Comunicado a la opinión pública

La Asociación Indígena del Cauca – AIC – EPS–I es una entidad de derecho público de carácter especial creada por 125 Cabildos Indígenas del Departamento del Cauca, que se rige por los usos y costumbres de los pueblos indígenas. La AIC en cumplimiento del principio del movimiento indígena Colombiano de “UNIDAD” y a solicitud de las autoridades del pueblo Wayuu solicitó autorización para operar el Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud en el Departamento de La Guajira en el año 2004. Desde la llegada de la AIC al Departamento de La Guajira se gestó un plan para desacreditar a la EPS indígena del Cauca vinculándola con actos ilegales que finalmente fueron desvirtuados en las instancias judiciales competentes. Pero aclarada la inocencia no cesan las acusaciones por parte de las Entidades Públicas que deben ser imparciales al decidir los procesos administrativos sancionatorios de su competencia, como es el caso de la Superintendencia Nacional de Salud.

La declaración pronunciada por el señor Superintendente Nacional de Salud, Doctor Fabio Aristizábal, en la ciudad de Riohacha el día 12 de octubre de 2018, en la cual refirió que se sancionó a la Asociación Indígena del Cauca – AIC – EPS – I por poner en riesgo la vida e integridad de los niños del pueblo Wayuu, tuvo la intención nuevamente de desacreditar a la EPS debido a que el proceso administrativo sancionatorio aún no termina y se encuentran pendientes de tramitar y decidir los recursos de reposición y apelación de la Resolución 001355 de 9 de octubre de 2018, notificada por aviso a la AIC-EPS-I el 18 de octubre de 2018. La actuación del señor Superintendente Nacional de Salud violó el debido proceso y el derecho de defensa de la EPS Indígena porque prejuzgó en un caso en el que él, personalmente, debe decidir el recurso de apelación interpuesto por la AIC – EPS – I.

Sobre el caso objeto del proceso sancionatorio administrativo se aclara que aún no ha culminado y que la Superintendencia Nacional de Salud no decretó dos pruebas solicitadas por la AIC que pretendían que el Superintendente Delegado visitara cada una de las Rancherías donde viven los niños para que verificara en el sitio si la AIC había entregado las ayudas alimentarias en cumplimiento de la Estrategia Tejedores de Vida Wayuu, concertada con las Autoridades Wayuu mediante la cual la IPS-I MINGA hizo entrega de ayudas alimentarias y de los complementos nutricionales medicados a los niños, con el fin de complementar la alimentación familiar e individual de los niños con estado de desnutrición. La Estrategia Tejedores de Vida Wayuu se creó para atender a los niños wayuu ante la poca resolutividad de las Empresas Sociales del Estado contratadas por la Asociación Indígena del Cauca en el Departamento de La Guajira para atender a la población afiliada, y especialmente a la población infantil.

Aunque la Superintendencia Delegada para Procesos Administrativos cuestionó la eficacia de las acciones desplegadas por la AIC – EPS – I, y fundó el juicio de responsabilidad administrativa en omisiones de obligaciones de carácter legal, como la obligación de tener programas de promoción y prevención, la entrega de medicamentos y complementos alimenticios ordenados por los médicos tratantes y la obligación de participar en los espacios institucionales creados para hacer frente a la situación social y económica del pueblo wayuu, la evidencia aportada por la AIC-EPS-I indica que la adecuación de los programas de promoción y prevención, previa concertación con las autoridades y las comunidades wayuu afiliadas en la AIC, resultó ser una experiencia exitosa, y como prueba irrefutable se tiene la supervivencia de todos los niños que fueron objeto del proceso sancionatorio administrativo.

Estrategia Tejedores de Vida Wayuu contiene entre otras acciones concertadas, la entrega de alimentos a las mujeres gestantes y a los niños menores de cinco años, asumiendo la Asociación Indígena del Cauca el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 691 de 2001, norma que se expidió para solventar precisamente los problemas nutricionales de los pueblos indígenas y que el Gobierno Nacional no ha cumplido hasta la actualidad. La Estrategia fue diseñada concertadamente y su objetivo principal fue atender a toda la población afiliada in situ, con una brigada integrada por nutricionista, pediatría, psicólogo, oukso (médico tradicional wayuu), auxiliares o promotores de salud. La brigada se desplaza a cada ranchería (sitio donde habitan las comunidades afiliadas) y ahí atendía a todos los niños y madres gestantes. La entrega de medicamentos y complementos nutricionales se hacía inmediatamente y además se entregaban ayudas alimentarias e insumos para elaborar artesanías, que pudieran comercializarse y que con los ingresos generados por las mujeres wayuu pudieran complementar la seguridad alimentaria familiar.

