Por León Valencia: Es ese modelo de la Drummond el que ha generado prevenciones en las comunidades, en los gobiernos locales y en sectores de la opinión contra la minería.

Se le reprochan ahora a la empresa Drummond los graves daños ambientales que ha causado y está causando en Santa Marta, en Ciénaga, en Cesar. Todo a partir de una fotografía que el periodista Alejandro Arias puso a circular en las redes sociales. Eso está muy bien. Por fin el país se empieza a pellizcar. Por fin las autoridades ambientales han puesto el ojo en un problema que era un secreto a voces. Quizás ahora se escuche la voz de los pobladores de las zonas aledañas a las minas, que en diversas oportunidades realizaron protestas para denunciar las graves afectaciones a la salud que trae el tipo de explotación a cielo abierto del carbón que hace la Drummond. Pero, tal como ocurre con muchas cosas en el país, puede ser que los árboles impidan ver el bosque.

El problema con la Drummond es mil veces más grave. El bosque, en este caso, es una maraña de violencia, de abusos y de trampas perpetradas con la anuencia del gobierno nacional y con la complicidad descarada de colombianos desvergonzados.

Empecemos por el más grave: la alianza con los paramilitares y la muerte de tres sindicalistas. En marzo de 2001 fueron asesinados Valmore Locarno, presidente del sindicato y Víctor Orcasita, vicepresidente; siete meses después fue asesinado también Gustavo Soler quien había reemplazado a Locarno en la presidencia. Los dirigentes sindicales y los familiares de las víctimas coincidieron en señalar a la empresa como responsable de los crímenes. Pero fue en el curso del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia donde salió a la luz la dolorosa verdad: para golpear al sindicato se había establecido una tenebrosa alianza entre empleados o contratistas de la Drummond, militares activos y retirados y el Bloque Norte de los paramilitares comandado por Jorge Cuarenta.

En las versiones libres de jefes paramilitares importantes del Bloque Norte como Manuel Mattos Tabares, alias Tolemaida, y Jairo de Jesús Charris, alias el Viejo Miguel, figura la acusación directa a Jaime Blanco Maya, contratista del suministro de alimentos para el casino de la empresa, como autor intelectual de la muerte de los tres sindicalistas. Dicen los jefes paramilitares que Blanco Maya quería silenciar las denuncias del sindicato sobre la mala calidad de los productos y servicios que prestaba su empresa nominada Industrial de Servicios y Alimentos, ISA. Toda esta historia se puede ver en el portal Verdad Abierta.

Pero quien pone en contexto los asesinatos y las graves presiones sobre los trabajadores y la comunidad de la zona donde opera la Drummond es Rafael García, antiguo funcionario del DAS y testigo de la Fiscalía en el escandaloso caso de la parapolítica. García cuenta que en diversas reuniones entre funcionarios de la Drummond y Jorge Cuarenta se acordó crear el frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas con financiación generosa de la empresa, y señala que el enlace para estos acuerdos era Alfredo Araújo.

Veamos las trampas al Estado. No contentos con la exención de impuestos y las abundantes gabelas que los gobiernos –especialmente los dos mandatos de Álvaro Uribe– les han dado a las empresas mineras, la Drummond se dio a la tarea de alterar las regalías para acrecentar aún más sus ganancias. La empresa ha sido sancionada en 2007 y 2008 con multas que sumadas se acercan a los ochenta millones de dólares por detrimento patrimonial a la nación y también al departamento de Cesar y a los municipios donde opera la multinacional.

Para decirlo en letras grandes: la Drummond, con la complicidad de funcionarios del gobierno colombiano y de un enjambre de fuerzas ilegales, ha forjado un modelo de explotación minera nefasto para el país. Es ese modelo contaminador, violento y tramposo el que ha generado grandes prevenciones en las comunidades, en los gobiernos locales y en sectores de la opinión pública frente a todo tipo de explotaciones mineras.

El gobierno colombiano debería tomar este como un caso emblemático para hacer justicia, para sacar lecciones que permitan reformar la legislación y las instituciones mineras y crear un ambiente favorable a empresas nacionales y extranjeras que quieren hacer una minería ambientalmente sostenible y socialmente responsable; una minería que los colombianos aprendamos a querer y a defender; una minería que sin producir un daño irreparable para las generaciones futuras nos dé recursos ahora para empujar el desarrollo del país.

http://www.semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-la-drummond-contaminadora-paramilitar-tramposa/375750-3?hq_e=el&hq_m=321692&hq_l=41&hq_v=87d0dddcdf

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