Por: Jaime Jiménez
“Regeneración o catástrofe” sentenció Rafael Núñez en 1878, unos años antes de que se iniciara la Guerras Civil de 1885. “Reelección o catástrofe” aseveró Álvaro Uribe Vélez en la campaña por su reelección (2006-2010).
El próximo domingo 2 de octubre los colombianos votarán, vía plebiscito, si aprueban o no lo acordado en La Habana entre el gobierno y las Farc. Los partidarios del NO sostienen que se le está entregando el país a las Farc, que habrá impunidad para los guerrilleros que cometieron crímenes de lesa humanidad y que estaremos como Venezuela en poco tiempo, entre otros argumentos; es decir, Colombia irá a la catástrofe de aprobarse los acuerdos. Los seguidores del SÍ, esgrimen una serie de razones, más variadas, como que se va a acabar la guerra, que la justicia entendida como castigo tendrá una implementación no tan rigurosa a cambio de verdad y reparación y que la paz en los campos dará seguridad jurídica a nacionales y extranjeros para trabajar e invertir allí; en caso de no refrendarse los acuerdos Colombia quedaría en un limbo que podría extender el conflicto armado quien sabe cuánto tiempo más, no hablan de catástrofe.
Los principales mensajes, de ambas campañas, se visibilizan por los medios de comunicación (tv, radio y prensa); las redes sociales y algunos artículos de opinión hilan un poco más fino, pero no tienen la contundencia que poseen los primeros, pues no todo el mundo tiene WhatsApp, Facebook o Twitter.
A los gigantes de los mass media tienen acceso los grandes poderes económicos y el gobierno, lo curioso es que este tipo de campañas, las de la élite, sean las del SÍ o las del NO, coinciden muchísimo, lo que induce a confundir la ya manipulada opinión pública.
En un artículo publicado el 24 de septiembre de 2016 por la revista Semana, que apoya el SÍ y que representa la fracción de la élite gubernamental, titula “Los cinco sapos del acuerdo del acuerdo de La Habana”[1]; pocas horas después de la firma de los acuerdos en Cartagena (26/09/2016) el expresidente y senador Álvaro Uribe, que apoya el NO, cuestionó duramente los acuerdos y la misma revista sacó el artículo “Los 10 duros dardos de Uribe a la firma de la paz”[2]. Las coincidencias de los artículos es sorprendente.
La sola denominación de “sapos” a las supuestas concesiones a las Farc, corrobora un lugar común en la propaganda oficial: “hay que darles una oportunidad a estos guerrilleros, ellos se han manejado mal pero ya no lo van a volver a hacer, hay que hacer sacrificios pero es que es más lo que se gana que lo que se le da a los insurgentes, mire que hasta muchas víctimas les perdonan…”. Peor aún, en cadenas de tv y radio, luego de la firma del Acuerdo, se sigue denominando a los líderes guerrilleros con el “alias de fulano de tal”, o “los delitos de la organización criminal Farc”, etc. En otras palabras, la prensa hablada y escrita los sigue tratando como delincuentes y llaman a tener un acto de compasión con estas ovejas descarriadas votando por el SÍ.
El primer “sapo” es el de la impunidad. Dice el artículo de Semana:
“…en toda negociación de conflictos armados en el mundo la regla general ha sido la impunidad…en el mundo, cada vez que una guerra termina en una mesa de negociación ninguna de las partes va a la cárcel…[porque] si existiera esa posibilidad, los insurgentes no aceptarían participar…Entre otros motivos, porque prácticamente los únicos que acabarían tras las rejas son los propios negociadores, porque el grueso de la tropa suele ser amnistiado. De ahí que los procesos de paz con el M-19, el ELN, el EPL y el Quintín Lame hayan terminado sin que uno solo de los guerrilleros terminara en prisión…”
El “dardo” de Uribe en cuanto a la impunidad sostiene:
“Queda en impunidad el asesinato y secuestro de policías y soldados…todos los delitos de lesa humanidad como el secuestro…, el reclutamiento y violación de niñas…, los carros bomba, la destrucción de 200 municipios…”
En conclusión, ambas posiciones, las del SÍ y las del NO, coinciden en que hubo impunidad. Al respecto vale la pena mirar en detalle. El insurgente, el guerrillero, el rebelde, no es un delincuente cualquiera, es alguien que movido por un fin altruista se levanta en armas contra un régimen tiránico: es lo que ocurrió en la época de la Violencia (1946-1958) cuando tropas oficiales apoyadas por grupos paramilitares (pájaros) masacraron a miles de campesinos liberales indefensos y éstos, por pura supervivencia al principio y luego con un propósito estratégico comunista, decidieron asumir la lucha armada para tomarse el poder y construir una nueva sociedad. Nunca se puede igualar a un guerrillero con un paramilitar, pues este último lo motiva el ánimo de lucro, es por ello que los paramilitares no fueron considerados delincuentes políticos, pagaron cárcel cuando se desmovilizaron: miles de muertos y desaparecidos, millones de desplazados se “pagaron” con ocho años de prisión…
Ahora bien, con el ánimo de regular los conflictos, sean internacionales o internos, se creó en 1998 la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo texto normativo se conoce como Estatuto de Roma (ER), la cual empezó a tener vigencia en el año 2002. Colombia hace parte de este convenio. El ER tiene tres artículos (6, 7 y 8) que tipifican los crímenes más graves y que genéricamente se denominan como de lesa humanidad, aunque en detalle están descritos así esencialmente:
- Artículo 6 Genocidio: “…actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) …impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
- Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad: 1. “…[actos que se cometan] como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género… i) Desaparición forzada de personas;…”
- Artículo 8 Crímenes de guerra: “1. [actos que] se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
- 2. …se entiende por “crímenes de guerra”: c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional…cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:
i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
iii) La toma de rehenes;
iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido…
d) El párrafo 2 c) del presente artículo…no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos.
