Los pueblos indígenas, no queremos seguir siendo  engañados como lo sucedido en la invasión Europea y en la conformación de la República. Actualmente los pueblos que hemos logrado sobrevivir al aniquilamiento, debemos afianzar nuestra lucha milenaria ante un sistema político y un modelo económico que usa todos los recursos para desaparecernos; la Corte Constitucional de Colombia, ha reconocido que  estamos en peligro de exterminio físico, cultural y que contra nosotros se presenta un estado de cosas inconstitucionales. En consecuencia, lo único seguro que nos queda es la lucha, la cual hemos ejercido y continuaremos ejerciendo hasta que el sol se apegue.

Sabemos que del afán de explotar la vida y de extraer riquezas para acumular capital sin límite ni descanso, surgen las estructuras y las relaciones de las sociedades en que vivimos y que se impusieron sobre estas tierras y contra nuestros pueblos, desde la llegada de los conquistadores. Las estructuras sociales, los Gobiernos, las leyes y las instituciones, existen para garantizar la protección y el beneficio individual y corporativo que facilita y promueve la acumulación sin límites. Este poder individual sobre la vida, para transformarla en ganancia a través del egoísmo convertido en obligación y derechos sagrados, llegan sin interrupciones hasta nuestros días, por el camino de una historia que avanza con la globalización, la seguridad democrática y el libre comercio, desde el descubrimiento hasta la destrucción, la represión y la guerra por fases que reconocemos y que se repiten en todas partes y en todos los tiempos. Exploración, explotación, exclusión y exterminio, son los pasos que dan este apetito insaciable de poder y riqueza para unos pocos. Al final, la transformación de la naturaleza en mercancías y ganancias, se hace a costa de la destrucción de la vida en nuestros territorios.

En el transcurso de la década del 90 del siglo pasado, realizamos acciones de exigibilidad ante la inoperancia del Estado y su violación de la nueva Constitución, logrando acuerdos y compromisos de parte de los diferentes gobiernos; acuerdos que ante los reiterados incumplimientos, fueron recogidos en el decreto 982 de 1.999, en el cual el gobierno nacional notificó y registró la “emergencia social, cultural y económica declarada por las autoridades y los pueblos indígenas del Cauca” y conformó una comisión mixta, de carácter ministerial y de autoridades indígenas, para avanzar en su solución.

En la primera década de este siglo realizamos, el desarrollo del decreto 982,  acuerdos con el gobierno del presidente Pastrana, pero con muy bajo cumplimiento. Con el gobierno del presidente Uribe los diálogos inicialmente no se continuaron por indisposición política del mismo, y solo a través del proceso de liberación de la madre tierra, se lograron concretar acuerdos de tierras. Ante la posición de dicho gobierno, claramente contra los movimientos sociales, expresada en la violación de derechos humanos y en la llamada legislación del despojo (como  la presentación y aprobación del TLC con los EEUU, los llamados “estatuto de desarrollo rural”, estatuto minero, y  los decretos fitosanitarios), el CRIC se movilizó con otros sectores sociales en la “Minga de resistencia social e indígena”, denunciando ante el mundo que la unanimidad pregonada por el gobierno nacional no era tal y que los sectores sociales  luchábamos por nuestros derechos a pesar de la represión.

En la presente década, se retomó desde el año 2012 la comisión mixta del decreto 982, con el gobierno del Presidente Santos. Se establecieron compromisos y se retomaron acuerdos anteriores; pero a pesar de que el Presidente hizo presencia en la María y conformó mesas (derechos humanos, conflicto armado y paz, educación, salud, comunicación, economía, territorio, ambiente y minería) que deberían tener soluciones en menos de dos meses, no se lograron avances significativos ni en ese periodo definido ni posteriormente.

Es de recordar al País y a los Caucanos que este Departamento es diverso y multicultural, es rico en diversidad geográfica, contamos con  diferentes pisos térmicos, encontramos diversidad étnica como: campesinos, mestizos o urbanos, entre ellos 10 diez pueblos indígenas, cada uno es una fuente de identidad, practicas, usos y costumbres.