La crítica situación de la población wayuu en materia alimentaria es de conocimiento público, y exigía la creación de una política pública Estatal dirigida por el Ministerio de Salud que involucrara al Departamento y a los municipios, al igual que a las Empresas Sociales del Estado, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS y las Empresas Promotoras de Salud para crear los protocolos de atención y aprobar el plan de atención integral de la desnutrición que permitiera superar las causas estructurales del hambre en el Departamento de La Guajira. La AIC incluyó en la concertación con las comunidades wayuu el tema de las minutas alimentarias que debían entregarse para superar el hambre que conlleva al estado de desnutrición. Esta concertación se basó en el principio de colectividad, es decir que las ayudas alimentarias deben beneficiar a la familia y al menor, enfatizando los refuerzos específicos para los niños con desnutrición. Los alimentos que se entregan son arroz, maíz, azúcar, leche en polvo, avena en hojuelas, sal, fríjol guajiro, ahuyama, aceite, panela, areparepa, lentejas, fécula de plátano, y harina de quinua. Los medicamentos ordenados por el médico tratante se entregan también.

En las reuniones de concertación con las comunidades Wayuu los participantes manifestaron que una de las causas identificadas para la escasez de alimentos es el cambio climático ocasionado por la explotación minera de carbón e hidrocarburos, la desviación de los ríos. Además recalcaron que no existen políticas estatales para hacer frente a la situación social, cultural y medio ambiental que incide en la afectación a la salud de los habitantes en general de la Guajira y en particular de las comunidades indígenas. El diagnóstico comunitario coincide con lo expresado de documentos oficiales como se expondrá a continuación.

La atención a la crítica situación de extrema pobreza y los casos de desnutrición que se derivan de la situación social, exigían una acción rápida y eficaz de parte de las instituciones. Pero en el caso de la Guajira la acción del Estado fue ineficiente y sólo recientemente se intervino al Departamento para – tardíamente – lograr la eficiente inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones y combatir la corrupción administrativa.

La situación de pobreza extrema de La Guajira era grave y las Instituciones eran conocedoras de la situación, verbigracia en el Plan de Desarrollo 2012-2015 (pág.41) se puede apreciar que la población focalizada en pobreza extrema es de 74.338 personas, de las cuales 13.901 son indígenas, esta población equivale al 18.7% de la población focalizada. Entre las causas estructurales de la pobreza, que como manifesté en el alegato anterior, se encuentra la minería a cielo abierto. Esta minería según el Plan de Desarrollo, no genera condiciones sociales ni económicas que permitan superar la situación de pobreza extrema, con el agravante que la población indígena wayuu no tiene acceso a los pocos empleos que genera el sector. Sobre este particular cito textualmente al Plan de Desarrollo (pág.62)

Estas características hacen de La Guajira un territorio en donde el sector minero intensivo en capital, convive con un entorno social y económico empobrecido. Al ser una economía basada en la minería, el desarrollo productivo, la dinámica de generación de empleo e ingreso, depende básicamente de este sector y la población no cuenta con los niveles de formación requeridos, ni las habilidades necesarias para desarrollar estas labores con los grados de productividad que se demandan, además, que no son intensivos en mano de obra. Los contrastes sociales y económicos determinados por la existencia de un sector moderno y un entorno empobrecido, se encuentran cimentados en la existencia de un “enclave minero” que demuestra que la inversión y el crecimiento por si solos no siempre resultan significativos como generadores de bienestar colectivo.

