Feliciano Valencia y Jaime Urrego hablan acerca de los problemas a los que como comunidades indígenas se enfrentan cada día ante las decisiones del Gobierno frente a la pandemia del COVID-19 y de las implicaciones que tendrá a futuro en temas económicos.
En primer lugar es importante aclarar que, debido a la insuficiencia de la capacidad hospitalaria en Colombia, no se debe tener confianza en los reportes que presenta el Instituto Nacional de Salud cada día, ya que son resultados con una semana de retraso: «estamos viendo una foto de hace ocho días«, explica Urrego. La medida más efectiva sigue siendo el aislamiento social y acatar las demás medidas orientadas por las autoridades de los resguardos.
Debe entenderse entonces, que lo resultados que da a conocer el Gobierno no son verídicos y están tratando de esconder la realidad que está atacando al país, en el momento no existen pruebas suficientes para creer que la curva realmente se aplanó.
Ante un inminente levantamiento de la cuarentena en el país, Jaime Urrego afirma que, esta situación debe ocurrir cuando:
- El personal de salud tenga las condiciones adecuadas: capacitación y garantías laborales.
- Las medidas de alimentación, créditos, pagos de servicio se haga efectivo a toda la población en aras de proteger el bienestar de todos los habitantes del país.
- Ampliación de capacidad hospitalaria administradas por el Estado y no por empresas privadas.
Entonces, el camino a seguir es que se deben exigir el cumplimiento de las propuestas del Gobierno para que esas ayudas anunciadas realmente se cumplan.
En segundo lugar, el senador indígena Feliciano Valencia habla sobre los decretos que ha expedido el Gobierno en lo que va de la cuarentena y cuáles serán las implicaciones directas y reales que tendrá en la economía y en los pueblos indígenas.
Desde que se anunció la cuarentena, el Gobierno de Iván Duque ha expedido un sinnúmero de decretos a los que es importante analizar minuciosamente porque dentro de ellos se encuentran temas delicados que implican infracciones a los derechos de los pueblos originarios como la consulta previa.
El senador explica que estos decretos van desde la contratación y nombramiento de personal para afrontar la crisis hasta medidas económicas que se adoptan ante la emergencia y que tratan de beneficiar a las grandes empresas del país. Los gremios empresariales, en aras de salvar su economía de muerte, están aprovechando la coyuntura para presionar al Gobierno para que flexibilice la consulta previa, derecho fundamental de los pueblos indígenas; una situación alarmante dentro de las comunidades para lo cual se debe estar preparados.
La guerra no para:
En este periodo de aislamiento social, los asesinatos a los líderes sociales y los hostigamientos a comunidades por parte de los grupos armados no ha cesado y por el contrario, también va en aumento. A la fecha han sido asesinadas 21 personas, de las cuales 5 pertenecían a comunidades indígenas. El Gobierno sigue demostrando que no tiene capacidad ni interés en proteger la vida de los defensores de Derechos Humanos; la situación se agrava ya que en las condiciones actuales es difícil de hacer seguimiento y persecución a los responsables de estos atroces hechos porque toda la atención está centrada en el virus y no existen garantías de vida para las personas.
Un Gobierno de muerte:
El presidente Duque, sin consultar al pueblo colombiano, aumenta la tensión ante una posible toma al vecino país de Venezuela apoyando al Gobierno de Trump en este plan y poniendo en riesgo a todo el pueblo colombiano, pues la capacidad bélica y las dimensiones de este conflicto son a gran escalada y puede ser devastador.
Explica que, junto al equipo jurídico del CRIC se encuentran revisando constantemente el paquete de decretos que surgen para estar preparados ante las medidas que afecten la autonomía y la armonía de los pueblos.
Por Programa de comunicaciones CRIC