No somos ajenos a la problemática de nuestro departamento, por ello exigimos derechos, quizás hoy se sientan atropellados varios payaneses, pero se han preguntado cómo va la salud del sector rural?. Se ha por lo menos cuestionado en su cabeza ¿qué garantías tiene nuestro pueblo productivo agrícola para la venta de sus productos? . Y eso sin mencionar los múltiples asesinatos en comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas por parte de la fuerza pública y que muy cómodamente se disfraza con la frase » fueron guerrilleros o ese era Guerrillero».

Pareciera que al pueblo que así se expresa le duele más el derrame de una canasta de cerveza que la sangre de un ser humano.

Hemos realizado un acuerdo regional desde el CRIC con el gobierno nacional al tiempo que sectores étnicos, campesinos y populares realizaron otros acuerdos regionales y uno como minga nacional. Ello indica que cada día los sectores sociales en Colombia somos más conscientes de nuestros derechos  y vamos obteniendo avances en la lucha contra el modelo de globalización que quiere expropiarnos de nuestros territorios, culturas y procesos.

Hacemos un llamado a los sectores sociales urbanos y rurales, y sobre todo a los más empobrecidos, para que analicen sus situaciones particulares y entiendan que la lucha por los derechos es necesaria, y no se dejen llevar por las posiciones de los grandes poderes económicos y políticos, expresados en los medios masivos de comunicación,  que pretender convertir a la lucha social como algo en contra de las mayorías; reflexionemos que lo único que va en contra de las mayorías son las políticas actuales que generan y perpetúan la pobreza, el desempleo y el hambre. Sí no salimos a las calles, por lo menos solidaricemos con quienes lo hacen y no nos pongamos en contra de quienes luchan.

Como CRIC no hemos exigido acuerdos nuevos, sino que se cumplan los que el gobierno nacional ha firmado en años y en décadas anteriores con sectores campesinos, indígenas, afrocolombianos y urbanos, en el departamento del Cauca. El incumplimiento de acuerdos, para el caso particular de los pueblos indígenas ha agudizado la situación de pobreza y exclusión en que nos ha ubicado la histórica  opresión, colocándonos en peligro de extinción física y cultural como lo reconoce la corte constitucional. Hoy vivimos una emergencia social, económica, ecológica y cultural que debe ser declarada por el gobierno colombiano, para poder cumplir con los acuerdos suscritos, y garantizar la implementación de nuestros planes de vida; al igual que se debe garantizar la vida digna para todo el pueblo colombiano.

Hoy firmamos las actas de operatividad de esta movilización con la firme convicción que fortaleceremos nuestros Gobiernos, defenderemos nuestro territorio y preservaremos nuestra vida, identidad, cultura de nuestros pueblos, así mismo le aportaremos a un Cauca mejor.

Esa emergencia que vivimos los pueblos indígenas ha sido originada por el desconocimiento de la constitución, el modelo extractivista de minería y explotación inmisericorde de la naturaleza, la apropiación del Estado para fines particulares por grupos económicos y políticos, la expropiación del territorio y de las decisiones sobre el mismo por las poblaciones étnicas y comunidades locales; unido todo ello al conflicto armado, la proliferación de grupos al margen de la ley y la criminalización y victimización de las comunidades y de la lucha social.

Hoy exigimos que se cumplan los acuerdos que se han hecho con nosotros y con los demás sectores sociales, y que se respete la lucha y organización social. Este es el camino hacia la paz que debe garantizarse, además de los procesos que se adelantan para la solución política del conflicto armado.

A propósito de las diálogos de paz, Como Consejo Regional Indígena hemos exigido que las comunidades y organizaciones sociales podamos aportar y ser decisorias en los temas de fin del conflicto armado que nos puedan afectar. Por eso hemos llamado a la mesa de la Habana para que se haga presente con delegados en el territorio de convivencia, diálogo y negociación de la María, Piendamó, como garantía de la consulta previa con las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como con las comunidades campesinas. Si todos participamos en las decisiones sobre el posconflicto será posible que caminemos hacia la paz con justicia social.

“MINGA DE DE RESISTENCIA POR LA VIDA, EL TERRITORIO, LA DIGNIDAD, LA PAZ Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS” CRIC

Popayán, 15 Junio de 2016

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