Dos ataques, por separado, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Cauca, producidos el sábado 7 de mayo, cobraron cinco víctimas indígenas y una operación de señalamiento por parte del Ejército contra los pueblos indígenas de la zona.

La denuncia, formulada por la Comisión Eclesial de Justicia y Paz, señala que miembros del Frente 30 de las FARC ingresaron a la Comunidad La Vuelta y asesinaron a cinco integrantes de una misma familia Naya: José Elder Viveros Delgado de 24 años, Gueimar Alexis Viveros Delgado de 36 años, José Eimer Viveros Delgado de 30 años, Jaime Viveros Delgado de 40 años y Rómulo Viveros de 58 años. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados en una playa.

La masacre se produjo en momentos que se denunciaban graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario por parte de las Fuerzas Militares en la conflictiva región del Naya, que se ha exacerbado a raíz de la instalación de un campamento militar en el sitio conocido como Santa Ana, López de Micay, en predios colectivos y sin consentimiento de sus habitantes.

 

En ese lugar los abusos de autoridad, los hostigamientos contra afros e indígenas son recurrentes. Dentro del hecho se denunciaba la ejecución extrajudicial de un niño de 13 años que fue asesinado por el ejército en un ametrallamiento y presentado como guerrillero dado de baja.

Ese mismo día, en Sucre, el ELN atacó un puesto policial, ante lo cual las fuerzas militares desataron una operación de señalamiento contra los pueblos indígenas, en particular contra los líderes defensores del agua, a quienes acusaron de utilizar un “lenguaje guerrillero”. A uno de aquellos líderes, Ricardo Quinayas, el ejército lo llamó por radio a “desmovilizarse”.

Los militares desmontaron los pasacalles en defensa del agua como derecho y de preservación del acueducto como bien colectivo, aduciendo que recibieron órdenes del alcalde.

La acción del ELN del pasado sábado afectó el hospital de Sucre, causó averías en 10 viviendas y dejó herido a un civil. Los pobladores de Sucre advirtieron que la presencia policial dentro del casco urbano colocaba en riesgo sus vidas ante la eventualidad de un ataque guerrillero. Sus advertencias no fueron tenidas en cuenta.

En Colombia hay más de treinta pueblos indígenas en peligro de extinción física y cultural, producto del conflicto armado interno y de la imposición de megaproyectos extractivos en sus territorios. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, reitera su llamado a las organizaciones indígenas y del movimiento social, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional en su conjunto, a expresar su solidaridad con acciones concretas de rechazo a la violencia y respeto a la vida y los derechos colectivos de los pueblos indígenas colombianos.

Lima, 11 de mayo del 2011.

Comunicaciones CAOI


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