Pueblos Indígenas agrupados en la COTAINDOC realizaron Audiencia Pública

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 Resolución del 5 de Octubre de 2017

“Por medio de la cual se realiza denuncia pública por parte del Consejo Territorial de  Autoridades Indígenas del Oriente Caucano-COTAINDOC sobre actos ligados al conflicto interno armado”

“EL CONSEJO TERRITORIAL DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL ORIENTE CAUCANO-COTAINDOC, EN EL MARCO DE LA AUTONOMÍA, EL DESARROLLO DEL DERECHO PROPIO , LA LEY DE ORIGEN Y LA DEFENSA TERRITORIAL DE LOS CINCO PUEBLOS DEL ORIENTE y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia establece que corresponde a las autoridades indígenas ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos. 

Que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de 1991 la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento y un fin constitucional que goza del carácter vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

Que las Asociaciones indígenas edifican una figura jurídica publica de carácter especial que propende por el desarrollo de las garantías, planes y proyectos encaminados a reivindicar los derechos de sus comunidades indígenas víctimas del conflicto interno armado.

Que el proceso hacia la búsqueda de la paz debe estar orientado a la articulación de las comunidades indígenas con  las entidades del gobierno para que velen por la seguridad de nuestras autoridades y nuestros comuneros.

Que la política de gobierno resulta aislada a nuestras necesidades y se muestra excluyente para aplicar en el contexto de una comunidad que históricamente ha sido invisibilizada, desprotegida, abrumada y revictimizada por el no reconocimiento del Estado.

Que los municipios de Silvia,  Piendamo, Totoró y Morales  hacen parte de la estructura política-organizativa de la COTAINDOC y representan al conjunto de víctimas de la guerra injustificada que ha dejado como resultado niños huérfanos, madres sin hijos, mujeres sin sus compañeros, que ha destrozado corazones y que ha hecho llorar a un país por el derramamiento de sangre.

Que el respeto, la salvaguarda de los Derechos Humanos y las acciones del Estado deben estar  encaminadas a reivindicar los derechos no solo de las comunidades indígenas sino de los diferentes sectores sociales: campesinos, urbanos y de quienes fueron obligados a integrar las filas de las FARC.

Que los órganos competentes para reivindicar y salvaguardar los derechos humanos de la comunidad indígena asentada en los municipios de Silvia, Piendamó, Totoró y Morales son el Ministerio Publico integrado por las Personerías Municipales y la Defensoría del Pueblo Regional Cauca; el Gobierno Nacional a través de sus órganos  Departamentales y Municipales en coordinación con el movimiento Indigena representado a través de la Organización Nacional Indígena del Colombia- ONIC y el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y  los Organismos Internacionales como la Organización de los Estados Americanos OEA y las demás competentes.

Que no existe una ruta jurídica trazada bajo los lineamientos de enfoque diferencial por el gobierno nacional para hacer efectivas las políticas públicas y los derechos de las comunidades indígenas afectadas por el conflicto interno armado.

Que el Estado COLOMBIANO, es responsable de la totalidad de los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales por los diferentes hechos que se están generando al interior de nuestros territorios indígenas y que se materializan en hechos victimizantes como amenazas, actos terroristas, desplazamientos forzados, desordenes públicos, entre otros, que han obligado a nuestras autoridades tradicionales y comuneros a emigrar a otros municipios.

Que la valoración del contexto en relación al conflicto interno armado  se sustenta en las declaraciones presentadas por las autoridades tradicionales sobre una serie de acontecimientos que se están presentando continuamente al interior de nuestros territorios, afectando la armonía y el ejercicio del control territorial que las autoridades indígenas milenarias han desarrollado con forme a los planes y proyectos de vida enfocados al buen vivir comunitario, son entonces los grupos armados emergentes y organizaciones fragmentadas los causantes de estas situaciones:

  1. KISGO, PUEBLO KISHU: Declarado PIWANYA LA CASA DEL AGUA: Nuestro territorio bajo esa atribución debe estar lleno de AGUA y VIDA, no hay espacio para albergar personas y grupos generadores de guerra y violencia, por lo tanto denunciamos los siguientes hechos:

29 de julio de 2017, hostigamiento en el sitio del ALTO DE SHIKULL;

4 de agosto de 2017, grupo uniformado militarmente ocupo el territorio en horas de la noche;

El día 5 de agosto de 2017, aparecieron panfletos atribuidos al ELN en el cual se amenazan e incluyen a comuneros del pueblo Kishu;

El dia 11 de agosto de 2017, pintaron grafitis “ELN presente” en institución educativa técnica Kisgó sede El Tengo;

Presencia en las noches de gente armada a los alrededores de algunas viviendas de comuneros y autoridades del territorio Kishu.

