La Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, convocamos a los 121 cabildos, 10 pueblos indígenas, 11 asociaciones de cabildos, a sectores sociales y populares a partir del 30 de mayo de 2016 en el Territorio de Convivencia, Dialogo y Negociación “En Minga de Resistencia por la Vida, el Territorio, la Dignidad, la Paz y el Cumplimiento de Acuerdos” por el avance hacia un país con democracia y justicia social para colombianos y colombianas: por la vida y la dignidad de los pueblos, y por la vigencia de un verdadero Estado Social de Derecho.
Documento Político de Exigibilidad
Cada día vemos más lejanos los derechos territoriales, sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos para las grandes mayorías del pueblo colombiano. Cada vez nos encontramos más lejos del acuerdo político del año 91 en democracia, ética, participación, equidad, sostenibilidad, soberanía y reconocimiento de la diversidad.
Con gran esperanza hemos saludado y apoyado los procesos de solución política del conflicto armado. Sabemos que ellos no constituyen la paz, pero que son un paso imprescindible para avanzar hacia la misma, en la medida en que permiten que los grandes conflictos socioeconómicos y políticos se resuelvan en un escenario sin armas y sin violencia; nos preocupa que en tanto se dialoga en la Habana con las FARC y se hacen acercamientos con el ELN, el Gobierno nacional sigue creando las condiciones para continuar con la inequidad y el despojo de los derechos populares.
Los pueblos indígenas no podemos ser engañados nuevamente como sucedió en la invasión europea y en la conformación de la República. En el actual momento histórico, los pueblos que hemos logrado sobrevivir al aniquilamiento, debemos afianzar nuestra lucha milenaria ante un sistema político y un modelo económico que usan todos los recursos para desaparecernos; la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido que estamos en peligro de exterminio físico, cultural y que contra nosotros se presenta un estado de cosas inconstitucional. En consecuencia, lo único seguro que nos queda es la lucha, la cual hemos ejercido y continuaremos ejerciendo.
Desde la conformación del CRIC en el año 1.971 hemos reivindicado derechos y exigido que sean aplicados; hemos logrado importantes avances contra las políticas integracionistas, de ataque contra nuestras culturas y territorios, desarrollada durante el transcurrir del siglo XX como continuación del colonialismo. Nuestras luchas, con apoyo de otros sectores sociales y democráticos, tuvieron logros muy importantes con la promulgación de la Constitución de 1.991. Sin embargo la Carta Magna no ha sido aplicada en sus componentes fundamentales y solo hemos obtenido algunos desarrollos en la medida en que hombres y mujeres, de sectores étnicos y sociales, realizamos exigibilidad permanente.
En el transcurso de la década del 90 del siglo pasado, realizamos acciones de exigibilidad ante la inoperancia del Estado y su violación de la nueva Constitución, logrando acuerdos y compromisos de parte de los diferentes gobiernos; acuerdos que ante los reiterados incumplimientos, fueron recogidos en el decreto 982 de 1.999, en el cual el gobierno nacional se notificó y registró la “emergencia social, cultural y económica declarada por las autoridades y los pueblos indígenas del Cauca” y conformó una comisión mixta, de carácter ministerial y de autoridades indígenas, para avanzar en su solución.
En la primera década de este siglo realizamos, en desarrollo del decreto 982, acuerdos con el gobierno del presidente Pastrana, pero con muy bajo cumplimiento. Con el gobierno del presidente Uribe los diálogos inicialmente no se continuaron por indisposición política del mismo, y solo a través del proceso de liberación de la madre tierra, se lograron concretar acuerdos de tierras. Ante la posición de dicho gobierno, claramente contra los movimientos sociales, expresada en la violación de derechos humanos y en la llamada legislación del despojo (como la presentación y aprobación del TLC con los EEUU, los llamados “estatuto de desarrollo rural” y estatuto minero, y los decretos fitosanitarios), el CRIC se movilizó con otros sectores sociales en la “Minga de resistencia social e indígena”, denunciando ante el mundo que la unanimidad pregonada por el gobierno nacional no era tal y que los sectores sociales luchábamos por nuestros derechos a pesar de la represión.
En la presente década se retomó desde el año 2012 la comisión mixta del decreto 982, con el gobierno del Presidente Santos. Se establecieron compromisos y se retomaron acuerdos anteriores; pero a pesar de que el Presidente hizo presencia en la María y conformó mesas (derechos humanos, conflicto armado y paz; educación, salud, comunicación; economía, territorio, ambiente y minería) que deberían tener soluciones en menos de dos meses, no se lograron avances significativos ni en ese periodo definido ni posteriormente. Lo más preocupante en este proceso ha sido el estancamiento en la exigencia en temas como: No a la minería, la vigilancia y garantía de los derechos humanos, el control desde los pueblos indígenas sobre sus territorios y la propuesta de diálogo con la mesa de la Habana, para que en los acuerdos de paz, no se desconozcan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afros.
