La última vez que vi a Feliciano Valencia estábamos en ruta a La Minga por la Liberación de la Madre Tierra en su carro blindado proveído por la Unidad Nacional de Protección. Durante nuestra conversación, él describía como el pueblo nasa ha sido atacado y amenazado por paramilitares derechistas, guerrillas izquierdistas y el gobierno colombiano por defender su territorio y autonomía.
Ayer Valencia fue arrestado y condenado a 18 años por cargos de secuestro. El caso corresponde al detenimiento de Jairo Danilo Chaparral Santiago, un soldado que infiltro una protesta indígena en 2008. Los artículos 246, 247 y 330 de la Constitución Colombiana reconocen el derecho de los pueblos indígenas de establecer sus propios sistemas judiciales y Chaparral Santiago fue detenido, acusado y sentenciado en ejercicio de ese derecho. Valencia fue absuelto de los cargos falsos en marzo de 2015. Sin embargo, la Fiscalía apeló el caso y la Corte Superior de Cauca revocó la decisión ayer.
El arresto del líder indígena Feliciano Valencia ocurre después de haber sido liberados trece activistas del movimiento social acusados de pertenecer a grupos insurgentes el pasado mes de julio 2015. Todxs trece fueron puestxs en libertad la semana pasadadespués de meses de protestas en contra de la manipulación de un sistema judicial para perseguir a líderes y lideresas de movimientos sociales. Si esto parece familiar es porque la criminalización de protesta social por el gobierno no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo en junio de 2012, un activista afrocolombiano histórico– Felix Banguero – fue arrestado por supuestamente tener relaciones con las FARC durante una operación de dos días donde se arrestó 27 afrodescendientes e indígenas en el Norte del Cauca. Banguero fue exonerado después de casi dos años en la cárcel.
Esta persecución se da en el marco de la estigmatización y ataques racistas que desde la sociedad colombiana se vienen haciendo a las comunidades indígenas y afros. Por ejemplo el programa Séptimo Día TV, del Canal Caracol titulado “¿La corrupción llego a los cabildos indígenas?” relacionando los pueblos indígenas con grupos al margen de la ley y discriminado sus prácticas culturales y su autonomía.
Valencia y Banguero son casualidades de un sistema comprometido con eliminar la oposición a políticas explotadoras a cualquier costo. Por medio de minimizar la diferencia entre activistas en movimientos sociales y guerrillas, el gobierno demuestra que no esta comprometido a garantizar la seguridad y bienestar de activistas en un contexto pos-acuerdo con las FARC.
http://colombialand.org/lider-indigena-arrestado-por-delitos-fabricados/
