Las movilizaciones y paros recientes: cafeteros, mineros, agrarios, de la minga, maestros, estatal, del pacifico y muchos más, evidencian la grave crisis humanitaria, económica y política que vive el País, hoy llevadas al límite por locomotoras mineras, multinacionales y por políticos corruptos que se roban nuestros recursos y lo público. En diferentes regiones se fortalece la resistencia, persistencia y lucha de los pueblos y organizaciones campesinas, negras, indígenas y barriales que construyen una visión de País, vida digna, planes de vida y defensa de los tejidos sociales con derechos, y de los territorios.
Durante 2017 han asesinado a 15 líderes en Cauca, 9 en Valle, 6 en Nariño y 2 en Putumayo (Datos de Somos Defensores). Nos acompaña dolorosamente la preocupación permanente por los asesinatos y agresiones crecientes contra organizaciones y líderes en el sur occidente y en Colombia. Requerimos urgentemente al Gobierno para que detenga estas agresiones, garantice la vida y el quiebre de la impunidad reinante alrededor de estos hechos.
El sistema económico y político dominante nos ha notificado, con muerte e imposición, que los derechos de las poblaciones locales no cuentan para él, ni podemos seguir existiendo en nuestros territorios. Durante siglos fuimos arrancados de gran parte de nuestros espacios de vida y territorios ancestrales o consuetudinarios; en las últimas décadas con el modelo neoliberal, se ha impuesto el extractivismo, el despojo territorial y el reordenamiento de ciudades en todo el país y de manera intensa en el Suroccidente colombiano. El Estado colombiano ha sido tomado de manera permanente por una elite que solo sirve a sus propios intereses, a los de las multinacionales y al gran capital.
El 35% del Cauca está concesionado o solicitado para la exploración y explotación minera; otra parte está prevista para hidroeléctricas; combinado todo ello con los desiertos forestales y agroindustriales, y la privatización del agua. Mientras tanto, se ataca a la economía campesina, indígena y afro, con normas fitosanitarias contra las semillas propias y la producción alimentaria, se mantienen las zonas rurales sin la infraestructura necesaria ni los apoyos pertinentes para la producción agropecuaria. A ello se suma la violencia permanente contra comunidades y organizaciones. Una parte de la población departamental ha tenido que refugiarse, por mero instinto de sobrevivencia en los cultivos de uso ilícito, constituyéndose ello en un problema de atención social mediante el diálogo y la concertación comunitarias, pero el Estado colombiano ha aprovechado esta situación para criminalizarla y pretender expulsarla de sus territorios. Estas situaciones se repiten en los departamentos de Nariño, Huila, Putumayo, y valle, del Suroccidente Colombiano.
El proceso de paz con las FARC y con el ELN, a pesar de contemplar la terminación del uso de la violencia en la política y en la economía, así como también salidas para algunos de los problemas estructurales que vive el país y que están en el origen del conflicto armado, ha sido rechazado por elites y sectores dominantes, que pretenden que se desconozcan los acuerdos o que todo se reduzca al desarme de estos actores armados. Anexo a ello se pretende afectar la implementación integral de los acuerdos y/o realizarla sin la participación directa de las comunidades y organizaciones sociales.
Abundan múltiples actores de violencia en nuestros territorios y el patrón paramilitar que consiste en que el Estado y los macro-proyectos utilizan la existencia de algunos grupos ilegales para avanzar en su modelo, haciendo muchas veces connivencia con los mismos, considerando a las organizaciones sociales y comunidades como blancos a atacar, nos dejan claro que las elites dominantes no le apuestan a acabar con la violencia para el tratamiento de la conflictividad social sino que utilizan el exterminio para imponer sus designios. Se suma, de manera explícita como el ESMAD viene actuando contra la población, violando sus propios protocolos y marcos legales, dejando muerte y dolor en las comunidades, con la complacencia y complicidad del resto de institucionalidad. Hay una sistematicidad en la violencia contra la lucha social que nos permite denunciar estos hechos como crímenes de Estado.
Ante todas estas problemáticas y violaciones de nuestros derechos, insistimos que:
- La movilización, la organización social, los planes de vida y mandatos populares, son caminos legítimos que los pueblos y organizaciones hemos decidido para alcanzar nuestros derechos, la conquista de la vida digna y la paz con justicia social. Cansados de las dilaciones, incumplimientos, demagogia del gobierno nacional, nos hemos puesto nuevamente en las calles y carreteras para hacer escuchar nuestra voz. Hacemos un llamado al gobierno nacional para dar cumplimiento de los acuerdos pactados con las distintas poblaciones, pueblos y organizaciones sociales. Soplan vientos alentadores: los paros de Buenaventura, Chocó y Segovia, el despertar de la ciudadanía en contra de la minería depredadora a través de consultas o los malos Gobiernos (como el de Bogotá) y ahora en el suroccidente colombiano desde el 12 de octubre en diversas agendas de movilización; con los avances, en medio de las dificultades, del proceso de Paz con las Farc y el ELN. Incluso, en su visita el Papa Francisco nos dio la razón a quienes luchamos por la Paz Justa y combatimos sin piedad la corrupción.
- El proceso de paz y posacuerdo no puede ser convertido, por quienes se oponen a la transformación social en el país, en escenario que niegue la organización social y la lucha por los derechos. Le exigimos al Gobierno y Estado colombianos todas las garantías para la participación directa de organizaciones sociales, comunidades y territorios en el cumplimiento e implementación de los acuerdos con las FARC y el ELN, con protocolos concertados, el ajuste de la institucionalidad, los recursos necesarios, y un cese bilateral al fuego permanente.
- Para superar sostenidamente el problema de los cultivos de coca y marihuana, entre otros, se requiere consensos directos con las comunidades, desarrollar integral y sostenidamente los territorios de forma coordinada y ojala simultánea con avances en los acuerdos de sustitución voluntaria. Es el camino para recuperar la confianza en la institucionalidad, la reparación que esperan miles de familias y territorios excluidos y empobrecidos, y para que la paz no nos continúe costando la vida o el bienestar.
- Reiteramos nuestra exigencia al Gobierno de garantizar los derechos, de asumir los Acuerdos como los Pactos Políticos y contratos sociales que son y respondiendo eficientemente con el cumplimiento, en interlocución con los pueblos y organizaciones sociales, tanto con la ruta como con las garantías necesarias para su cabal cumplimiento.
- Las diversas situaciones anticonstitucionales en el Cauca, sin garantías para los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, DESCA, de todos los caucanos y caucanas, nos coloca en la ruta de exigir al Gobierno colombiano la Declaratoria de Emergencia social y económica para el Cauca en general en sus diferentes subregiones, rurales y urbanas, para los sectores de especial protección o más empobrecidos e históricamente desfavorecidos, declaratoria que debe extenderse a la Región Surcolombiana.
- Exigimos la implementación inmediata de acciones y garantías para la protección, investigación y prevención necesarias para pueblos, comunidades, territorios y líderes sociales que hoy vienen siendo asesinados, amenazados, intimidados o desplazados y hasta judicializados injustamente. De la misma forma la reparación necesaria y la no repetición. Es urgente y necesario la reactivación de las Mesas de Garantías, entre ellas las del suroccidente colombiano, los cumplimientos con las medidas de acordadas con pueblos y las organizaciones sociales, y el reconocimiento de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. Esta crisis humanitaria también implica el combate integral y el cese de la impunidad del paramilitarismo, así como las garantías para su desmonte real y efectivo de las estructuras y acabar su vinculación con agentes del Estado. De igual forma el desmonte del Esmad que actúa como máquina de guerra y muerte que genera zozobra y dolor familiar, comunitario y social, hasta ahora impune.
Los mayores triunfos del pueblo, en lo social o en lo político, los hemos conseguido cuando nos encontramos y actuamos articuladamente y con unidad, esta es la mayor lección de todos los tiempos. Ahora necesitamos más que nunca de la fuerza, resistencia, acción y movilización cohesionadas. El Modelo Neoliberal impuesto por los partidos políticos de la oligarquía durante 200 años de vida republicana, partidos y clase política sumidos hoy en la más profunda corrupción, sigue causando dolorosos daños a la población sobre todo a la más vulnerable, es fuente de extrema inequidad, y de violencia por su carácter represivo, nos urge el camino de continuar caminando la Palabra, el encuentro y la unidad de la región del suroccidente colombiano y del País.
Convocamos a todas las familias, pueblos, barrios, sectores, organizaciones sociales y territorios afectados por el despojo, la muerte, la pobreza, la negación de sus derechos y la exclusión a fortalecer nuestra movilización, dialogo, encuentro y acción social coordinada para defender la vida digna, los territorios y para construir una verdadera democracia.
Fraternos: Coordinación Regional y Social del Suroccidente Colombiano: CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA- CRIC, COORDINADOR NACIONAL AGRARIO- CNA- DEL CAUCA, NARIÑO, HUILA Y PUTUMAYO, PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS PCN, CONGRESO DE LOS PUEBLOS, MACROCCIDENTE INDIGENA, CONSEJO INTERETNICO E INTERCULTURAL DEL NORTE DEL CAUCA, COMISION ETNICA DE PAZ, ESPACIO REGIONAL DE PAZ DEL CAUCA, ASOCIACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DEL NORTE DEL CAUCA ACON,…
En tiempos de resistencia, dignidad y movilización social – Suroccidente Colombiano Octubre 29 de 2.017
