Camilo González Posso*
Los voceros de la Minga han pedido a los medios de comunicación masiva, en particular a las cadenas de TV y de radio, que suspendan la información sesgada, estigmatizante y sin confrontación de fuentes, sobre el avance de la movilización que se inició desde el sur el pasado 12 de octubre de 2020.
A estas fallas en la información se refiere el Consejo Regional Indígena del Cauca en comunicado del 16 de octubre que rechaza el despliegue dado en algunos medios a un video del Frente de Guerra Occidental del ELN en el que aparecen unas indígenas uniformadas llamando a respaldar la movilización. Esas informaciones parciales que no destacan el rechazo hecho por la Minga a ese video, y a todo intento de cooptación o infiltración de grupos armados, según el CRIC, le hacen el juego a la campaña de desprestigio desatada por el partido de gobierno que quiere mostrarla como otra acción subversiva que, según Álvaro Uribe Vélez, pretende dar un golpe socialista en acuerdo con las disidencias de las Farc Ep encabezadas por Iván Marqués. (CRIC,16/10/20. https://www.cric-colombia.org/portal/pronunciamiento-sobre-cubrimiento-periodistico-en-tiempos-de-minga/ ).
En la misma línea de quitarle respaldo a la Minga Social y Comunitaria, la ministra del Interior Alicia Arango ha dicho que no es reivindicativa sino política y el consejero de Paz, Miguel Ceballos, ha completado la idea indicando que, si se trata de un debate político, el interlocutor no es el presidente de la República sino el Congreso. En la Plaza Bolívar de Armenia, el 15 de octubre, los líderes le respondieron al gobierno pidiendo que no intente deslegitimar la movilización sembrando la idea de propósitos electorales ocultos o de supuestas intenciones de alianza partidista con la oposición o con los independientes. Al mismo tiempo han aclarado que el objetivo central de la Minga es colocar en la agenda del debate nacional los grandes temas de la política y de los problemas estructurales que están poniendo en riesgo la vida, los territorios, la democracia y la paz.
Gran debate nacional
Tiene razón la ministra cuando señala que no estamos ante una movilización de un pliego de peticiones con una lista de proyectos; es lo que han dicho desde el inicio las organizaciones que convocan a esta Minga y que han decidido hacer una gran audiencia en Bogotá para sintonizarse con otros sectores sociales.
Cada uno de los grandes temas propuestos al “gran debate nacional” apuntan a cambios sustanciales de política pública ante lo que llaman el desgobierno; se ha llegado a una crisis por la incapacidad del gobierno de gobernar, dijo el Consejero Mayor del CRIC, y los voceros campesinos completaron la frase, con un tecnicismo de profundo contenido, afirmando que “se está imponiendo una dictadura civil en un estado de cosas inconstitucional” en múltiples aspectos.
Como evidencias de ese camino a la dictadura civil que está recorriendo el gobierno Duque, el manifiesto de La Minga señala la militarización contra la protesta social, la captura por el poder ejecutivo de los organismos de control y de la Fiscalía, el desacato y la campaña en contra de la Corte Suprema de Justicia, los decretos de emergencia que imponen subsidios a favor de multinacionales, las disposiciones administrativas en contra de la consulta para el consentimiento previo. (ver Minga social y comunitaria, 2020 en www.cric.org.co )
El reclamo de otra política en “defensa de la vida y de seguridad para la paz” es el primer asunto del debate nacional; se le exige al Estado que responda con eficacia a la ola de asesinatos, masacres, desplazamiento y otras graves violaciones a los derechos fundamentales.
La crisis humanitaria y de agresiones armadas no es un asunto de ideologías, ni de color político sino una emergencia nacional.
Como también es de interés nacional y mandato constitucional la urgencia de adoptar una política pública para el desmantelamiento del paramilitarismo y de las redes de macrocriminalidad que vienen reordenándose después de la dejación de armas por parte de las FARC EP, ante la incapacidad de los gobiernos y agencias estatales de dar respuesta pronta y transformadora en territorios afectados crónicamente por violencias.
Seguridad humana para la paz y no seguridad de guerra para macroinversiones, son los términos del debate propuesto por la Minga. (ver el documento ¿Por qué movilización política? Minga, 2020 en www.indepaz.org.co).