Entre los objetivos del Plan de Desarrollo 2012-2015 se encuentran los siguientes, que pretenden ayudar a la población a superar la situación de pobreza extrema:

La estrategia de superación de las condiciones de pobreza extrema se hará con base en la Red de Protección Social – UNIDOS, articulada al programa Familias en Acción, para promover la estabilización de las familias más vulnerables, por lo tanto, las más importantes acciones están dirigidas a cumplir la meta nacional de conducir a las familias hacia la senda de la prosperidad. No todos los municipios están igualmente preparados para enfrentar los procesos de lucha contra la pobreza y la exclusión. Al interior de La Guajira se presentan disparidades territoriales que determinan diferentes tipos de intervención. Las capacidades técnicas y liderazgo son desiguales en el territorio. La lógica del desarrollo integral y apoyo al desarrollo productivo no ha sido una práctica institucional generalizada en el Departamento. Para que los resultados sean coherentes y consistentes se demanda paciencia, persistencia y tenacidad, aunque se admite que es necesario mostrar resultados en corto plazo para no perder adhesión y liderazgo en torno a los propósitos que en el plan se determinan.

Como es de conocimiento público ninguno de estos objetivos se ha cumplido, además es evidente que fundar la esperanza de la población en situación de pobreza extrema, entre la cual se encuentra los integrantes de las distintas comunidades wayuu, en programas como familias en acción o la Red Unidos, sin planes de acción financiados por el Estado Nacional y sin la intervención de los agentes empresariales, que con su industria de extracción minera han generado afectaciones medio ambientales que impactaron los ecosistemas en los que tradicionalmente la gente wayuu ha obtenido su alimento. El cambio climático producido por el polvillo de carbón y la desviación de los ríos ocasionó la disminución de la población de chivos y afecto la producción agrícola propia de la zona.

Por su parte el Ministerio de Salud sólo se ocupó del asunto en agosto de 2016, cuando público el documento DESNUTRICIÓN INFANTIL EN COLOMBIA: MARCO DE REFERENCIA. Papeles en Salud. Edición No.03 agosto de 2016. De esta política extracte los siguientes apartes:

Sobre los determinantes de la desnutrición infantil se plantean como causas subyacentes las siguientes: falta de acceso a alimentos, falta de atención sanitaria, el bajo acceso a fuentes de agua potable y condiciones de saneamiento insalubres y como causas básicas se mencionan factores sociales, económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad y la baja escolaridad de madres y cuidadores. Entre las causas básicas, la literatura ha resaltado la importancia de la educación en las madres, así como el estado nutricional de las mujeres al momento de la concepción y durante el embarazo.

El Ministerio de Salud expresa que de acuerdo con el marco conceptual expuesto, se requiere de un abordaje multidimensional a través de políticas públicas sectoriales que aborden las causas inmediatas, subyacentes y básicas de la desnutrición infantil. El sector salud precisa el fortalecimiento de los programas e intervenciones preventivas, tales como el fomento de la lactancia materna y la suplementación con micronutrientes a gestantes y menores de 5 años.

En este sentido, se requieren acciones dirigidas a generar cambios en el entorno socio-cultural, la educación, las estrategias de generación de ingresos, el fomento del uso de alimentos locales, la infraestructura para mejorar la cobertura de servicios de acueducto y saneamiento, las medidas para reducir las consecuencias negativas del cambio climático sobre la disponibilidad de alimentos, así como la distribución de alimentos en situaciones de emergencia.

La Guajira cuenta con un sistema sanitario caracterizado por bajas coberturas de acueducto, alcantarillado, aseo y de calidad del agua para consumo humano. Así mismo, la vigilancia del material particulado y los programas de promoción de modos y condiciones de vida saludable se han identificado como débiles. En cuanto al componente de seguridad alimentaria, se destaca la precaria situación en acceso a agua segura, saneamiento básico, zonas comunes y escuelas, así como la baja disponibilidad y acceso a alimentos básicos (incluyendo el agua).

De acuerdo con el Departamento, uno de los determinantes de la morbimortalidad en los municipios y rancherías de la Alta y Media Guajira es la no disponibilidad de áreas aptas para la agricultura, debido al carácter desértico y semidesértico de los municipios. La práctica de la ganadería es limitada a especies menores, por lo que las fuentes de proteína animal son limitadas. La situación se ve agravada por el escaso recurso hídrico y la deficiente calidad del mismo. Cabe resaltar que esta situación ha limitado históricamente la diversidad dietaria y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias indígenas que viven en zonas rurales dispersas.

