El paro que hoy lunes 28 de abril de 2014 inician los productores agrupados en las Dignidades Agropecuarias es justa ante el país, no solo por la crisis económica y social que vivimos en el campo colombiano sino, también, porque el gobierno nacional tuvo la oportunidad histórica de dar un vuelco democrático y sostenible al campo colombiano y no lo hizo, demostrando así que responde únicamente a los intereses de sectores empresariales y consorcios multinacionales.
Las grandes movilizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas del año 2013 lograron hacer conciencia de la grave situación del campo colombiano, la cual amenaza la vida y derechos de las poblaciones rurales así como la soberanía alimentaria de toda la población urbana y rural y la sostenibilidad ambiental, económica, política y social del país.
Los acuerdos firmados en el marco del paro agrario, en el 2013, por el gobierno nacional con las Dignidades, la mesa de interlocución agraria MIA, el coordinador nacional agrario CNA, el proceso de comunidades negras PCN y la Organización Nacional indígena de Colombia ONIC, generaron una expectativa y esperanza en la población colombiana en el sentido de que por fin se iba a modificar el modelo de desarrollo económico y social del campo, y que se tendrían en cuenta las propuestas nacidas desde las poblaciones que sufrimos y somos despojados de nuestros territorios por el actual modelo de agro-negocios y extractivismo minero-energético.
Sin embargo la esperanza en que el Gobierno iba a cumplir con los acuerdos del paro agrario se fue quebrando con dos acciones que muestran lo poco que les interesa a los sectores dominantes en Colombia hacer cambios democráticos: a) El 5 septiembre de 2013 fue nombrado como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Rubén Darío Lizarralde, una persona de las más involucradas en el impulso del modelo de agro-negocios en contra de las poblaciones locales, b) el 12 de septiembre fue lanzado el “pacto nacional por el sector agropecuario y el desarrollo rural”, que de pacto nacional no tiene nada, ya que fue formulado solamente a nivel de la tecnocracia del Gobierno y aprobado con aplausos por los grandes gremios empresariales, a espaldas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. Para evitar cualquier asomo de participación hacia futuro, la estructura de decisión del “pacto agrario” se amarró a las tecnocracias y burocracias del Departamento de planeación nacional DNP, los Ministerios y las Secretarias de Agricultura y de Planeación de los departamentos del país.
Con estas dos acciones del gobierno nacional, el Presidente de la República buscó impresionar a la opinión publica mostrando resultados, pero a la vez dio un mensaje claro a las organizaciones sociales y comunidades que nos movilizamos en el marco del paro agrario: el modelo de desarrollo agrario no se puede tocar para nada y los campesinos, indígenas y afrocolombianos que quieran y logren sobrevivir y continuar en el campo, deben hacerlo a través de aceptar los agro-negocios y proyectos minero-energéticos e integrarse a ellos como el eslabón más débil.
Las decisiones que ha tomado el gobierno nacional con posteridad al paro agrario de 2013, van en contravía y en abierto desconocimiento de las poblaciones y sectores que participamos en el mismo.
El señalamiento y criminalización de las organizaciones que se movilicen, organicen y participen en el paro agrario de 2014 es algo que ya se volvió una costumbre con la movilización y organización social en el país, pero que constituye una práctica grave del Gobierno nacional y que en medio de la guerra coloca a estas organizaciones como carne de cañón de actores armados legales e ilegales; es decir que, en cambio de cumplir con su deber constitucional de proteger y defender la vida de los ciudadanos y el derecho a la movilización social, el Estado colombiano está utilizando su fuerza y su poder contra derechos fundamentales.
Como CRIC no estamos participando de manera directa y en ningún momento consideramos que las personas, familias y grupos de productores de las comunidades indígenas que consideren necesario hacerlo no entran en contradicción con las decisiones de la organización.
Estamos pendientes del plazo dado al gobierno nacional por la Cumbre Agraria, étnica y popular, hasta la primera semana de mayo, para el cumplimiento de las demandas presentadas en el pliego unitario de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. Desde nuestras comunidades, en conjunto con las demás regionales indígenas agrupadas en la ONIC, así como con las demás mesas y organizaciones de la Cumbre, tomaremos las decisiones pertinentes.
Popayán, abril 28 de 2014.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA
CONSEJERÍA MAYOR
