha convertido en la única garantía de seguir visibilizando estos temas en la agenda pública nacional. La presión ha sido la única forma en que los pueblos y las organizaciones sociales hemos logrado ser escuchados por las elites políticas y económicas que por años han saqueado nuestro país. Rechazamos las declaraciones que confunden a la opinión pública y nos mantenemos en resistencia esperando a que el presidente se digne a cumplir con el deber de implementar lo que las comunidades le mandatamos.
Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía
¡Fuerza, Fuerza!
