Servindi, 16 de octubre, 2020.- Cerca de 600 campesinos de la provincia de Huancabamba, en Piura, se reunieron en el IX Congreso Provincial Rondero para establecer medidas y acuerdos que ayuden a frenar el hostigamiento de las empresas extractivistas contra líderes sociales.
El congreso se realizó el 10 de octubre en el pueblo de Huancacarpa, lugar considerado como la cuna de las rondas campesinas de Piura. En el evento participaron delegaciones de Ayavaca, Morropon, Chulucanas y San Ignacio.
También asistieron alcaldes distritales y trabajadores del sector de educación. Santos Saavedra, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (Cunarc- Perú) y Daniel Benavides, expresidente de la misma organización, fueron los ponentes principales del congreso.
Durante la reunión debatieron sobre el caso Ismael Acha, activista contra la explotación minera, quien sufrió un ataque el 30 setiembre por parte de la promotora Elvia Majuan de la empresa minera Río Blanco Copper S. A.
Frente a la serie de ataques que se han incrementado durante la pandemia, los asistentes del congreso establecieron cinco acuerdos. El primero, reafirma la unidad de las autoridades rondiles para la defensa de los territorios frente a cualquier amenaza de imposición de megaproyectos mineros.
El segundo, establece que se aplicará el estatuto rondero para aquellas personas que acepten chantajes u ordenes de los operadores de la minería, porque eso significa una traición para la organización.
El tercer, anuncia que se fortalecerá la mancomunidad del frente de defensa de desarrolla de la frontera norte. El cuarto, estipula que se va a realizar escuelas que capacitación integral para que los ronderos se encuentren capacitados para luchar contra las empresas extractivistas.
El quinto, fomenta el trabajo unido entre las rondas campesinas y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) para defender la educación gratuita y de calidad.
Los ronderos que asistieron al congreso reafirmaron su compromiso de luchar contra la crisis sanitaria, social, económica, ambiental y moral que afecta al país y a los ciudadanos. Aseguran que su objetivo es garantizar el bienestar colectivo.
