En Colombia los organismos encargados de mantener el orden interno están dotados de un amplio catálogo de normas e instrumentos (vehículos, armas, escudos, gases, etc.) los cuales son utilizados, paradójicamente, con una especial intensidad y grave compromiso de los derechos humanos, frente a las movilizaciones sociales que forman parte esencial de ese orden jurídico que dicen defender.
De esta circunstancia surge nuestra invitación y alerta a las organizaciones de derechos humanos, porque está convocada una “Acción comunitaria de los pueblos indígenas del Cauca en Derecho”, y ésta movilización requiere como un soporte vital la presencia y acompañamiento de defensores y defensoras de derechos humanos, para recordarle al Estado Colombiano que el Derecho de Reunión y de Manifestación se encuentra amparado en la Declaración Universal de Derechos Humanos,[1] en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,[2] en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,[3] en la Convención sobre los Derechos del Niño,[4] en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,[5] en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre,[6] cuyos preceptos están situados en el mismo nivel de la Constitución Política de Colombia, con un valor anticipado en el orden interno[7] y, por supuesto en nuestro ordenamiento superior[8].
La “Acción comunitaria de los pueblos indígenas del Cauca en Derecho” es una respuesta a la “opresión del sistema económico y político dominante” que les ha notificado a los pueblos indígenas del Cauca, con muerte e imposición, que las poblaciones locales no cuentan para aquellos ni pueden los pueblos indígenas seguir existiendo en sus territorios.
Además, el Gobierno Nacional ha incumplido el principio “Pacta Sunt Servanda” que lo obliga a cumplir de buena fe lo pactado y ha forzado a las comunidades indígenas del Cauca a expedir un mandato de “No más acuerdos”; el cual, al contrario de lo que se puede creer o hacer creer, no implica cerrar los espacios de concertación y de negociación, sino abrirlos. Esta vez, a la exigencia que se cumpla de buena fe lo pactado en las anteriores movilizaciones.
Se une a lo anterior que en este mes de octubre de 2017 las comunidades indígenas del Cauca han sufrido el impacto de la violencia en nombre de la “justicia”, con saldos trágicos como: una comunicadora indígena asesinada y varios heridos en acciones del Escuadrón Antidisturbios -ESMAD- que cree estar protegiendo el orden interno cuando, en realidad, está colocando el uso desproporcionado de la fuerza en contra de la integridad de un Territorio Indígena que el Gobierno Nacional se comprometió a sanear y causando muerte, heridas y daños a una comunidad que está incluida en un Plan de Salvaguarda,[9] para evitar su extinción. Cabe advertir que estos hechos forman parte de un conjunto de actuaciones arbitrarias, que tipifican una grave violación a los derechos humanos en un ataque sistemático a las movilizaciones de las comunidades de la Región Sur-colombiana.
La “Acción comunitaria de los pueblos indígenas del Cauca en Derecho” tiene, entre otros no menos importantes retos:[10]
Lograr una transformación social y la vigencia de un verdadero Estado social de derecho, participativo, democrático y de regiones.
El cumplimiento del Acuerdo de 2005, con la entrega de tierras para varias comunidades, que pasados 12 años aún no se cumple.
Las reparaciones por la masacre del Nilo perpetrada en el año 1.991.
La reparación por los perjuicios causados con la construcción de la Represa La Salvajina (1987) y los Acuerdos con el Resguardo de Totoró (1986), Novirao (1996), Japio y Agua Bendita (2013).
Exigir el respeto a la movilización y a la protesta social de las organizaciones sociales.
Es de resaltar que se han presentado avances como el Sistema Educativo Indígena Propio -SEIP-, el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural -SISPI-, la jurisdicción propia y otros; pero, su reglamentación no se ha concretado y al momento es inexistente su implementación.
El llamado a las organizaciones de derechos humanos es a que le exijan al Gobierno Nacional que cumpla de manera inmediata los Acuerdos con los Pueblos Indígenas del Cauca y que se abstenga de seguir utilizando los instrumentos que la Constitución le ha entregado para mantener el orden interno con el fin de impedir la movilización y la protesta social y rechazar el uso de esos instrumentos para segar vidas, causar heridos, afectar la inviolabilidad del domicilio, impedir el acceso de la misión médica, en fin, para desconocer derechos y eludir la responsabilidad de garantía y cumplimiento.
CONSEJERÍA MAYOR DEL CRIC
Popayán, 26 de octubre del 2017