Esta negativa del gobierno nacional para tratar temas estructurales generadores de la inequidad, la injusticia y el despojo, no solamente con los pueblos indígenas sino con la gran mayoría de los sectores sociales en Colombia, llevó a la movilización y paro campesino en 2013 y a la conformación de la Cumbre agraria y las Dignidades Agropecuarias. Nuestro movimiento indígena ha hecho parte de la Cumbre Agraria y en una sola voz popular, con carácter diferencial étnico y cultural, se ha presentado ante el gobierno y el país una propuesta sobre: temas territoriales, economía propia, minería, energía y ruralidad, cultivos declarados ilícitos y solución a la problemática de los cultivadores de los mismos, derechos políticos y garantías de los mismos, derechos sociales, relación campo ciudad, y paz, justicia social y solución política del conflicto. Ha venido funcionando una mesa de la cumbre agraria con el gobierno nacional pero es muy poco el avance en estos temas y nuevamente se ve la posición del gobierno de no tratar de manera sería y con incidencia desde las organizaciones sociales estos temas.
En el año 2013, en conjunto como movimiento indígena nacional, realizamos la minga social, indígena y popular y logramos acuerdos sobre tierras y territorio, políticas económicas y agrarias con carácter diferencial étnico, derechos humanos, conflicto armado y paz; en el tema minero energético no hubo acuerdos aunque se definió una comisión de alto nivel para trazar una hoja de ruta para la anulación de los títulos mineros otorgados en territorios indígenas, lo cual no se ha hecho. Es de resaltar que ha habido avances en la promulgación de los decretos que garantizan el funcionamiento de los territorios indígenas con sistemas propios como SEIP en educación, SISPI en salud, manejo de transferencias, jurisdicción propia, pero su reglamentación posterior no se ha garantizado y al momento es prácticamente inexistente su aplicación.
De esta manera los pueblos indígenas del Cauca señalamos los siguientes acuerdos incumplidos o no desarrollados, los cuales hemos presentado en una matriz ante el gobierno nacional, la veeduría nacional e internacional y la opinión pública:
- Decreto 982/99: Solución de la emergencia social, económica y cultural de los pueblos indígenas del Cauca: Educación, Salud, Territorio, económico ambiental, derechos humanos y Comunicaciones.
2. Proceso de paz: En el marco de apoyo al fin de conflicto y buscando que su implementación sea lo más exitosa posible y respetuosa de nuestros derechos como pueblos, requerimos consulta con los pueblos indígenas y afrocolombianos sobre los puntos del acuerdo de la Habana que consideramos deben ser coordinados con las autoridades propias tales como reincorporación de excombatientes indígenas, relacionamiento entre jurisdicción especial indígena y jurisdicción especial para la paz, desminado humanitario, desvinculación de niños y niñas del conflicto, figuras territoriales, solución a la problemática de cultivos ilícitos, etc.
Planteamos a la mesa de la Habana que se habilite una comisión para dialogar con las comunidades indígenas sobre estos temas, y se exige que el espacio sea en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la María, Piendamó Cauca.
3. Defensa de la vida y los Derechos Humanos:
- Reconocimiento de la Guardia Indígena como mecanismo propio de control territorial y actora de paz.
- Garantías de seguridad y resultados de investigaciones sobre amenazas a organizaciones y asesinatos de hombres y mujeres integrantes del CRIC.
- Desmonte real del paramilitarismo y todo tipo de violencia contra los pueblos.
- Garantías contra la imposición de organizaciones desde el Estado y otros actores con el fin de debilitar nuestra organización y nuestra lucha.
- Garantías para la sostenibilidad de la economía campesina, indígena, afrocolombiana y de la soberanía alimentaria del país.
- Respeto a la movilización y la protesta social
- Desmilitarización de los territorios
- Reconocimiento de los pueblos Polindara, Ambaló y Kisgo.
4. Defensa del Territorio:
- Nulidad de los títulos mineros otorgados en los territorios indígenas y en paramos y desmonte de la política minero energética basada en el despojo territorial de los pueblos y comunidades locales.
- Control y desmonte de la minería ilegal.
- Vigencia y respeto a títulos coloniales de los resguardos.
- Desarrollo e implementación del decreto 2333 de 2014 para salvaguardar los territorios ancestrales.
- Defensa del agua como un espacio de vida y derecho fundamental de todos los seres, no a las Concesiones de agua, defensa de los páramos.
5. Autonomía y gobierno propio:
- Jurisdicción Especial Indígena. Respeto a su ejercicio y garantías para su funcionamiento.
- Desarrollo e implementación del decreto 1953 de 2014, especialmente de: SISPI, SEIP y ATEA.
JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA- CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC
Mayo 25 de 2016