e) … cualquiera de los actos siguientes:
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas…
iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;
v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado…
vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años…
viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;
ix) Matar o herir a traición a un combatiente adversario;
x) Declarar que no se dará cuartel;
xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico…
xii) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo…”
El genocidio (art. 6 ER) y los crímenes de lesa humanidad (art. 7 ER) son las conductas que mayor reproche tienen a nivel internacional, hieren la conciencia ética de cualquier ser humano sobre el planeta. Los crímenes de guerra (art. 8 ER) constituyen un extenso abanico de comportamientos que tienen un trato más laxo. En cuanto a genocidios y crímenes de lesa humanidad el Terrorismo de Estado colombiano gana por goleada a la insurgencia: masacres 4 a 1, asesinatos selectivos 3 a 1, desapariciones forzadas 40 a 1, torturas ni se diga, más de siete millones de desplazados, etc. En lo referido a crímenes de guerra la insurgencia supera con creces al Estado y los paramilitares, 10 a 1.[3]
Lo curioso de todo esto es que la propaganda oficial no menciona que los agentes de estado, que poseen el uso legítimo de las armas y la presunción de legalidad de sus actos (posición de garante), son los principales responsables, por acción o por omisión, de los genocidios y los crímenes de lesa humanidad y que cuando dichas presunciones son desmontadas, los agentes estatales son merecedores a un castigo superior. En cualquier país del mundo un homicidio o una violación es castigada con mayor severidad cuando el autor es un servidor público que tiene una posición de poder sobre la víctima. En Colombia no. Uribe reclama impunidad para militares y policías. En los Acuerdos de La Habana, los agentes estatales, pagarán a precio de rebelde sus genocidios y crímenes de lesa humanidad (art. 32, prf. 4°, componente de justicia, punto 5 Acuerdo Víctimas), de éste “pequeño detalle” no habla nadie. Hasta hoy ni un general ha pedido perdón en Mapiripan, Urabá, Córdoba, Sucre, Segovia, Remedios, Trujillo y un largo etcétera.
El segundo sapo, el narcotráfico.
Dice Semana, que apoya el SÍ:
“El segundo sapo es la interpretación que se le ha dado al narcotráfico como delito conexo. Esta se basa en la teoría de que los guerrilleros no son narcotraficantes, sino insurgentes que traficaron para financiar su lucha ideológica para derrocar el régimen político.”
Dice Uribe, que apoya el NO:
“El narcotráfico ha sido promotor del terrorismo y en este acuerdo con las Farc, el cartel de cocaína más grande del mundo, se ha aceptado que este delito es conexo con el político.”
El narcotráfico no está tipificado en el ER y su propósito de financiar la lucha revolucionaria lo conecta con la rebelión. Ni sapo para el gobierno ni concesión para Uribe.
El tercer sapo, “la no reparación económica de las víctimas” por parte de las Farc, en últimas, el dinero de esta guerrilla.
Dice Semana: “Es obvio que las Farc tienen plata escondida y que se han negado a revelarlo…Desde hace diez años el gobierno colombiano y el de Estados Unidos han buscado esos dineros sin ningún éxito…”
Dice Uribe: Se ha llegado a un acuerdo “sin que entreguen el dinero del tercer grupo terrorista más rico del mundo para reparar a las víctimas”.
Esto del dinero de las Farc está como las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein en Irak, su supuesta existencia legitimó una invasión y luego resultó que dichas armas no existían.
El cuarto sapo, el nuevo andamiaje legal y la justicia transicional.