  1. b) Pueblo Ancestral de Ambalo: Presencia de grupos armados al margen de la ley, intimidando a comuneros sobre su libre movilización, amenazas mediante panfletos de las águilas negras en el mes agosto del año en curso, donde amenazan de muerte a comuneros líderes de este pueblo que comparte el proceso político organizativo de la organización indígena del cauca CRIC.
  2. c) Pueblo Ancestral de Polindara: El gobernador Frank Quilindo denuncia una serie de atropellos al interior de su territorio ancestral, amenazas que atentan en contra de su integridad física y moral. Hechos que se han presentado en el siguiente orden:

(2016), amenazas a comuneros y líderes del territorio por actores armados al resguardo y panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, donde amenazan de muerte a comuneros líderes de este pueblo que comparten el proceso político organizativo de la organización indígena del cauca CRIC.

(Agosto de 2017), amenazas por parte de las Águilas Negras a través de panfletos que se traducen en señalamientos, y llamados de muertes en contra de la autoridad tradicional y a quienes los acompañan quienes han sido llamados con términos des obligantes y despectivos, convirtiéndolos en objetivo militar.

La reiteración de las amenazas de muerte por parte de grupos al margen de ley permite observar un panorama atroz, resultado de los intentos del gobierno nacional por lograr un proceso de paz que excluye a las comunidades indígenas y ha generado diversos grupos disidentes con intereses de infundir terror.

  1. d) PANIQUITA, PUEBLO NASA: Amenazas a la autoridad tradicional a raíz de que el cabildo y la guardia indígena en ejercicio de la autonomía territorial realizan controles sociales, ejercicio que arrojó como resultado el decomiso de sustancias alucinógenas a personas extrañas, las cuales fueron incineradas en presencia del Ejército Nacional y la policía de Totoró. Esta situación ha desencadenado una serie de amenazas vía celular al gobernador y su familia, donde se insinúa que dicha mercancía debe ser devuelta para no colocar en riesgo su integridad fisca y la de su familia.

Las amenazas se han hecho extensivas a la guardia indígena, hechos que generan terror y desequilibrio al interior de la comunidad  y que ya han  sido puestos en conocimientos de los organismos del Estado.

  1. e) RAICES DE ORIENTE, PUEBLO NASA: Los Hechos ocurridos en el año 2013 y puestos en conocimiento de la Unidad de Victimas ese mismo año relacionados con el Desplazamiento Forzado de 24 familias han quedado en el olvido, lesiones personales, intento de homicidio; las familias no han sido reconocidas como víctimas del conflicto interno armado y el acuerdo suscrito por el Gobierno sobre la entrega de 50 hectáreas al cabildo para reparar los daños físicos y morales causados a estas familias a la fecha no se han cumplido a la fecha.
  2. f) TERRITORIO DE JEBALA, PUEBLO NASA: Amenazas realizadas por actores armados en contra del gobernador de Jebala; desplazamientos forzados, que ponen en riesgo inminente los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos como la vida e integridad física, la dignidad humana y la salud de nuestros comuneros; situación que nos llama a dimensionar y a cuestionar los procedimientos que se están adelantando desde el orden nacional en la implementación del proceso de paz en Colombia.
  3. g) TERRITORIO LA GAITANA, PUEBLO NASA: La Presencia de grupos armados al margen de la ley está impidiendo a la comunidad desplazarse libremente en su territorio, especialmente en horas de la noche.

Se ha incrementado el número de hurtos y actuaciones lesivas en contra de los comuneros quienes están siendo objetivo presuntamente de excombatientes quienes han conformado nuevas células y bandas criminales y son los que están infundiendo terror a las familias.

