“Sabíamos que esto iba a pasar. Y va a seguir pasando”, dijo hace poco ‘Matías Aldecoa’, guerrillero de las Farc y miembro del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego bilateral. Se refería, en su oficina del occidente de Bogotá, al asesinato de líderes sociales: uno de los problemas más urgentes de resolver en el posconflicto.

Justamente,  la subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de Cumbre Agraria —una organización que agrupa varias asociaciones campesinas y populares— presentó el fin de semana pasado su informe de 2016. En Colombia han sido asesinados 94 defensores este año, la cifra más alta desde que comenzó el proceso de paz. En 2015 fueron asesinados 63 líderes; en 2014, 55; en 2013, 78; en 2012, 69; en 2011, 49 y en 2010, 32.

Desde que el Gobierno y las Farc comenzaron a negociar el fin del conflicto, han perdido la vida 434 defensores de Derechos Humanos.

El informe también revela que el departamento que ha puesto más líderes sociales muertos en este año es el Cauca, con 25. A este le siguen Antioquia, con 15; Nariño, con 8; Valle del Cauca y Córdoba, con 5; y Cundinamarca y Norte de Santander, con 4 cada uno.

Según la Cumbre Agraria, 73 de los 94 asesinatos fueron perpetrados por paramilitares. La Policía y el Ejército fueron responsables de 7 y los 14 restantes son de actores desconocidos. La organización también ha documentado “cuarenta y seis (46) atentados, los cuales fueron cometidos por grupos de hombres armados (algunos vestidos de civil, otros de negro, con camuflado o cubriendo el rostro con pasamontañas). Quienes se movilizan a bordo de vehículos automotores (camionetas o motocicletas) o a pie en zonas veredales o centros poblados”.

Por último, la Cumbre Agraria denuncia “la convivencia y apoyo de integrantes de la policía y el ejército a estos grupos (paramilitares) en muchos casos. Los Paramilitares cometen violaciones a DDHH en zonas de fuerte presencia policial y militar, pese a la evidente presencia la fuerza pública y algunas entidades estatales aún continúan negando la presencia y las acciones de estos grupos irregulares; en ocasiones hacen presencia después que unidades del ejército realicen operativos contrainsurgentes, existe permisividad con el tráfico de cultivos de uso ilícito y extracción de recursos naturales ilegales por parte de estos grupos”. Ante informes como este, que también han presentado otras organizaciones sociales en días pasados, el ministerio del Interior y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) han aceptado la necesidad de proteger la vida de los dirigentes populares e investigar la relación de estos asesinatos con posibles estructuras paramilitares.

#Niunmuertomás

Bajo este panorama, ¡Pacifista! ha decidido lanzar desde este martes una campaña para llamar la atención sobre los dirigentes campesinos y líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación de los acuerdos de paz. Bajo los hashtags #Niunmuertomás y #Quelapaznonoscuestelavida haremos un conteo periódico de estas víctimas, con su nombre, lugar de residencia, tipo de trabajo y fecha del homicidio.

Para establecer parámetros de certeza mínimos —teniendo en cuenta que no somos un organismo judicial, encargado de investigar y encontrar culpables— reportaremos los asesinatos que sean denunciados por organizaciones de Derechos Humanos, también verificaremos la actividad a la que se dedicaba la víctima, para constatar que estaba involucrada en procesos comunitarios.

Tomado de: pacifista.co

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