El punto 1 del acuerdo de paz estableció la reforma rural integral, que contiene como uno de las variables la implementación de un sistema de información catastral que busca actualizar los datos catastrales del país, con el fin democratizar el acceso a la tierra a las poblaciones más vulnerables del sector rural (campesinos, indígenas, afrodescendientes, trabajadores agrarios). El punto 1 del acuerdo de paz también incluyó la participación de las comunidades en el levantamiento de la información para que la misma fuera consecuente con la realidad de los territorios.
Para el caso de las comunidades indígenas el catastro multipropósito busca definir y ajustar las áreas de extensión de los territorios, lo cual trae como consecuencia la reducción de las áreas de los resguardos, esta política amenaza los derechos de las comunidades al territorio colectivo, desconoce el convenio 169 de la OIT y pone en grave riesgo a los resguardos coloniales y republicanos debido a que aún no se han realizado los procedimientos para su clarificación.
El actual gobierno ha venido expidiendo diferentes normas sobre la política e implementación del catastro multipropósito, las cuales no han sido construidas con la participación de las comunidades y no se ha surtido el procedimiento de consulta previa, libre e informada.
En el año 2020 el gobierno nacional debido a la condición de la banca internacional (Banco Mundial) concertó en el marco de la Mesa Permanente de Concertación la ruta metodológica para la consulta previa a los decretos y /u otros instrumentos normativos (excepto la ley) expedidos para la puesta en marcha del catastro multipropósito. Si bien se acordó dicha ruta, la misma establece unos tiempos reducidos que no permiten que se realice de manera efectiva la participación de las comunidades, lo cual desconoce los estándares internacionales de la consulta, vulnerando así el derecho fundamental a la consulta previa , convirtiéndola en un mero trámite administrativo, con el agravante que dicha ruta no se implementó, sin embargo, actualmente el gobierno viene avanzando con la implementación del catastro multipropósito en municipios en los que existe presencia de comunidades indígenas.
El Consejo Regional Indígena del Cauca, se ha caracterizado por ser una organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas, por ello hacemos un llamado a las comunidades de abstenerse de brindar información cartográfica de los territorios a los municipios y entidades como el Instituto Geografico Agustin Codazi -IGAC, Agencia Nacional de Tierras- ANT, por cuanto no se ha surtido el proceso de consulta previa.
Rechazamos el actuar de entidades como el IGAC que pretende validar como proceso de consulta previa reuniones informativas que ha sostenido con el CRIC.
Informamos a los organismos internacionales que el gobierno no está garantizando los derechos de los pueblos indígenas.
Exigimos a las entidades del nivel nacional, departamental y municipal que suspendan los procedimientos que actualmente adelantan en los territorios, para la recolección de información e implementación del catastro multipropósito, hasta tanto no se fije con las comunidades indígenas una hoja de ruta concertada para la consulta previa, donde prime la buena fé y el dialogo entre las partes.
Popayán, 28 de abril de 2020.
CONSEJERIA MAYOR DEL CRIC
