Radiografía de los escombros que ha dejado una década de guerra en el territorio de los indígenas awás.

Las dos masacres ocurridas en 2009 —la del 11 de febrero en el resguardo Tortugaña Telembí y la del 26 de agosto en el resguardo Gran Rosario— marcaron la etapa más cruel de la guerra desatada durante una década en el territorio awá, en el sur de Nariño, en las selvas de la frontera con Ecuador. Los años 2010 y 2011, aunque presentaron situaciones tan graves como el asesinato selectivo de más de 80 indígenas, la desaparición de líderes y los estragos de los combates entre el Ejército y la guerrilla, no registraron hechos tan atroces como los cometidos en años anteriores.

Hoy día, el resguardo Inda Sabaleta es nuevamente un caserío desolado en la mitad de la selva. Las piscinas donde los narcotraficantes fornicaban con las prostitutas traídas desde Cali están ahora vacías, cubiertas de hierba y con algunas botellas quebradas de Buchanan’s. Las fumigaciones realizadas en más de 300 mil hectáreas disminuyeron los cultivos de coca, pero dejan graves consecuencias. Según Armando Arroyo, funcionario de Corponariño, “cada hectárea fumigada ha afectado otras veinte de bosque, envenenando las aguas y destruyendo especies forestales y faunísticas”. Además, las fumigaciones acabaron con miles de hectáreas de cultivos de pancoger de los indígenas, lo que pone en riesgo su seguridad alimentaria. El ICA, por otra parte, investiga si las fumigaciones provocaron que más de 20 mil hectáreas de palma aceitera, casi la totalidad de los cultivos de Nariño, murieran a causa de un hongo llamado ‘producción de cogollo’.

Aunque el narcotráfico se redujo, la guerrilla continúa en el territorio awá. Algunos dirigentes indígenas, como María Marín, afirman que en muchas partes es la que impone la ley: “Por ejemplo, cuando la gente no quiere trabajar en la minga, los organizadores les dicen que le van a avisar a la guerrilla, y ahí sí todos se ponen a trabajar”. Otro ejemplo, según esta líder, fue lo que sucedió hace un año con los indígenas de Chamí Chimbuza, que “se hicieron pasar como desplazados, sólo para recibir un mercadito, y si la guerrilla se enteraba de eso, ahí sí los mandaba desplazados para que no mintieran”. Sin embargo, otros líderes afirman lo contrario. “Nosotros como indígenas —dice el docente Rider Pai— “somos dueños de este territorio y hacemos valer nuestra autoridad”. Por eso, en muchas ocasiones, los indígenas les han exigido a los guerrilleros que salgan de las escuelas, casas abandonadas o campamentos cercanos a las poblaciones, porque ponen en riesgo a la comunidad.

Los indígenas también han confrontado al Ejército. El 26 de mayo de 2011 mostraron en Pasto, frente a representantes de la sociedad, oficiales del Ejército y medios de comunicación, las pruebas de cómo 600 soldados cometieron, semanas atrás, una “masacre ambiental” en la Reserva La Planada. En las fotos se observaba la basura que dejaron, los árboles etiquetados que derribaron (los cuales hacían parte de una investigación iniciada hace nueve años con la Fundación Von Humboldt) y, lo más grave, los letreros de las Auc tallados en la corteza de los árboles que quedaron en pie. El general Jorge Eliécer Pinto anunció, frente al auditorio, que reforzaría la capacitación de sus hombres en control ambiental, pero insinuó que los letreros de las Auc fueron realizados por la guerrilla para generar confusión. El indígena Jaime Caicedo Guanga, director de la Reserva La Planada, le respondió que de todos modos instauraría las acciones legales para que se sancionara a los responsables, “incluyendo a los comandantes, porque bajo esas falsas concepciones de que para el Ejército no hay lugares vedados nos han masacrado mucha gente”.

