La propuesta de territorio de convivencia, diálogo y negociación de la María Piendamó, fue hecha por 82 comunidades indígenas del Departamento del Cauca que se encuentran organizadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca.

En 1.971 se fundó el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, el cual ha liderado la lucha por la unidad en la diversidad, la tierra, la cultura y la autonomía de los pueblos indígenas. El CRIC se creó ante la situación de oprobio que se vivía con formas de semiesclavitud como el terraje y la aparecería. El proceso de lucha ha sido bastante reprimido por los sectores dominantes como los terratenientes y los gobiernos locales y nacionales; durante los últimos treinta años han sido asesinados mas de cuatrocientos dirigentes locales y regionales de las comunidades indígenas. Debido a los continuos asesinatos, algunos dirigentes y comunidades decidieron formar en la década de los ochenta un grupo de defensa armada llamada Quintín Lame; este grupo actuó en el Cauca hasta 1.991 cuando se desmovilizó dados los logros en la nueva constitución política.

El Departamento del Cauca es el departamento con mayor población Indígena del país (aproximadamente 200.000 indígenas en el Cauca, sobre 800.000 en el país), conviven las etnias paeces, Gambianos, Kokonucos, Totoroes, Yanaconas, Eperaras, Ambalueños, además negros y mestizos. La población indígena representa el 25% de la población departamental y garantiza la biodiversidad de los sistemas del Macizo Colombiano, selva pacífica y Piedemonte amazónico.

En la constitución política de 1.991, se reconoció la diversidad étnica de la nación Colombiana, la propiedad comunal de los territorios indígenas, el derecho a una educación y salud propias; los territorios indígenas como entidades territoriales con derecho a un gobierno propio, presupuesto y jurisdicción propia (de acuerdo a usos y costumbres), etc.

A pesar de los logros constitucionales, los gobiernos post constituyente no han adecuado sus instituciones para hacer real la constitución y por ello no se ha desarrollado lo referente a entidades territoriales indígenas y en educación, jurisdicción y salud, se ha pretendido que los pueblos sigan dentro del esquema general y no se ha asignado presupuesto para atender la problemática de los pueblos indígenas de acuerdo a la nueva normatividad.

En la practica la Nueva Constitución no represento un cambio para los pueblos indígenas y la situación de hambre y bajo cubrimiento de las necesidades básicas ha continuado.
Ante la situación de miseria y desconocimiento de los pueblos indígenas, las comunidades se movilizaron continuamente durante la década de 1.990. La única manera de ser atendidos por el gobierno, al menos para dialogar, ha sido la toma de la carretera panamericana (que pasa a lo largo del Departamento), por ello se dieron tomas de mas de quince mil indígenas en cada ocasión, en los años de 1.994, 1.996, 1.998 y 1.999. Desde las primeras movilizaciones hubo acuerdos y actas firmadas por el gobierno nacional para resolver las exigencias de las comunidades movilizadas. Pero el gobierno nacional no ha cumplido en lo más mínimo. Por ello se puede decir que cada movilización nueva es el resultado del incumplimiento de las anteriores. En la última movilización (junio de 1.999), realizada durante el congreso extraordinario del CRIC, el gobierno expidió el decreto 982, en el cual se compromete a tomar las medidas necesarias para solucionar la emergencia social, económica y cultural, declarada por los pueblos indígenas del Cauca.

En la misma situación de desconocimiento se encuentran las comunidades campesinas, mestizas que en noviembre realizaron una movilización de más de cincuenta mil campesinos apoyada también por los indígenas, allí también firmaron acuerdos con el gobierno nacional, sobre los que no se nota ningún avance.

En el congreso extraordinario del CRIC las comunidades indígenas del Cauca, también declararon como territorio de convivencia, diálogo y negociación al resguardo de la María Piendamó y lo ofrecieron a los sectores sociales, para que fuera utilizado como espacio propio de la sociedad civil para constituirse como actora dentro del proceso de solución negociada del conflicto social y armado. Esta propuesta le fue entregada al alto consejero para la paz, Dr. Víctor G. Ricardo, que se hizo presente en el Territorio de convivencia.

1. El territorio de Convivencia, diálogo y negociación de la María, Piendamó fue instalado por los pueblos indígenas en octubre 12 de 1.999, por mas de diez mil personas. Allí se definieron cuatro mesas de trabajo: a) mesa de cumplimiento de acuerdos Gobierno nacional – organizaciones sociales del Cauca y Nariño. b) mesa de reforma agraria c) mesa de medio ambiente y biodiversidad d) mesa de derechos económicos, sociales y culturales y víctimas directas de la guerra.

El compromiso adquirido por los asistentes fue el de fortalecer y sacar adelante este territorio en los términos planteados. Las
comunidades indígenas adquirieron una responsabilidad grande con los demás sectores de profundizar y ampliar más a su interior, la base social de la propuesta y los mecanismos de acción y de intervención.

2. Durante los meses de enero y febrero del presente año 2.000 se realizó un seminario de gestores de convivencia, diálogo y negociación, donde participaron personas provenientes de las comunidades indígenas y campesinas del Cauca y de sectores urbanos de Cali y Popayán e incluso familiares de soldados y policías secuestrados por la guerrilla colombiana.

3. La mesa de cumplimiento de acuerdos Gobierno-organizaciones sociales fue instalada en marzo 17 de 2.000 con la presencia de mas de 10.000 indígenas y campesinos, y es conformada por el CRIC (consejo Regional Indígena del Cauca), AICO (Autoridades indígenas de Colombia) CIMA (Comité de integración del Macizo –Colombiano), Movimiento del Suroccidente Colombiano.

4. En el mes de mayo se realizaron encuentros de mujeres, encuentro de programa de Etnoeducación, encuentro de pueblos indígenas sobre fumigaciones con glifosato.

5. El ofrecimiento de territorio de convivencia, hecho por los pueblos indígenas, parte de analizar que la situación que vive el país va a implicar cambios profundos para todos los sectores económicos y sociales y para la definición misma de la Nación Colombiana y ante ello no es posible permanecer indiferente y mucho menos dejar que las decisiones sean tomadas por unos pocos, y sin tener en cuenta a las grandes mayorías. La propuesta de la María implica que la sociedad civil y particularmente las comunidades indígenas, debe ser un actor en el proceso de negociación del conflicto social y armado, junto con la insurgencia y el Estado Colombiano. Es decir, que la negociación debe dejar de ser bilateral para convertirse en trilateral.

6. Los pueblos indígenas ven con gran expectativa la solución política negociada, pues ella va a implicar un cambio en la estructura misma del Estado Colombiano, que puede ser en cualquiera de los siguientes sentidos: a) estado social de derecho, realmente democrático y participativo y garante de una nación diversa, multiétnica y pluricultural b) un estado más homogenizante que el actual, desarrollista y enemigo de la diversidad. Como van las cosas la probabilidad de que el cambio del Estado sé de en el sentido desarrollista que es la mas opcional, ya sea por la continuación de la guerra, pero también por la negociación entre la guerrilla y el gobierno, ya que ambos actores tienen una concepción desarrollista desde arriba. La única opción de cambiar este posible destino de Colombia que niega la diversidad étnica y ambiental, es que los sectores sociales, desde lo indígena, negro y mestizo y también desde lo regional, nos constituyamos como actores con poder en el proceso de solución política del conflicto social y armado.

7. La propuesta se hace desde los pueblos indígenas por ser uno de los actores que han mantenido una lucha permanente durante las últimas décadas y que tiene capacidad de convocatoria con todos los sectores sociales, y las ochenta y dos etnias indígenas que se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional.

8. La participación de las comunidades indígenas y la propuesta de convivencia se refiere no solamente a la posibilidad de un nuevo estado, sino también a garantizar que la actual situación de guerra sea respetuosa de las comunidades y en general de la sociedad civil. La situación actual con respecto a los actores armados es la siguiente:

9. En su práctica cotidiana, el estado nos concibe como enemigos, y por eso en sus enfrentamientos con la guerrilla y en su actuar militar en nuestras zonas, no tiene en cuenta las normas del Derecho Internacional humanitario respecto a la población civil, en su combate al narcotráfico fumiga indiscriminadamente territorios, acabando con nuestros cultivos de pancoger y con nuestra seguridad alimentaria, negándose a concertar con las comunidades un verdadero programa de desarrollo alternativo. Las fumigaciones en este momento se han generalizado contra las comunidades indígenas del departamento del Cauca y la mayoría de ellas se hacen contra territorios y cultivos que no tienen cultivos ilícitos, por lo cual las comunidades concluyen que es una guerra por sacar a los habitantes del territorio para que quede a merced de los inversionistas.

• Pero el desconocimiento actual de nuestra autonomía no proviene solamente del estado y de los sectores económicos y sociales dominantes. Igualmente para la insurgencia nuestra posición de autonomía es peligrosa, porque se ubica en un proyecto político propio, en donde las comunidades día a día, construimos nuestra realidad por medio de la organización y el reforzamiento de la identidad, y nos oponemos a cualquier imposición, así esta se haga en nombre de la revolución o del pueblo.

