A pesar que desde la entrada a la población del municipio de Totoró hay mecanismos de prevención, ahora no solamente se deben prevenir del Covid19, ahora se tienen que prevenir del virus del exterminio por manos criminales, pues además de hacer la desinfección, el lavado de manos y el sahumerio, también se debe estar atento pues cualquier extraño se convierte en sospechoso.

Es difícil distinguir quien saluda porque todos sin excepción llevan puesto el tapabocas que combina con los ojos tristes, los mismos ojos que desde el viernes 11 de septiembre lloran el asesinato por manos criminales del coordinador del programa de salud del pueblo Totoroez Oliverio Conejo Sánchez y su hija Emily Jackeline Conejo Angucho, quienes fueron esperados en inmediaciones de la vereda Chuscales sobre la vía que conduce al departamento del Huila para acabar con sus vidas.

Todo indica que éste como muchos otros crímenes ya habían sido anunciados en la región, pues desde el año anterior las Autoridades Tradicionales le hicieron conocer al Gobierno nacional que había una amenaza contra su pueblo, siendo la respuesta de este, según lo indica el gobernador del Cabildo Indígena “aquí no pasa nada” pero a la gente la están matando como ocurre en el resto del país donde los planes de salvaguarda no se han puesto en marcha y el exterminio de los pueblos continúa.

Así inició la rueda de prensa organizada en la calle principal de Totoró en la casa del cabildo indígena con presencia de la Consejería Mayor del CRIC, la consejera de derechos humanos de la ONIC Aida Marina Quilcué Vivas, el senador indígena Feliciano Valencia, el alcalde municipal José Fernando Conejo, las delegaciones de las 127 autoridades indígenas del Cauca, La Guardia indígena y funcionarios del Gobierno Nacional, además de la participación de diferentes delegaciones que no solo condenaron el crimen, sino que señalaron responsables dejando claro que uno de ellos es el Gobierno Nacional que sigue sin prestarle atención a los llamados continuos que se han hecho para que se actúe en defensa de los pueblos originarios, de igual forma, el alcalde municipal de Totoró José Fernando Conejo anunció la convocatoria a un Consejo Extraordinario de Seguridad con altos mandos de las fuerzas armadas. “No queremos que sea un consejo de seguridad más sino un espacio que tome acciones para proteger a la población amenazada aseguró el mandatario local.

Todo indicaba que el evento era convocado por el asesinato de dos comuneros, pero en la medida en que avanzaba la rueda de prensa se arrojó más información que seguramente ni la comunidad ni los medios de comunicación conocían. Las cifras no son nada alentadoras, en el año que transcurre han sido asesinados 61 comuneros en el departamento del Cauca, el hacer trizas el acuerdo de paz sigue en marcha y la presencia de grupos armados en busca de quitarle la autonomía a las autoridades indígenas no se detiene y como si fuera poco se nota que le gana la batalla al propio gobierno nacional.

Pero faltaba el puntillazo final en esta entrega de cifras y es que en las últimas horas 16 comuneros de Totoró entre ex cabildantes, exfuncionarios de la alcaldía municipal, concejales fueron declarados objetivos militares a través de un pasquín que circuló en el centro poblado. La respuesta no se hizo esperar y dejaron claro que no se van a esconder del miedo, que unirán sus fuerzas y que se harán sentir como pueblo para pervivir en medio de las amenazas. Otros fueron más explícitos y les pidieron a sus detractores que “tengan pantalones” y denuncien si hay irregularidades y que están dispuestos a colocar la cara para hacer las aclaraciones que sean necesarias.

Contrario a lo que muchos piensan, no había caras de tristeza, había caras de rabia y las manifestaciones son las de seguir sus postulados de “la esencia nos es la apariencia y esa es la diferencia”.

POR: PROGRAMA DE COMUNICACIONES CRIC 

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