Territorios en disputa
El gobierno no quiere hacer un dialogo con la Minga sobre estos temas de la política nacional porque no esta dispuesto a negociarlos ni a cambiar su estrategia de desarrollo basada en entregar territorios y recursos naturales a grandes empresas acaparadoras o concentradoras de tierra, agua, títulos mineros y contratos de infraestructura. Después de la dejación de armas por parte de las FARC EP la gran aspiración de las políticas de desarrollo, y de las zonas de seguridad, es incorporar a las estrategias minero-energéticas, forestales y agroindustriales, muchos territorios baldíos, colectivos, de zonas de reserva forestal, y otros que han estado envueltos en guerras. Para ese desarrollo es marginal dar aliento o papel importante a la economía campesina y a los planes de vida de pueblos étnicos.
Un ejemplo ilustrativo mencionado por campesinos e indígenas, desde Nariño al Bajo Cauca, son los títulos mineros que transfirió hace dos años la AngloGold Ashanti a la multinacional Royal Road Mineral: El bloque sur de la RRM cubre todos los municipios de presencia AW´A, la zona central de Nariño (Samaniego, Policarpa, Leyva) y algunos del Cauca como La Vega, Bolívar en el Macizo, Suárez y Buenos Aires al norte. El bloque del Medio Cauca llega desde la zona de Riosucio, Marmato – el llamado Cordón de Oro – hasta el norte de Antioquía. Son proyectos polimetálicos que aparecen como de cobre, pero tienen proyectado sacar barras que aglomeran también oro y metales raros. (ver mapa en https://www.royalroadminerals.com/news/2019/royal-road-minerals-to-acquire-colombian-exploration-assets-from-anglogold-ashanti/).
En Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, como en otros lados, la titulación minera, los proyectos forestales y de hidroeléctricas como la del Patía, se superponen con territorios campesinos, Zonas de Reserva Campesina en trámite, resguardos y comunidades negras. Las cifras de hectáreas con titulo minero en el Suroccidente muestran que 30% de ellas están entregadas para exploración invadiendo propiedad colectiva étnica. Allí la violencia ha sido compañera del reordenamiento extractivista de territorios, incluida la Amazonía y el Andén Pacífico. El inicio de los proyectos le abre otro frente de rentas a grupos armados y narcoparamilitares que extorsionan, someten poblaciones, ofrecen seguridad; también aparecen empresarios junior, “golondrinas”, expertos en despejar el camino a los grandes, en alianza con mafias y grupos armados para acaparar tierras con gran potencial de plusvalía que van lavando en espera de los pacientes “terceros de buena fe”.
Una Minga sin negociación que piensa en el futuro
Al gobierno le resulta más cómodo reducir todos los problemas al narcotráfico y sus violencias; incluso la protesta social es presentada en los discursos y en los documentos de seguridad y defensa como forma encubierta de criminales que utilizan a la población, cómplice o idiota útil, como una cortina para frenar la llegada de las fuerzas armadas. Con semejante sabiduría, o llenura de ideología y prejuicio, ¿para qué dialogar con las comunidades que marchan hacia Bogotá en defensa de sus territorios atacados por la política extractivista?
En 2005, 2008, 2010, 2012 y 2015 la movilización de miles de comuneros del Cauca y otros departamentos del Suroccidente presentó a consideración de todos los colombianos y del gobierno de turno propuestas y exigencias de alta política. Siempre estuvo la exigencia de las negociaciones de paz, la derogatoria de tratados internacionales unilaterales como los TLC, el reconocimiento de derechos a campesinos y a pueblos étnicos. Las respuestas han sido brutales como la ocupación del Resguardo de La María en 2008 en una operación de guerra por aire y tierra. En algunas ocasiones acudieron presidentes, como ocurrió con Álvaro Uribe y con Juan Manuel Santos; en todas han seguido la consigna de no cambiar los planes neoliberales y maniobrar con pequeñas concesiones. Como dijo un ministro caucano, “se les firma, pero no se les cumple”. (ver ONIC, 2015. https://www.onic.org.co/noticias/879-minga-social-y-comunitaria-por-la-defensa-de-la-vida-el-derecho-a-la-protesta-social-y-la-jurisdiccion-especial-indigena-jei )
La Minga Social y Comunitaria que llegó a Bogotá sabe que no habrá negociación con el gobierno. Es un presidente que no puede gobernar para las mayorías pues tiene un poder prestado, dicen las autoridades indígenas y comunitarias. Pero creen que con su convocatoria pueden ayudar a que se fortalezcan muchos movimientos sociales y a la construcción de la fuerza suficiente para disipar violencias, contener la imposición de una dictadura civil y así darle oxigeno a cambios políticos.
*Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz
