Servindi, 12 de mayo, 2016.- Las funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), menoscabadas en un primer momento por la polémica Ley 30230, se ven hoy nuevamente amenazadas ante la posible aprobación del Proyecto de Ley N° 3601/2013, que plantea dar luz verde a las empresas infractoras para no pagar las multas impuestas por el citado organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.
El proyecto se encuentra en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE) del Congreso de la República, grupo que preside la parlamentaria fujimorista Leyla Chihuán.
«La norma facilitaría a los infractores la presentación de medidas cautelares al Poder Judicial de tal forma que se impida la ejecución de la medida coactiva como parte de un proceso sancionador», advirtió al respecto la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Precisó en ese sentido que con la Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), la práctica de judicialización de las resoluciones administrativas del OEFA, había sido superada.
Ahora, de prosperar el proyecto en el Parlamento, el marco cambiaría dejando que sea un juez el que se encargue de la ejecutoriedad de las resoluciones del organismo público técnico especializado.
El Proyecto de ley fue presentado por los congresistas Luis Iberico, Martha Chávez, Juan Carlos Eguren, Luis Fernando Galarreta, Alberto Beingolea, Richard Acuña, Natalie Condori y Marisol Pérez Tello.
«A puertas de un nuevo gobierno reiteramos nuestro pedido de contar con una legislación ambiental que prevenga el daño a la salud y la contaminación ambiental siguiendo los principios de la Ley General del Ambiente, así como con mecanismos disuasivos, para que las empresas no cometan infracciones ambientales o no reincidan en ellas», invocó la organización ambientalista.
Normas que benefician a empresas
De aprobarse en la Comisión de Pueblos y luego en el Pleno del Congreso, la norma se sumaría a la cuestionada Ley 30230, conocida como ley del ‘segundo paquetazo anti-ambiental’, aprobada en julio de 2014 y la cual está sindicada como lesiva a las funciones del OEFA.
Dicha norma, en su artículo 19, impide a este organismo ejercer una eficiente fiscalización ambiental a las empresas, menoscabando su papel sancionador y cerrándole el camino de forma que solo pueda actuar cuando se evidencie un daño real a la vida y salud de las personas.
Esto ha llevado a que sus funciones se reduzcan a la aplicación de medidas preventivas, desprotegiendo a las potenciales víctimas de pasivos ambientales.
Una muestra de esto son los derrames del Oleoducto Norperuano ocurridos este año en las regiones de Amazonas y Loreto.
Según enfatizó DAR, fueron más de 5000 barriles de petróleo esparcidos en el agua (de consumo directo de la población), suelo, flora y fauna, afectando la salud de cientos de personas, siendo los propios afectados quienes deberán demostrar si hubo daño real y muy grave en su salud para que se pueda multar a la empresa.
Además en esta misma ley, explicó la organización, el artículo 12 no permite que las multas administrativas financien las acciones de supervisión directa a las empresas y la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes. «Sin este fondo, el OEFA no cuenta con los recursos necesarios que permiten determinar si las empresas están cumpliendo sus obligaciones ambientales», finalizó.