El miedo al fracking, el fantasma que recorre Colombia

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    Cuando solo falta que el Ministerio de Ambiente publique los términos de referencia ambientales para la extracción de petróleo y gas vía fracking, y con eso le dé el banderazo de salida a esa posibilidad, el fantasma que viene rondando desde 2012 nuevamente empezó a asustar.

    Denuncias de organizaciones ambientalistas relacionadas con la posible implementación de esta práctica en zonas aledañas a páramos cercanos a Bogotá, un pueblo en el Cesar promoviendo una consulta popular para evitar que un proyecto de fracking se ejecute en su territorio, y una carta pidiendo la moratoria a Santos calentaron el debate.

    Ahora el telón de fondo es una nueva ola verde (esta vez ambientalista) que ya conquistó su primera victoria en Cajamarca con el triunfo del No en la consulta sobre la explotación minera a gran escala en La Colosa.

    El fantasma

    Los reparos sobre la extracción de petróleo vía fracking en Colombia están relacionados con la conservación del agua.

    Esa técnica consiste en inyectar a presión millones de litros de agua combinada con químicos para fracturar rocas que están entre uno y tres kilómetros debajo de la superficie, para liberar el crudo que está atrapado en las rocas.

    Por eso, el primer miedo tiene que ver con la cantidad de agua que se utilizará, pues según cálculos de los petroleros se necesitan uno 4 millones de litros de agua, el equivalente a llenar una piscina olímpica, para perforar un solo pozo.

    Como el agua debe ser captada de algún lado, se corre el riesgo o de desabastecer a una comunidad al disminuir los caudales de un río o de acabar los reservorios de agua subterráneos en caso de que no se recarguen naturalmente.

    Los demás miedos están relacionados con qué ocurre con esa agua después de que sea usada y con la que queda en el suelo.

    Según los grupos ambientalistas, como no hay un mapa claro de acuíferos subterráneos (eso lo reconoce el Minambiente) y la técnica usa químicos en el subsuelo, hay riesgos de filtraciones que terminen contaminando el agua represada en canales subterráneos.

    Al tiempo está la duda sobre qué va a pasar con las aguas que se devuelvan a la superficie una vez hayan fracturado las rocas mezcladas con químicos. Como no pueden ser tratadas y tendrán que ser -en su mayoría reinyectadas al suelo-, los opositores del fracking dicen que constituyen un riesgo latente para la salud pública, porque una vez reinyectadas pueden conectarse con corrientes subterráneas y contaminarlas.

    Otro miedo es que las referencias para regular el fracking en Colombia vienen de suelos en Estados Unidos y Canadá, y ambientalistas argumentan que sus condiciones son muy diferentes a las locales y por eso no se puede predecir con exactitud el impacto sísmico que provocaría la inyección del agua y la fractura de las rocas.

    “Aquí estamos hablando de estructuras geológicas diferentes, con formaciones de cordilleras, con un desconocimiento muy alto del subsuelo”, le dijo a La Silla Camilo Prieto, del Movimiento Ambientalista de Colombia.

    En el lado de los petroleros dicen que todos esos riesgos son controlables, entre otras, porque las experiencias pasadas les dieron conocimiento para prevenirlas en el futuro.

    “Muchos de los errores que hubo con fracking en Estados Unidos obedecieron a que había desconocimiento, a que utilizaron maquinaria e instrumentación antigua. Todos esos errores ya fueron subsanados y no se puede hablar de accidentes recientes con fracking”, le dijo a La Silla Harving Díaz Consuegra, ingeniero de petróleos y consultor en varios proyectos de extracción petrolera del país.“En Colombia se debe analizar caso por caso para mirar la viabilidad de cada proyecto. Los instrumentos que hay dan grados de precisión para emitir un concepto responsable”.

    Ese debate está en el país desde 2012, cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) subastó bloques petroleros, incluyendo 5 bloques (tres en el Magdalena Medio, uno en el Catatumbo y otro en la cordillera Central) de yacimientos no convencionales de hidorocarburos, que son los que necesitarían fracking para explotarlos.