• Las comunidades indígenas del Cauca hemos señalado nuestro rechazo a la violación de la autonomía de las comunidades indígenas por parte de la insurgencia, FARC y ELN, en casos como los siguientes:
  
  § El ataque a poblados y cabeceras municipales sin ningún medida de seguridad para la población civil, que se ve afectada en la mayoría de las ocasiones, ya sea en sus viviendas, escuelas, hospitales, casas comunales y hasta en la vida e integridad física.
  
  § Oposición a que algunos cabildos en uso de su autoridad y acorde con decisiones tomadas en asamblea de la comunidad, realicen erradicación manual de cultivos ilícitos; con el pretexto de defender la inversión hecha por los comuneros o exigiendo al cabildo indemnización para los mismos.
  
  § Asesinato contra miembros de algunas parcialidades indígenas que son acusados ante la insurgencia de cometer delitos graves y que esta encuentra culpables. Algunos de estos crímenes se realizan en plaza pública y en territorio de resguardo.
  
  § Declaraciones de algunos frentes guerrilleros en reuniones públicas, declarando objetivo militar a directivos de algunos cabildos, por no acatar sus directrices.
  
  § Secuestro de familiar de persona vinculada con la masacre del Nilo y declaración pública de que ello es en apoyo a la comunidad indígena.
  
  § Reclutamiento de jóvenes indígenas, en oposición a la decisión pública de las comunidades de que nuestros hijos no van a ser soldados ni del ejército, ni de la guerrilla, ni de los paramilitares, pues nuestra decisión es por la comunidad y por la solución política negociada de este conflicto que vivimos.

Por estos meses, como si fuera poca la problemática de violencia que vive el departamento, el paramilitarismo anuncia su llegada al Cauca con las autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El fenómeno paramilitar ya es viejo conocido en nuestras comunidades, desde la época de los llamados pájaros que contrataban los terratenientes y que se aliaban con algunos políticos y militares locales; alianza a la cual debemos la desaparición de muchos inolvidables compañeros. En la década anterior tomo un rostro más siniestro con la masacre del Nilo, tragedia en la que se vieron comprometidos agentes de la policía de Santander y Caloto, junto con civiles del Valle del Cauca; Posteriormente fue asesinado nuestro abogado Oscar López quien investigaba estos hechos. Hay una serie de hechos que se suceden en las comunidades como amenazas públicas a alcaldes y concejales indígenas y que son firmados por las autodefensas unidas de Colombia, que bien pueden ser ciertas pues no han sido desmentidas. Ahora el paramilitarismo aparece de una manera mas clara y contundente, por medio de las AUC, con métodos que ya han sido utilizados en otras partes del país. Hemos exigido del Estado central, del gobierno departamental de los gremios económicos y de los sectores dominantes en nuestro departamento, un deslinde claro con la acción paramilitar en todas sus formas. El paramilitarismo solamente tendrá incidencia fuerte en el departamentos, si alguno de los sectores dominantes o el estado central pretenden utilizarlo para dirimir los conflictos sociales que vivimos; En ese caso, serán ellos los verdaderos culpables de las masacres y los desplazamientos.

No obstante las diversas actividades realizadas en la María y la receptividad tenida por diversas organizaciones de la sociedad civil y el compromiso realizado hace mas de un año por el alto consejero para la paz de consultar al presidente de Colombia, hasta ahora el gobierno nacional no ha hecho el más mínimo pronunciamiento sobre esta propuesta.
En el evento de instalación, los pueblos indígenas nombraron una comisión de convivencia, diálogo y negociación, la cual es la encargada de coordinar el desarrollo de la propuesta. Esta comisión opina que lo fundamental para el momento es:

• Lograr el reconocimiento del Estado Colombiano del territorio como una zona de convivencia, dialogo y negociación, que tenga características de distensión para invitar a ella a los actores armados, para hablar sobre la manera en que se desarrolla la guerra actualmente y las garantías al Derecho Internacional Humanitario.

• Plantear y negociar desde el territorio y desde la región en que se encuentra (Suroccidente y amazonas) programas alternativos al Plan Colombia y a la fumigación.
  § Plantear y exigir desde el territorio el respeto a los derechos indígenas y la compensación a la deuda social y ambiental e histórica que el estado Colombiano tiene con los pueblos indígenas.
• Garantizar que el proceso de solución política del conflicto social y armado no pase por encima de los derechos constitucionales ya ganados y que antes bien profundicen en la realización de estos; que este proceso tenga en cuenta como actores decisivos a los pueblos indígenas a las regiones y en general a la población civil.
• Posesionar, hacer conocer y vincular más sectores sociales a la propuesta, por medio de la realización de eventos que tengan difusión nacional e internacional.
  Desarrollar en el territorio de la María Piendamó, un proceso de producción alternativa que sirva como experiencia piloto. Decreto 982.