La consulta previa se convirtió en el ‘caballito de batalla’ de las minorías para frenar los megaproyectos. El Gobierno alista una iniciativa para modificar este mecanismo mientras indígenas y negritudes exigen el poder de veto.
Los mayores problemas
Las recientes refriegas en el departamento del Cauca son solo la punta del iceberg de un levantamiento étnico en gestación. En momentos en que la economía mundial se desacelera y en Colombia caen los indicadores de obras civiles y producción petrolera, líderes de las minorías indígenas y afrocolombianas tienen en jaque proyectos hidroeléctricos, viales, petroleros y portuarios.
Fuentes del propio gobierno afirman que 30% de las más ambiciosas iniciativas de infraestructura y energía del país están paralizados o con serios atrasos por cuenta de las presiones que ejercen este tipo de comunidades (ver recuadros).
El mal ambiente entre estos grupos y el Gobierno se acentuó la semana pasada cuando el ministro del Interior, Federico Renjifo, se reunió con representantes de los indígenas en Bogotá. Durante todo el encuentro, los dirigentes indígenas le lanzaron fuertes cuestionamientos por la forma como se manejaba el tema de orden público en el Cauca y la pasividad del Ministerio para solucionar los problemas de estas poblaciones. Renjifo soportó el aguacero de críticas un par de horas pero luego abandonó el sitio, lo que exasperó aún más el ánimo de los asistentes.
Entre los líderes presentes estaba Lorenzo Muelas, exsenador y exconstituyente quien advierte que la actual situación con los indígenas en el país va “para largo y tiende a ponerse fea”.
Frente a esta situación, el gobernador de Chocó, Luis Gilberto Murillo, señala que el modelo de consulta previa es necesario pero que ha faltado liderazgo del gobierno nacional para convertirlo en un instrumento útil. “También hay comunidades que tienen expectativas supremamente altas frente a los proyectos de desarrollo. Pretenden que las empresas que lideran las iniciativas sustituyan los deberes del Estado”, indica.
A los errores del Ejecutivo en el manejo de esta ola de inconformidad se suma el abandono en inversión social en esas regiones y el accionar de grupos violentos que han derivado en los mayores desplazamientos en la historia del país.
Tener tierra ya no es sinónimo de bienestar. Niños indígenas en el Meta se mueren de inanición y en el Cauca de desnutrición. En Putumayo dicen que no pueden cazar por el ruido que genera la explotación de crudo. Lo paradójico es que 1,4 millones de indígenas tienen los títulos de 32 millones de hectáreas; es decir, 27,4% del territorio nacional. A pesar de ello, la Corte Constitucional advirtió en 2009 (Auto 004) que 32 pueblos indígenas están en vía de extinción debido a que no tienen garantías mínimas de supervivencia. Algo similar sucede con los afrocolombianos. En el papel poseen títulos por 5,4 millones de hectáreas, pero su nivel de vida se asemeja al de la África subsahariana. Entre estas dos minorías poseen más territorio que varios países de Centroamérica, pero su pobreza se compara con la de Haití. Otra paradoja: grupos étnicos en el Chocó libraron una intensa actividad en los últimos meses para frenar proyectos de desarrollo como la vía Ánimas–Nuquí. El contrato fue cancelado por Invías, el contratista se retiró hace unas semanas y hay maquinaria que no han dejado sacar.
Los peor de todo es que el margen de maniobra del Gobierno es limitado. El director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Pedro Santiago Posada Arango, anuncia que el Gobierno presentará un proyecto de ley para reglamentar la consulta previa, “pero que no se sabe cuándo”.