    En ese momento el presidente Juan Manuel Santos dijo que evaluaría la conveniencia de traer esa modalidad al país, con la duda entre la rentabilidad de hacerlo y su impacto ambiental que ha llevado a que países como Francia y Bulgaria, y estados de Estados Unidos como Nueva York a prohibido.

    Debidoa a ese potencial impacto, ese mismo año la Contraloría General emitió un control de advertencia solicitándole al Gobierno que, atendiendo al principio de precaución ambiental, no permitiera fracking hasta no garantizar que los riesgos para el ambiente fueran mínimos.

    Por eso y con el ánimo de calmar los ánimos, el Ministerio de Minas y Energía y la ANH formaron un equipo de 14 expertos que debía formular la reglamentación para hacer fracking. A mediados de 2014 publicaron las reglas del juego para las petroleras y el Minambiente expidió los términos de referencia ambientales solo para explorar.

    Como lo documentó La Silla en su momento, en ese entonces desde la ANH y el Minminas dieron un parte de tranquilidad, y dijeron que todo estaba listo para arrancar. Sin embargo, los reparos persistieron.

    Primero varios ambientalistas pidieron que se declarara la moratoria por considerar que esos lineamientos dejaban de lado especificaciones técnicas que eventualmente podrían significar una contaminación ambiental irreparable.

    Luego la Contraloría dijo que “hacían falta más estudios” para determinar los verdaderos impactos, cuestionó al Minambiente por no haber expedido los términos de referencia ambientales para la explotación vía fracking, y puso sobre la mesa la inconveniencia de que la ANH hubiera entregado bloques sin que estuviera lista la reglamentación para explorarlos y explotarlos.

    Aún así, en 2015 fue entregado otro bloque más y más adelante se adjudicaría el último de esas características que se ha concesionado en Colombia.  Ambos están en el Magdalena Medio.

    El cruce de versiones

    Por eso, si el fracking no ha arrancado se debe a la falta de los lineamientos finales del Minambiente para que las empresas que quieran utilizar esa técnica puedan tramitar las licencias ambientales. Sin ellas no pueden superar la etapa exploratoria (la única que reglamentó esa cartera en 2014) y pasar a extraer.

    Desde que arrancó el año empezó a correr el rumor tanto en el sector petrolero como en el ambientalista de que los lineamientos estarían listos dentro de poco. De hecho, Portafolio publicó en enero que era cuestión de semanas para que salieran.

    La versión llegó a tomar tanta fuerza que varias organizaciones ambientalistas, unidas en la ‘Alianza Colombia Libre de Fracking’, nuevamente le pidieron a Santos que declarara una moratoria de esa técnica y solicitaron una reunión con el Ministerio para ser escuchados.

    Esa reunión fue la semana pasada, en una coyuntura que despertó la atención de medios: el día anterior esa alianza denunció que en inmediaciones de los páramos de Chingaza y Sumapaz (los que abastecen de agua a Bogotá) había bloques habilitados para la extracción de petróleo en yacimientos no convencionales (los que se intervienen vía fracking), y puso la alarma en el centro del país.

    Si bien esos bloques no están asignados, y según le dijeron a La Silla en la ANH actualmente no hay petroleras con intenciones de adquirirlos, sí puso los términos de la reunión a favor de los ambientalistas.

    De hecho, mientras en ella estuvo el Viceministro Carlos Alberto Botero, el Ministro Luis Gilberto Murillo salió a hacerle frente a las denuncias en medios. En RCN Radio dijo que el país no estaba preparado para hacer fracking, porque existen vacíos de conocimiento sobre sus impactos ambientales.

    Aunque en principio esa entrevista hubiera servido para aplacar los ánimos, según cuatro fuentes consultadas por aparte y que estuvieron en el encuentro, tuvo el efecto contrario.

