El Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, las 11 Asociaciones de Cabildos, los 10 pueblos indígenas y las 126 autoridades tradicionales, manifestamos nuestra gran preocupación por la intensificación de asesinatos y amenazas a líderes y comunidad en general. Los actores armados se han pronunciado con sus panfletos poniéndole precio a nuestros líderes y ya lo están ejecutando; el día de ayer nuevamente sufrimos un atentado contra nuestro líder social y guardia indígena Germán Valencia, hermano del senador Feliciano Valencia.
Desde finales del mes de noviembre han venido sucediendo consecutivamente emergencias territoriales y hechos que afectan la tranquilidad de la comunidad, como es el caso de más asesinatos, detención de personas, panfletos amenazantes y extorsiones a los comuneros.
Tras estos hechos los cabildos hemos reactivado EL CONTROL TERRITORIAL en asamblea permanente, pues desde hace 526 años que vivimos en resistencia los pueblos indígenas estamos decididos a no desaparecer por esta nueva amenaza. No obstante, nos encontramos grupos violentos que tratan de tergiversar los derechos que hemos adquirido como pueblos originarios, utilizando en sus comunicados argumentos que distorsionan la realidad a su conveniencia y colocan en peligro nuestro proceso organizativo, siendo conscientes que esta región ha sido disputada territorialmente por distintos actores, por ser un corredor estratégico de circulación, para la extracción minera y la larga cadena productiva del narcotráfico.
Desconocen que somos la población con más hechos victimizantes registrados a partir de la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha: 400 líderes con medidas de protección individual, 224 amenazas, 12.528 indígenas confinados o privados, 5.730 indígenas victimas de desplazamiento forzado, 43 reclutamientos, 40 atentados, 83 asesinatos y 36 en lo que va corrido el gobierno de Duque. Lo cual nos hace pone en riesgo de extinción física y cultural reconocida por la corte constitucional, en sus sentencias T-025 de 2004 y sus Autos de seguimiento (auto 004, 009,092,173,174 y 251)
Nunca hemos encontrado en el gobierno de Colombia coherencia con nuestras formas de vida, pero hemos asumido algunas de las medidas que hemos concertado como la asignación de vehículos para quienes han sufrido atentados o recibido mayor número de amenazas. El gobierno asigna los vehículos sin dar la posibilidad de escoger a los líderes amenazados, incluso si no están de acuerdo con este mecanismo pierden la posibilidad de protección que el gobierno está obligado a ofrecer, a pesar que esto no garantiza la vida de las personas amenazadas, y desconociendo que para la protección territorial siempre hemos reclamado la implementación de las medidas cautelares colectivas, como garantía de protección de la vida y actividades de las comunidades.
Si revisan nuestros pronunciamientos políticos y nuestras formas de elección de autoridad ancestral, se hace claro que nunca nos hemos puesto al servicio del gobierno de turno, como intentan hacer entender entre nuestras comunidades para justificar su actuar. Para la defensa del territorio la comunidad ha mandatado en innumerables congresos y asambleas comunitarias, que el control territorial sea realizado a través de sus Kiwe Thegnas, representantes y delegados. Esto es explícito en las resoluciones de Vitoncó y Jambalo. Los grupos armados sean de derecha, de izquierda o de donde vengan no pueden atribuirse esta tarea, y este planteamiento no es negociable desde ningún punto de vista.
Si analizamos lo sucedido vemos como en este periodo de pos-acuerdo la consolidación de intereses económicos y políticos, junto a la desaparición de fuerzas de calado nacional, han conducido a que las confrontaciones armadas se agudicen a nivel local, regional y nacional en ejes territoriales con posiciones geopolíticas claves para la economía lícita e ilícita. Estos ya no responden a una lógica de control de puntos estratégicos interconectados en función de un discurso ideológico de calado nacional; sino que se trata más bien de dominios locales sobre las personas y el territorio articulados a redes transnacionales o intereses políticos y económicos particulares, sin man dos unificados lo cual dificulta los ejercicios de control territorial que hacemos las comunidades en defensa de la vida
Manifestamos como pueblos indígenas que cada día vemos más golpeadas nuestras organizaciones con los actos que se vienen presentando. La vida de la comunidad, las autoridades tradicionales y el ejercicio de gobierno propio que se ejerce con legitimidad en el marco del control y autonomía territorial se encuentra en ALTO RIESGO debilitando aún más la seguridad, integridad física y la vida de los defensores del territorio y de los Derechos Humanos, por lo cual condenamos enérgicamente los actos de intimidación ocurridos que no permiten el ejercicio de los derechos adquiridos.
ALERTAMOS y hacemos un llamado a la comunidad de las 9 zonas, 11 asociaciones de cabildos, los 10 pueblos indígenas, las 126 autoridades tradicionales y su respectiva guardia indígena, a estar ATENTAS a cualquier hecho que ponga en riesgo y desarmonía la comunidad para actuar de manera colectiva y defender la vida en resistencia pacífica y en la construcción de un territorio que le apuesta a la Paz.
Nuestro paradigma del buen vivir y nuestra democracia comunitaria es la mejor apuesta de transformación que tiene este país y como disputa contra el modelo imperante tiene muchos enemigos, pero sabemos que para ello no necesitamos del apoyo de actores armados, porque su fuerza la representa la comunidad y sus mandatos, actuando en coherencia con nuestros principios, con la palabra, con nuestros bastones, y con la fuerza de la unidad.
En consecuencia, continuaremos con el ejercicio de control territorial con nuestros kiwe thegnas y comunidad en general, para la pervivencia de nuestros pueblos y los espacios de vida, ratificando que el asesinato a líderes no detendrá la implementación de los mandatos. Aún más cuando entendemos que se viene construyendo organizaciones armadas que no tienen un proyecto político claro o que defienden un proyecto político basado en la muerte, la ambición, la mentira, el engaño y las falsas acusaciones para desintegrar nuestras estructuras territoriales y confundir a la comunidad.
Reiteramos que somos conocedores que estas acciones son realizadas por grupos disidentes de Farc, bandas delincuenciales del Epl y fantasmas paramilitares, que a la vista de la fuerza pública se ponen de acuerdo el mismo día para sacar sus comunicados. Grupos que no se han reincorporado, ni a los procesos comunitarios ni a los del grupo del que hicieron parte, por tal motivo ratificamos nuestra posición política de autonomía y de lucha por la defensa de la vida y el territorio, dejando claro que no estamos dispuestos a permitir que se continúe desarmonizando y el entorpecimiento el buen vivir de nuestro territorio.
Instamos al gobierno, como víctimas de larga duración desde la conquista a que cumpla con los lineamientos internacionales de reparación de nuestras comunidades, financiando debidamente nuestros mecanismos autónomos de salvaguarda. Hacemos un llamado a los organismos defensores de derechos humanos del nivel nacional e internacional Naciones Unidas, al comisionado de derechos humanos, a la Misión de la ONU para el proceso de Paz, al coordinador residente de ONU para Colombia, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos a que hagan presencia en el territorio y verifiquen de primera mano la situación presentada en la actualidad.
Por la pervivencia como pueblos originarios:
“Cuenten con nosotros para la paz nunca para la guerra”
CONSEJERIA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Popayán, 21 de diciembre del 2018