Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su enérgica condena por los ataques y asesinatos cometido contra personas, autoridades e integrantes de la Guardia Indígena, así como por el incremento de la violencia en el Departamento de Cauca, Colombia.

De acuerdo con información de público conocimiento, el domingo 3 de noviembre dos hombres armados dispararon contra el líder indígena Jesús Mestizo cuando salía de su casa en el municipio de Toribío, departamento de Cauca. Esa misma noche, también fue asesinado Toribío Alexander Vitonas Casamachin por presuntos hombres armados.

La Comisión también tuvo conocimiento del asesinato de Cristina Bautista, autoridad de la comunidad Nasa, y los guardias José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, Eliodoro Uniscue y Asdruval Cayapu, tras ser emboscados por un grupo de sujetos desconocidos el día 29 de octubre en este mismo municipio. Como resultado de este ataque también fueron heridos Matías Montaño Noscué, José Norman Montano Noscué, Crescencio Peteche Mensa, Dora Rut Mesa Peteche, Rogelio Tasquinas y Alver Cayapú. Estos ataques se suman a la escalada de violencia contra las comunidades y Guardias Indígenas en el Departamento de Cauca registrada en los últimos meses. Al respecto, durante el mes de julio la Comisión fue informada sobre el ataque a cuatro miembros de la Guardia Indígena Kiwe Thegnas.

Asimismo, en agosto de 2019, la Comisión tuvo conocimiento sobre el asesinato de Gersaín Yatacué, Kevin Mestizo, Eugenio Tenorio y Julio Taquinás guardias indígenas del pueblo Nasa e integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quienes fueron interceptados y atacados por hombres armados.

Manifiesto nuestra solidaridad con los familiares de las personas asesinadas y heridas. Se trata de hechos graves, en particular considerando su impacto sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Hay que subrayar el importante rol de las guardias indígenas en la defensa de su derecho a la vida, territorio y cosmovisión”, destacó la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al respecto, la CIDH enfatiza que el Estado debe seguir investigando estos crímenes. Dichas investigaciones se deben realizar de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y se debe sancionar a los responsables intelectuales y materiales. En particular, el Estado debe incorporar un enfoque diferenciado étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes.

La Comisión también tuvo noticia sobre el asesinato de otras cuatro personas en la vereda de Santa Elena, municipio de Corinto, departamento de Cauca. Los asesinatos habrían sido realizados por un grupo de hombres armados, quienes posteriormente habrían huido hacia la zona montañosa de la región. De acuerdo con información pública, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y otras autoridades habrían acudido a la zona para identificar a las víctimas. La CIDH urge al Estado a investigar de manera pronta, objetiva e imparcial, y de conformidad con los estándares en materia de derechos humanos.

La Comisión observa que el Presidente de la República de Colombia condenó los recientes asesinatos y toma nota de la instrucción dada para realizar un Comité Especial de Derechos Humanos con la Gobernación del Cauca y las organizaciones indígenas. Asimismo, la Comisión toma nota de las medidas anunciadas por el gobierno para atender la situación en el Cauca, y en particular la aceleración al Plan de Inversión Social para el Cauca, encomendada al Alto Comisionado para la Paz.

Al respecto, la Comisión insta al Estado a tener en cuenta al momento de tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según la cual los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

Finalmente, la CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes del Cauca por medio de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, y en particular de quienes integran el pueblo indígena en línea con lo establecido en la sentencia T-030 de la Corte Constitucional Colombiana.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 292/19

Fuente: oas

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