    “Después de la exposición de la Alianza, el Viceministro le dio la palabra a un técnico que empezó a decir algo así como ‘ustedes saben que hemos venido trabajando en los términos de referencia para los no convencionales,’ y dijo que estaban próximos a salir”, le dijo a La Silla una de esas fuentes. “Lo interrumpimos porque nosotros no queríamos quedar como avalando esos lineamientos, y le preguntamos al Viceministro por qué el Ministro estaba diciendo en radio que el país no estaba preparado para fracking, si lo que estaba claro era que allá ya tenían todo prácticamente listo”

    En adelante, según las cuatro fuentes, los ánimos se calentaron.

    “El Viceministro se molestó porque le dijeron incoherente y mentiroso al Ministerio. Luego un líder ambientalista dijo que pedía disculpas por las palabras, pero que pedía una explicación. Y al final todo quedó en el aire, porque con la tensión cambiaron de tema. Lo último que se dijo fue que no habían tomado una decisión final”, le contó a La Silla una de esas fuentes. Las otras tres tuvieron una versión muy similar.

    El Viceministro Botero le dijo a La Silla que la reunión les sirvió a los ambientalistas para “resolver unas dudas”, y que no hubo mayores discusiones. “Se escucharon las inquietudes y se aclararon varios temas, que era lo más importante”, precisó.

    Sobre los términos de referencia ambientales para fracking señaló que aún “no han tomado decisiones finales”, y casi que reprodujo lo que dijo Murillo en RCN Radio.

    “Estamos revisando todos los lineamientos a fondo porque creemos que todavía no hay información disponible suficiente para emitir los términos de referencia. Estamos trabajando con varias entidades para recopilar esos datos y esperamos que este año ya tengamos claridad para definir una posición de fondo”, le dijo Botero a La Silla.

    Sin embargo, desde el Minminas y el Minhacienda están esperando a que esa cartera destrabe la explotación petrolera bajo esas condiciones, un mensaje que envían con cierta frecuencia y que pone al Minambiente en la mitad.

    Por ejemplo, ayer en la noche en Pregunta Yamid de CM&, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le dio un espaldarazo al fracking.

     “Colombia ya tiene la normatividad en esta materia. (Siguiéndola, el fracking) es perfectamente sostenible desde el punto de vista ambiental”, dijo.

    Así que más allá de los detalles de la reunión con los ambientalistas, lo que sí está claro es que el Minambiente está presionado por lado y lado para dar una respuesta de fondo el fracking en el país, mientras los reparos por esa técnica de explotación crecen entre organizaciones sociales, en algunos pueblos del país, y además se está acercando a Bogotá.

    El agua de Bogotá

    Como el debate del fracking se centra en el agua, fue que causó tanto revuelo la alerta que lanzaron los ambientalistas sobre los páramos de Chingaza y Sumapaz, junto a Bogotá.

    En esa zona están habilitados  bloques para la extracción de crudos no convencionales (que requeirían fracking) y hay antecedentes de la intención de petroleras de explotar hidrocarburos, lo que tiene a sus habitantes preocupados.

    La petrolera china Nexen, que entre 2009 y 2013 desarrolló exploraciones entre Guatavita, Junín y Guasca (estos dos últimos municipios con territorio en el Parque Natural Chingaza) para determinar si podía extraer gas; y la indo-china Mansarovar Energy desarrolla en Medina (Cundinamarca) y Cumaral (Meta) el proyecto Llanos 69 para explorar las posibilidades de extraer petróleo.

    Ninguno tiene la simpatía de los habitantes de la región.

    Aunque hasta ahora han utilizado técnicas convencionales, han generado inquietud por el futuro del agua, sobre todo porque Chingaza abastece a 7,3 millones de habitantes de Bogotá, Cundinamarca, Meta y Boyac, Sumapaz beneficia a 7,3 millones de personas de Bogotá, Huila, Meta y Cundinamarca y Guerrero da agua a 2 millones.

    El geólogo Julio Fierro, de la Corporación Terrae, le dijo a La Silla que aunque aún no debe hablarse de una amenaza porque no hay licencias para hacer fracking en esos bloques, sí considera que la intención de la ANH de marcarlos como zonas potenciales “es una mala señal”. En la otra zona donde están demarcados es sobre municipios de la Sabana de Bogotá, algo que también cuestiona porque esa región, por ley, debe tener una vocación forestal y agrícola y hoy lidia con la expansión minera.