A pesar del avance logrado en exigir respeto en su territorio, los awás padecen un problema que parece insuperable. “En el departamento —dice Zabier Hernández, exasesor de paz y derechos humanos de la Gobernación de Nariño— tenemos 160 mil desplazados, de los cuales el 20% son awás, una cifra tan fuerte que ni siquiera se ha visto en guerras de invasión como las de Irak y Afganistán”. Lo más grave, según Álvaro Vallejo, defensor del Pueblo de Nariño, es que “estas personas no han recibido la debida atención humanitaria”. De hecho, Leonel Guanga y Carol Ortiz, dos indígenas que en 2006 huyeron del resguardo Magüí por los combates y las minas, seguían hasta inicios del año anterior en Ricaurte sin recibir ninguna ayuda estatal. Su situación económica, sin embargo, había mejorado gracias a que el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, Camawari, les facilitó un par de habitaciones en una vivienda donde residían otras ocho familias. Ahí, cada domingo ellos dos se reunían con los demás desplazados a observar en el único televisor de la casa el programa Quién quiere ser millonario.

A eso es precisamente lo que se refiere el exdirigente Rolando Cantincuz cuando comenta que los desplazados han sufrido un exterminio cultural: “Ellos tienen que vivir con la preocupación de la ciudad, que es el dinero, olvidando que fueron cazadores y pescadores en un territorio que les daba todo”. Para Fabio Trujillo, exsecretario de Gobierno departamental, además de ese exterminio cultural, los awás también han sido víctimas de una pérdida de valores: “La violencia, desgraciadamente, permeó y descompuso este pueblo, que era puro y bueno, pero que ahora tiene individuos que son tan criminales como los de cualquier otro pueblo”. Algunos hechos parecieran confirmar esa apreciación, entre ellos el involucramiento de indígenas en el narcotráfico, en la guerrilla y en una masacre. Sin embargo, para Rolando Cantincuz se trata de una difamación cuyo fin es desprestigiar a los indígenas ante la opinión pública: “Así el Gobierno encuentra pretextos para seguir despojándonos sin ningún problema de nuestras tierras”.

El indigenista Jairo Guerrero está convencido de que ese despojo de tierras fue el propósito de toda la guerra desatada en la última década en el territorio awá. Ahora, según él, viene una segunda etapa que ya está en marcha: la construcción de la vía Interoceánica, una carretera que conectará al Océano Atlántico y el Océano Pacífico, desde Brasil hasta Tumaco, pasando por Putumayo y Nariño. “Luego, cuando la carretera esté lista —anuncia este indigenista— ingresarán al territorio awá multinacionales mineras como la Kedahda. para llevarse el oro y el platino, dejando a los indígenas en la miseria”.

Víctor Gallo Ortiz, alcalde de Tumaco, explica que la Interoceánica es un megaproyecto que sólo está en el papel y debido a los limitantes del puerto de Tumaco es posible que se realice por Ecuador. Además, “ni la Alcaldía ni el gobierno central —asegura el funcionario— están autorizados para entregar concesiones mineras en los resguardos sin la consulta previa a las comunidades indígenas”. Sin embargo, el defensor del Pueblo de Nariño ya ha recibido denuncias de que “personas de la empresa minera Kedahda han ingresado al territorio indígena a investigar la posibilidad de explotación, sin estar regulados por la normativa vigente”. Esta situación le preocupa demasiado al exasesor de paz y derechos humanos de la Gobernación de Nariño, “porque esa empresa viene de procesos desastrosos en las comunidades de Cundinamarca, Antioquia y Norte de Santander”.

Los indígenas awás están muy bien informados sobre esta problemática que se avecina. Saben que es una nueva guerra en la que sólo tienen dos posibilidades: recuperar lo que perdieron en la última década o perder para siempre lo que lograron salvar.

Por: Édison Ávalos / Especial para El Espectador

EL ESPECTADOR. 5 Febrero 2012 – 9:00 pm

 

Compartir