Las comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC lamentamos profundamente la muerte del joven Dilan Cruz por causa de disparo del ESMAD, con armas que según el Gobierno no son letales, al disolver una movilización el pasado sábado 23, en el centro de la ciudad de Bogotá. Este joven fue asesinado en tanto luchaba por el derecho a la educación para su generación y las que han de venir; aunque claramente nadie debería morir asesinado, es triste ver como empieza a mutilarse una generación que apenas empieza a vivir.

Colombia no puede seguir acostumbrada a la muerte, el Estado no puede tratar a la movilización social como si actuará con enemigos de guerra, nunca lo ha debido hacer; por eso hemos dicho al Presidente Duque, a los integrantes del Establecimiento que no quieren concretar la paz, a las disidencias, al ELN: está guerra terminó, debe terminar, la vida tiene derecho a florecer.

El ESMAD ha sido constituido de manera contraria a la democracia que anhelamos, le ha sido inculcada una visión contra quienes manifestamos y defendemos nuestros derechos, y sus integrantes parecen considerar que es legítimo atentar contra nuestra vida e integridad personal. No obstante, desde un Estado que maneja formalmente concepciones de respeto a los derechos humanos, se le ha permitido al ESMAD actuar contra sus protocolos públicos.

La Ministra del Interior ha dicho al respecto de la muerte del joven Dilan “El ESMAD siempre actúa respetando los derechos humanos”; pero nosotros aclaramos: aquí se ha asesinado a una persona, a un joven por el solo hecho de movilizarse, y tanto la vida como la movilización son derechos fundamentales. Esto nos recuerda lo sucedido en la Minga de resistencia indígena, social y comunitaria, año 2008, en donde fue asesinado por el ESMAD un guardia indígena con arma de fuego, y el Presidente Uribe afirmó en alocución publica que por protocolo este cuerpo policial no usa armas de fuego, lo cual tuvo que desmentir a los pocos días, también en alocución publica, al verse interpelado por un video publicado en canales internacionales en el cual se veía como uno de sus integrantes dispara con arma de fuego de largo alcance y en posición de francotirador contra los mingueros.

El uso desmedido e inconstitucional de la fuerza por parte del Estado y la estigmatización y criminalización de la protesta social, convirtieron a nuestras movilizaciones como indígenas, campesinos, afrocolombianos y estudiantes, en escenarios de violencia, dejando durante los últimos años en el Suroccidente más de 10 personas asesinadas, cientos de heridos y decenas de lisiados de por vida por parte del ESMAD, hechos que se encuentran en total impunidad. Por eso, y por muchas otras cosas ocurridas al movimiento popular en el país, tenemos claro que no se trata de errores policiales sino de políticas de Estado contra la movilización y la protesta social.

Hoy se asesinan jóvenes a plena luz del día en el centro de Bogotá, así como ayer y hoy se ha venido asesinando desde diversos actores, incluida la fuerza pública, a hombres y mujeres, desde niños hasta ancianos, en barrios empobrecidos de las ciudades y en la geografía de la Colombia rural, que resultaban y resultan incomodos e incomodas a los dueños del capital y del modelo de muerte que nos quieren imponer.

La convocatoria al paro ha recibido el apoyo de grandes mayorías de la población colombiana que reivindicamos la vida, la paz, la equidad, el respeto; nosotros indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC hemos convocado y hacemos parte de esta movilización y, desde la diversidad de la Nación, con carácter diferencial, continuaremos con la misma hasta que con todas las expresiones movilizadas logremos los cambios que queremos para nuestro país; dentro de ellos planteamos:

  • Desmonte del ESMAD y de la concepción que ve en los sectores sociales que se movilizan a enemigos internos del país.
  • Desmonte del paquetazo económico y garantías para derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos para la población. Particularmente, acompañamos la lucha de los jóvenes por la no privatización de la educación, y la del pueblo colombiano contra la salud mercantilizada; son derechos que deben ser garantizados por el Estado y no colocados como negocios de personas o entes privados, con recursos públicos.
  • Respeto a las poblaciones en sus territorios y a las figuras territoriales como resguardos indígenas y territorios ancestrales, territorios negros, territorialidad campesina y de sectores barriales.
  • Cese del genocidio indígena y desmonte de la andanada normativa contra los derechos de nuestros pueblos.
  • Veeduría desde organismos internacionales en la aplicación y garantía de justicia en el caso de Dilan Cruz y demás victimas en el marco de este paro nacional y sus múltiples expresiones, como los cacerolazos. No aceptamos que estos casos sean asumidos por la justicia penal militar.
  • Igualmente, llamamos a los organismos nacionales e internacionales de DDHH a mantener la vigilancia y seguimiento a las garantías para el ejercicio de los DDHH, en especial de la Protesta Social.

Como comunidades organizadas expresamos nuestra defensa por la vida, el territorio, la justicia, la democracia y la paz del sur occidente colombiano nos declaramos en máxima alerta, con posibilidad de acciones en los próximos días.

Consejo Regional Indígena del Cauca

Popayán, 26 de noviembre de 2019

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