    Los directivos de la CAR y Corpoguavio, que son autoridad ambiental en esos municipios, también están preocupados, y le anticiparon a La Silla que se van a oponer a la llegada del fracking si en algún momento el bloque se llega a permitir.

    Pero esa pelea hasta ahora arranca.

    En el marco de esa discusión hay otro miedo que está ligado a la estructura general de la explotación de petróleo y minas, y está relacionado con la débil capacidad del Estado para ejercer control, algo que se puso a prueba en San Martín, el municipio que se convirtió en el piloto del fracking en el país.

    El piloto arrancó con el pie izquierdo

    San Martín es un pueblo de 25 mil personas que está ubicado en el sur del Cesar, en el Valle del Magdalena Medio, una zona conocida por tener una alta concentración de crudo en el país.

    Desde el año pasado ese municipio, que en las últimas tres décadas ha sido parte de la industria petrolera en el país, empezó a ocupar titulares de prensa, por la resistencia de sus habitantes a que a través de fracking extrajeran petróleo de la zona.

    El escándalo se desató cuando la Conoco Phillips, la empresa que desde 2015 es dueña del bloque que está en ese municipio, empezó a repartir folletos para diseñar el Estudio de Impacto Ambiental, y cumplir con uno de los requisitos para solicitar la eventual licencia de extracción.

    Con ese precedente, el proyecto de San Martín tomó la delantera y se convirtió en el piloto del país en el fracking. Sin embargo, arrancó con el pie izquierdo.

    La historia de ese contrato inicia en diciembre de 2015 cuando la Shell le cedió el bloque de explotación a la Conoco Phillips, una de las petroleras más grandes del mundo. Aunque esa concesión era para yacimientos convencionales, la ANH le hizo un adicional a la nueva empresa y la habilitó para proyectos no convencionales.

    En él se estableció que la empresa tardaría 3 años en concluir la fase 1 de exploración, que incluía la inversión de 5,8 millones de dólares, y actividades de estimulación hidráulica (fracking).

    Aunque para hacer ese tipo de procesos era necesario que se emitiera una licencia específicamente para no convencionales, la Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) aceptó que le cedieran la licencia de la Shell a la Conoco pese a que era para yacimientos convencionales.

    Por esa razón la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec, una organización que nació en San Martín para oponerse al fracking, le pidió a la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente que se pronunciara.

    En noviembre del año pasado esa entidad le dio a la razón a los opositores al fracking en San Martín, y concluyó que no solo la Shell no le podía ceder la licencia a la Conoco porque no se encontraba a paz y salvo con sus obligaciones (no había enviado todos los informes a la corporación regional de la zona), sino que además le compulsó copias a la Procuraduría para que investigara la conducta del Anla porque permitió que la Conoco iniciara actividades exploratorias con una licencia ambiental que no la amparaba.

    Es decir, con el avance del primer proyecto de fracking en el país iniciaron los problemas.

    “Aprovecharon muchos vacíos legales y ahora todo está en medio de demandas y de protestas”, le dijo a La Silla Carlos Santiago,uno de los líderes de la oposición al fracking en San Martín. “Tan es así que  la Contraloría le recomienda a la Nación abstenerse de suscribir contratos para no convencionales porque no está lista toda la reglamentación”.

    En dos semanas en San Martín tienen previsto iniciar todos los trámites para empezar a recoger firmas con el fin de convocar una consulta popular que les permita a los habitantes de ese pueblo decidir sobre el fracking en su territorio.

    Lo hará en momentos en los que el Tribunal Administrativo de Santander les acaba de aceptar el trámite de una acción popular para frenar el proyecto, y en medio de un ambiente tan tenso que los opositores a los trabajos de la Conoco le están promoviendo una revocatoria al alcalde, Saúl Celis, por su silencio frente a la entrada de la petrolera.

    Con el impulso de Cajamarca, el viento sopla a su favor. Y contra el fracking

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