La ocupación militar producto de las zonas veredales transitorias de normalización donde se encuentran ubicados los combatientes de las FARC, causa restricciones a la libre movilidad de la comunidad y el ejercicio autónomo de la autoridad tradicional.

  1. h) TERRITORIO DE TUMBURAO, PUEBLO NASA: Inseguridad y poco acompañamiento por parte del Estado, por lo cual se hace necesario unificar criterios encaminados a plantear sanciones en contra de las personas que comienzan a instalarse en los territorios indígenas con fines de ejecutar actos delictivos.
  2. i) TERRITORIO DE PITAYO, PUEBLO NASA: Por su gran extensión y ubicación geográfica el resguardo indígena de Pitayo ha sido puente para la movilización del narcotráfico.

Estas situaciones, especialmente las conexas al narcotráfico implican un trabajo coordinado con la autoridad tradicional y miembros del gobierno con miras a erradicar la problemática que involucra componentes sociales y económicos.

Los sitios sagrados están siendo ocupados por grupos armados quienes están analizando el contexto social para luego actuar.

  1. j) TERRITORIO DE QUICHAYA, PUEBLO NASA: Asesinato de comuneros por parte de actores armados, violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, daños a los sitios sagrados, combates que han traído afectaciones a la población civil y daños materiales a las casas de habitación.

Amenazas en contra de los líderes y comuneros.

Presencia de personas armadas e intereses de terceros como las multinacionales quienes inescrupulosamente buscan ocupar el territorio sagrado y acabar con los recursos naturales a través de la explotación minera.

  1. k) LA MARIA, PUEBLO MISAK: Preocupación por el incremento de tráfico de drogas por la ubicación geográfica donde se encuentra.

Incremento de personas desconocidas y actores armados en el territorio, situaciones que atentan contra la armonía y el equilibrio de nuestros comuneros.

  1. l) OTROS SECTORES SOCIALES (URBANOS Y CAMPESINOS): Los menores de edad están siendo victimas de personas inescrupulosas con gran experiencia en el expendio de drogas, lo cual implica alertar a los diferentes entes del Gobierno, a los rectores de las diferentes instituciones y a los padres de familia para que inmediatamente se proceda con la implementación de controles al interior de las instituciones y la supervisión a los menores en los hogares.

Las instituciones educativas están siendo utilizadas como puentes para la venta y el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes, situación que se mira con grave preocupación y que ha sido advertida por parte de los presidentes de las juntas de acción comunal.

Los diferentes sectores sociales le dicen NO a la continuidad de actos inhumanos, a los tratos crueles, a las amenazas, al narcotráfico, a la ejecución de actos que atenten contra la integridad sexual de las mujeres, niños y adolescentes y, a las diferentes manifestaciones que constituyen actos terroristas.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denunciar públicamente ante los diferentes organismos: Ministerio Publico integrado por las Personerías Municipales, la Defensoría del Pueblo (Regional Cauca), el Gobierno Nacional ( órganos del nivel Departamental y Municipal),  La Organización Nacional Indígena del Colombia ONIC, El Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y La Organización de los Estados Americanos OEA, los hechos victimizantes que hasta la fecha se han presentado al interior de nuestros territorios indígenas de los  municipios de Silvia, Piendamo, Totoró y Morales.

ARTICULO SEGUNDO: Exigir al Gobierno Nacional que a través de sus entes territoriales se construya conjuntamente con las autoridades tradicionales y los demás sectores sociales (Urbanos y Campesinos) que integran los municipios de Silvia,  Piendamo, Totoró y Morales, la ruta de coordinación para una verdadera reparación integral individual y colectiva que posibilite hacer efectivo el goce de nuestros derechos a la verdad y la justicia con garantía de no repetición.

Carlos Guasa Consejero COTAINDOC hace un balance de la Audiencia Pública

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Silvia Ruiz Gobernadora del Pueblo Kisgo nos habla sobre las problemáticas en la comunidad

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Se expide en el Municipio de Silvia (Cauca), el día cinco (5) de octubre de 2017. 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y COMPLACE 

CONSEJERÍA MAYOR

Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano-COTAINDOC                                       

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