Dos militares integrantes de la Tercera Brigada del Ejército Nacional deberán pagar entre 13 a 27 años de prisión por el abuso sexual de una mujer indígena de 22 años, ocurrida el 10 de junio de 2009, en el municipio de Jambaló Cauca.
Se trata de los militares Héctor Lujan Sánchez y Carlos Alberto Pulgarín, quienes fueron condenados el pasado 9 de septiembre de 2016, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán que los encontró como responsables a título de coautores del delito de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida.
De acuerdo con la Corporación Justicia y Dignidad, el hecho ocurrió cuando la mujer se dirigía a su casa, en zona rural del municipio de Jambaló, cuando miembros del Ejército uniformados y portando armas, la retuvieron y le decomisaron su cédula. Luego la accedieron carnalmente de manera violenta, y para que no los denunciara el Sargento Torres le ofreció cien mil pesos.
Pese a las amenazas y el chantaje, la mujer denunció y fue amenazada junto a su familia, por lo que terminaron víctimas de desplazamiento forzado. Con ello, la investigación penal empezó estuvo a cargo del fiscal seccional de Silvia Cauca, luego pasó a la Fiscalía 38 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos donde pasó por seis fiscales. Uno de ellos decidió archivar la investigación en octubre de 2011, al dar total credibilidad a los agresores, concluyendo que la mujer tenía conducta licenciosa, y afirmó que la víctima padecía un trastorno psicológico, pese al dictamen del Centro de Atención a víctimas de violencia sexual que certificó los hallazgos de abuso sexual.
Al encontrarse irregularidades en la actuación de esa unidad de la Fiscalía, se logró que nuevamente se abriera el caso pero mantuvo 3 años de total inactividad. Luego el caso fue reasignado a la fiscal 145 Seccional de Bogotá Destacada en Género, quien adelantó las pruebas necesarias para concluir con la responsabilidad penal de los militares en el crimen.
Tras la falta de garantías para el Acceso a la Justicia de la víctima, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos leotorgó medidas tanto a la víctima como a su familia. Las irregularidades en el caso fueron tan evidentes que, de acuerdo con la Corporación Justicia y Dignidad, el Magistrado Víctor Manuel Chaparro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, dijo que “la Fiscalía había vulnerado el derecho de petición de la mujer indígena; el derecho fundamental de Acceso a la Administración de Justicia; también revictimizó y había prejuzgado, ya que no creyó en la victima y le dio total credibilidad a los militares”.
Cabe recordar que la indígena y su madre fueron hostigadas y amenazadas constantemente no solo por parte de los agresores sino también por medio de llamadas de la policía judicial, “incluso a altas horas de la noche en las que se les amenazaba con cobrarles el costo de las audiencias si no asistían a ellas; Así mismo les manifestaban recurrentemente que no tenían abogados que las representaran y que les iban a designar un defensor público”, dice la Corporación.
Aunque fueron constantemente revictimizados, tras 7 años de lucha la joven indígena y su familia lograron que los agresores fueran condenados y el próximo 19 de diciembre, se conocerá la sanción que deberán pagar.