Dice Semana:
La “cantidad de reformas extraconstitucionales o supraconstitucionales para crear una normatividad jurídica transicional a la cual se someterán los actores del conflicto… El interrogante es si las modificaciones hechas fueron excesivas. En ese listado hay de todo: reducción del umbral del plebiscito, facultades extraordinarias para el presidente, reducción del trámite para las reformas constitucionales, fast track para la aprobación de leyes, integración del tribunal de paz con magistrados internacionales, posibilidad de revisión de la cosa juzgada e incorporación de los acuerdos de paz al bloque de constitucionalidad.”
Dice Uribe:
“El terrorismo feliz ha logrado que le aprueben toda su agenda…con arquitectura jurídica para destruir la democracia…El Presidente negoció con el terrorismo…la suplantación de la Constitución…”
Las élites colombianas son cínicas, las del SÍ y las del NO. Tienen un país con niveles de pobreza y desigualdad social aterradores, una justicia en la que campea la impunidad de los delitos y unos hipertrofiados fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (500.000 para un país de 47 millones de habitantes), un conflicto social y armado que ha dejado más de medio millón de muertos desde 1946, siete millones de desplazados, millones de hectáreas de tierra despojada…y protestando porque habrá muchas leyes para remediar semejante estado de cosas.
El quinto sapo, la elegibilidad política de los guerrilleros responsables de delitos de lesa humanidad.
Dice Semana:
“El problema está en que se acordó una simultaneidad entre el cumplimiento de las condenas y la participación en política…lo que es difícil entender es que una persona condenada por un delito atroz a una pena de cinco a ocho años de restricción de la libertad pueda ser candidato a una Alcaldía, a una Gobernación o una corporación pública mientras paga su pena.”
Dice Uribe: “Los mayores delincuentes de esta organización…se les concede el beneficio de elegibilidad política”.
La oligarquía colombiana ha sido enemiga de la democracia. Un significativo grupo de personas que se levantó en armas las depondrá a cambio de que se aplique la constitución, pues todo lo acordado está previsto en la Carta política. Las élites han masacrado (Masacre de las Bananeras y las centenares de los últimos 50 años), asesinado (Jorge Eliécer Gaitán y una organización política, la UP con más de 5000 muertos, sin contar a sindicalistas, líderes populares, etc.), hecho fraude (las elecciones de 1970 y las que hacen cada cuatro años), robado el patrimonio público, tienen a millones de personas en la miseria, en la indignidad de morirse de enfermedades curables así paguen a un operador privado, han empujado a miles de personas a rebelarse y enseguida protestan porque algunos líderes rebeldes, que mucho de víctimas tienen en este contexto, puedan ser elegidos a cargos públicos: la mezquindad de la élite colombiana no pareciera tener límites.
A modo de conclusión
Las Farc, principal organización insurgente del país, entregará las armas a cambio de una amnistía e indulto, unas cuantas curules en el congreso, y un extenso texto de promesas plasmados en un Acuerdo de 297 páginas. Mientras, al interior del bloque de poder contrainsurgente, existe unanimidad total en que el capitalismo neoliberal y salvaje nos “llevará por la senda del progreso”; hasta hoy no parece factible que una fracción de dicho bloque imponga el estado social y de derecho, que haga respetar la ley, pues la que hoy gobierna y ha negociado en La Habana, comparte en el fondo las mismas inquietudes y temores de los defensores del NO (lo acabamos de ver), estos últimos se niegan a devolver las tierras mal habidas y les desvela el que la verdad perturbe su modo de vida basado en la explotación social, la expoliación medioambiental y la más rampante impunidad.
No obstante el Acuerdo es un logro muy importante porque constituye un referente concreto, con sus vacíos, normas en blanco y zonas grises, se habrá de convertir en una herramienta para construir un nuevo pacto social en el que los ciudadanos y los movimientos sociales sean los protagonistas, sin temor a que los maten, en teoría, pues desde la firma del Cese al fuego definitivo han seguido cayendo dirigentes sociales.
El debate por el SÍ o por el NO ha sido una ganancia mayúscula, pues ha visibilizado la falta de escrúpulos a la hora de mentir por parte de los seguidores del NO y lo más triste, el atraso mental y cultural de una porción muy grande de la sociedad colombiana, que vive inmersa en los prejuicios, el miedo y el fanatismo, y que no se ruborizan a la hora de incumplir los pactos y violar la ley. Esperemos que gane el SÍ el próximo domingo 2 de octubre, confiemos en que habrá un punto de inflexión y que la curva se encaminará hacia una paz estable y duradera.
Octubre 1 de 2016
[3] Grupo de Memoria Histórica, Sánchez Gonzalo Coordinador. ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Edita Centro Nacional de Memoria Histórica y Departamento para la Prosperidad Social, 2ª reimpresión, Bogotá, 2013. Pgs. 47-108