Para el Ministerio de Salud la Guajira requiere acciones fundamentales que se deben implementar en el corto plazo, para reducir significativamente en el mediano plazo las prevalencias de desnutrición y las tasas de mortalidad por esta causa. Las acciones son:

Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales.
Estrategias dirigidas a mejorar la generación de ingresos en las familias más vulnerables.
Intervenciones para garantizar el acceso a servicios públicos, en especial acueducto y saneamiento.
Intervenciones en producción y disponibilidad de alimentos en el nivel local.
Intervenciones para mejorar los niveles de educación en niños, adolescentes, en madres, padres y cuidadores de menores, siempre bajo un marco de interculturalidad.

En las conclusiones, el Ministerio de Salud expone que: “i. La desnutrición infantil entendida como una enfermedad de origen social, es la expresión última de la situación de inseguridad alimentaria y nutricional de una población.”

Sobre la desnutrición infantil, el estudio la define como un resultado de múltiples factores. En primera línea, la desnutrición es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), la falta de una atención adecuada y la presencia de enfermedades infecciosas. Detrás de estas causas inmediatas hay otras subyacentes como falta de acceso a alimentos (i.e. inseguridad alimentaria en el hogar), prácticas inadecuadas de alimentación y cuidado, falta de atención sanitaria, inaccesibilidad a fuentes de agua potable y condiciones de saneamiento insalubres. En el origen están las causas básicas que incluyen factores sociales, económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad y bajos niveles educativos de madres y cuidadores. Por ser tantos los determinantes de la desnutrición aguda, son cruciales las acciones intersectoriales. Las acciones desarrolladas desde el sector salud no tendrán los efectos esperados en el mediano plazo, si no se intervienen los determinantes estructurales de la desnutrición infantil.

Vista la situación crítica de la región y de la población, es evidente que las instituciones actuaron tardíamente, especialmente aquellas a las que les compete el diseño de las políticas públicas: El Ministerio de Salud y el Departamento de la Guajira. Las acciones fueron tardías porque sólo en el año 2016 el Ministerio se ocupó del tema y en el mes de diciembre de 2015 se expidió la Resolución 5406 de 17 de diciembre de 2015del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Por la cual se definen los lineamientos técnicos para la atención integral de las niñas y los niños menores de cinco (5) años con desnutrición aguda. Resalto la fecha de expedición de la Resolución: 17 de diciembre de 2015 y recalco que los lineamientos para su aplicación se expidieron en el año 2016, lo que implica que la AIC – EPS – I diseño y ejecutó la estrategia Tejedores de Vida Wayuu antes de que el gobierno nacional expidiera la reglamentación.

Además la fecha de expedición es relevante para señalar que el Estado Central no actuó a tiempo ya que en el Plan de Desarrollo del Departamento de La Guajira se menciona que la tasa de mortalidad infantil era la más alta del país (30%), lo que exigía una acción conjunta y oportuna.

La Asociación Indígena del Cauca en el marco de los mandatos de las Autoridades Indígenas afilió a la población wayuu y se comprometió a adecuar la prestación de los servicios de salud de manera concertada con las autoridades y comunidades wayuu y por eso no es ajena a la situación del pueblo wayuu por lo que ha dispuesto la contratación de personal de la región, además concertó con las autoridades la atención en salud y la inversión de recursos adicionales para solucionar en parte la crisis alimentaria, implementó estrategias eficaces para salvar la vida de los niños y a pesar de que se probó que fue así, la Superintendencia Delegada negó la práctica de dos pruebas fundamentales para la defensa de la AIC e impuso una sanción que anunció al público antes de notificarla a la AIC – EPS – I, además con el agravante de que el funcionario que debe decidir el recurso de apelación como es el Superintendente Nacional de Salud prejuzgó y condenó ante la opinión pública a la AIC violando el debido proceso y el derecho de defensa consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.

CONCEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC
ASOCIACIÓN INDÍGENA DE CAUCA – AIC – EPS – I
21 DE OCTUBRE DE 2018

Prensa y Comunicaciones

Programa de Salud del CRIC – AIC EPS-I

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