COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
La minga nacional, social, popular y comunitaria continúa exigiendo garantías para la vida, el cumplimiento del capítulo étnico y el acuerdo de paz.
Denunciamos ante organismos nacionales e internacionales que, justo después de que abriéramos un espacio para concertar caminos que permitieran a quienes estamos en protesta, una salida jurídica, la fiscalía general de la nación a través de su vicefiscal arremete contra la iniciativa de dialogo y conversa propuesta por la Minga, y con señalamientos y amenazas, busca criminalizar el legítimo derecho a la protesta social.
Es claro para la Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria, que la fiscalía le miente al país, así se evidenció en las afirmaciones temerarias de la Vicefiscal Yaneth Mancera, quien, en los medios de comunicación nacional dijo: “puntos solicitados por las Organizaciones1 van en contra de las leyes”.
Esas afirmaciones publicadas por diferentes medios de comunicación, sumado a la negativa de la fiscalía, para dar respuesta a un documento que la minga construyó en conjunto desde el día 17 de junio de 2021, el cual contenía LA RUTA DE GARANTÍAS PARA LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS (recoge hechos ocurridos a partir del 28 de junio de 2021 hasta la fecha de la suscripción), y que fue modificado luego de una reunión interna sostenida por la Fiscalía, generaron reacciones de indignación por parte de las víctimas, quienes, en sus declaraciones de cara a la Vicefiscal, advirtieron que el Estado Colombiano No es Garante de sus Derechos Constitucionales.
El espíritu de los puntos planteados en el espacio recoge acciones que recaen sobre las competencias Legales y Constitucionales de la Fiscalía General de la Nación, por citar algunos ejemplos la Miga Nacional (…) indico que, una vez instalada la mesa técnica, en los casos de las investigaciones en curso en contra de los manifestantes en el marco de la protesta social (art. 37 C.P), previa valoración de los casos correspondía a la FGN, elevar ante los jueces de conocimiento la solicitud de escritos de preclusión, en los casos en que se configurara la causal número 1 del artículo 332 del Código Penal Colombiano, en concordancia con la Directiva 008 del 2016. Esto implica, que los puntos versaron en el marco de un análisis legal y constitucional; pues la última norma citada se encuentra vigente, no obstante, la fiscalía general de la Nación arguye que ha sido derogada.
En ese sentido, ese escenario deja claro también, que no serán investigado los crímenes cometidos por “la gente de bien”, civiles armados y agentes paraestatales, autores de los hechos registrados especialmente en las ciudades como Cali, Yumbo, Bogotá, Popayán, Huila, Putumayo, entre otros, que generaron afectaciones particulares a los Pueblos Indígenas, Sectores Sociales, Populares, Sindicales y Estudiantiles que se movilizaron alrededor del país.
Igualmente, los casos individualizados que no alcanzaron a ser evaluados en la mesa técnica, que, se pretendía instalar, una vez protocolizada el acta, fueron asumidos como actos vandálicos por parte de los funcionarios.
No obstante, insistimos en el ejercicio misional de la Fiscalía General de la Nación, que debe investigar los hechos relacionados con los Centros de Detención Clandestina, el uso excesivo de la Fuerza Pública, delitos contra la integridad sexual de mujeres durante las protestas relación a los vehículos a los cuales se les fue decretado medidas cautelas tales como comiso, serán adelantados ante los jueces de control de garantías ante la inminente arbitrariedad del Estado.
Así las cosas, denunciamos ante la Comunidad Internacional, Organismos Garantes y Defensores de los Derechos Humanos, la indebida diligencia del Estado Colombiano, teniendo en cuenta que en el marco del dialogo con el ente investigador dimos a conocer hechos de los cuales son víctimas líderes y defensores de los Derechos Humanos; pedimos claridades sobre la vinculación del Consejero Mayor del Cric Ermes Evelio Pete Vivas, quien fue citado por la Fiscalía 10 Especializada Sede Santander de Quilichao entrevista y se puso en conocimiento la amenaza sufrí , para rendir da por el líder indígena y coordinador del equipo del Sistema Político de Gobierno Propio del Cric, Jorge Eliecer Sánchez, ambos víctimas de señalamientos indiscriminados propiciados por quienes pretenden deslegitimar el Derecho a la Protesta Social. Mucha s vidas y territorios están en inminente riesgo.
La Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria continua expresiones. Exigimos a funcionarios del Estado respeta través de las diferentes ar este ejercicio de autonomía y la dignidad del Pueblo Colombiano. Continuamos exigiendo garantías para la vida, el cumplimiento del capítulo étnico y el acuerdo de paz, ya que seguramente, si ello se hubiera hecho, sería otra la situación en nuestros territorios.
MINGA NACIONAL, SOCIAL, POPULAR Y COMUNITARIA POPAYÁN
21 DE JUNIO DE 2021