Miembros del CRIC. / Fabiola Barranco
  • Esta organización aglutina a los 10 pueblos indígenas de esta región de Colombia, una de las más castigadas por el conflicto.
  • Han visitado Madrid con el propósito de convertir la ciudad en “una puerta de entrada para los pueblos indigeneas a organismos internacionales”.

Aida Quilcué, Jorge Eliecer Sánchez, Neis Oliverio Lame Camayo y Giovani Yule forman parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que desde hace 47 años aglutina a los 10 pueblos indígenas de esta región de Colombia, una de las más castigadas por el conflicto.

Visitan la ciudad de Madrid con el propósito de convertirla en “una puerta de entrada para los pueblos indigeneas del Cauca y de Colombia” a todos los organismos internacionales posibles e inaugurar una delegación permanente en la Universidad Carlos III. Pero quieren llegar más lejos, hasta Bruselas, por ejemplo.

Visibilizar los procesos de lucha y resistencia a los que se enfrentan es el principal objetivo, pero también ganar espacios en los que plantear lo que los pueblos indígenas piensan “de este mundo consumista, mercantilista, que cada día quiere instrumentalizar más nuestra madre Tierra como un ejercicio de poder y no como un espacio para la vida”.

Líderes asesinados

Uno de los desafíos más sangrientos que atraviesa el país americano es el repunte de violencia contra laspersonas que defienden los derechos humanos, que buscan soluciones para tener una vida digna en comunidad o que defienden el medioambiente y que en Colombia son conocidos como ‘líderes sociales’ o ‘líderes comunitarios’. En los primeros ocho meses de este año, 93 líderes sociales han sido asesinados. Un contador que no cesa y que se dispara en el departamento del Cauca, el más afectado de Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, en el periodo entre 2016 y 2017, de los 326 asesinatos cometidos contra estos defensores, 81 serían del Cacuca.

Aida señala que esta trágica situación “responde a una estrategia por el control territorial”, que se disputan factores u actores como el narcotráfico, que está siendo avivado por grupos de México o Brasil; el “fenómeno del paramilitarismo”, la suspensión del diálogo con ELN y que “ha dado pie a este grupo a fortalecerse de manera militar y agudizar la guerra”; o la presencia de empresas trasnacionales como las represas hidroeléctricas y la exploración y explotación petrolera. Un cóctel que torpedea la era del posconflicto y “pone en riesgo a aquellos defensores y defensoras de derechos humanos en el Cauca y el resto del país”.

Defender derechos desde el apego a la ‘madre Tierra’

Para combatir todas estas amenazas, Jorge explica que se sirven de valores como “la organización, la unidad y la relación cultural”, basados en el “apego, sensibilidad y armonía con la madre tierra”, lo que, aseguran, les “da fuerza” y les permite “defender y exigir derechos” como la salud o la educación.

En palabras de Aida, “en Colombia no se garantiza la salud, sino el mercado y los pueblos indígenas apostamos para que sea un derecho fundamental. La educación es un modelo diseñado para seguir colonizando a la población y nosotros decimos que debe ser para fortalecer identidad, cultura y territorio”.

El CRIC huye de todo individualismo y apuesta por lo colectivo, por eso presumen de extender su tejido social a los demás sectores populares de la región y del país, algunos como la comunidad afro o los campesinos. En esta línea participan en el Movimiento Suroccidente Colombiano, desde donde planean una gran movilización a nivel estatal contra lo que han bautizado como “las leyes del despojo” y, dicen, son lideradas por el nuevo Gobierno de Iván Duque, delfín político del expresidente Álvaro Uribe.

Los Acuerdos de la Habana

En noviembre se cumplen los dos años de la firma de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC.

Desde el CRIC aplauden este histórico acuerdo, ya que como “pueblos indígenas que son, respaldan todas las iniciativas de paz que hay en Colombia”, pero critican que “fue una paz unilateral, donde las víctimas fueron el centro del discurso, pero no el centro de la participación real”. También recuerdan que en este marco se firmaron otros acuerdos que afectan a los pueblos indígenas, de los cuales “solo se han cumplido un dos o tres por ciento”.

Jorge Eliecer va más allá. “La paz en Colombia es un sueño nuestro que está secuestrado por el régimen, porque quienes han gobernado nuestro país históricamente han utilizado precisamente el conflicto armado y la guerra para enquistarse en el poder y para neutralizar cualquier acción popular que ellos ven como riesgo (los pueblos indígenas y los sectores sociales y populares del país) a conseguir el poder. Y ese fue el pulso que se vio en las anteriores elecciones a la presidencia de la república. Por eso, la reacción de Iván Duque cuando llega al poder, es recortar presupuesto a los acuerdos de paz, con el fin de que no sean cumplidos en su totalidad, sino debilitarlos”.

Ante este debilitamiento, explican que los pueblos indígenas, la sociedad civil en general y las víctimas en particular, han “empezado a reaccionar para proteger el proceso de paz a pesar de esos vacíos que tiene”.

Fuente: Cuartopoder

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