Mediante rueda de prensa realizada el día el 23 de mayo de 2017, en las instalaciones de la ORIVAC, se dio apertura a la movilización y audiencia pública: “Por la protección del Territorio, la Vida y la Dignidad de los Pueblos”. Con la participación de las organizaciones y pueblos indígenas, sectores sociales, sindicatos y populares del Sur-Occidente de Colombia y del nivel nacional.
En esta rueda de prensa la consejera de la Organización Indígena de Colombia ONIC, Aida Quilcue dio un contexto general sobre la situación humanitaria de los pueblos indígenas a nivel nacional. En está se dijo que la movilización en defensa de la vida, fue convocada para denunciar las diferentes violaciones de los derechos humanos, y la vulneración de los mismos en el marco de la protestas sociales para el caso indígena. Pues desde la firma de los acuerdos de paz, van 107 amenazas en todo el país, hablando del movimiento indígena, sin contar con los demás sectores sociales. Además de 29 homicidios, 827 confinamientos en el Choco y Antioquia. Más de 3490 desplazamientos masivos, para un total de 4317 víctimas de vulneración de derechos humanos. “Las organizaciones somos actores de paz, que le apostamos a ella, pero esta paz no puede seguir cobrando vidas”. Mencionó Quilcue.
Así mismo el consejero del José Hildo Pete del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC, dijo que esta movilización es también para exigir al Gobierno Nacional la implementación del protocolo de protección con enfoque deferencial para pueblos indígenas y demás sectores sociales del Suroccidente colombiano. Por todas las amenazas a los líderes y de los cuales el gobierno no ha cumplido con la protección de la vida para estos. “Exigimos la medidas de protección individual y colectivas con enfoque diferencial y a su vez que las investigaciones sean eficaces” agregó el Consejero Hildo.
Estas medidas de protección y prevención para los pueblos indígenas se exigen como una medida que sirva para que no continúe las amenazas y las muertes selectivas en los territorios. A su vez que se exige el respeto al derecho propio y la Jurisdicción Especial Indígena y las desmilitarización de los actores armados legales e ilegales de los territorios.
A este llamado se unió la secretaria técnica del Movimiento de Crímenes de Estado, Marta Giraldo, quien manifestó unirse a todos los sectores sociales y movimiento indígena para que en esta movilización sean escuchados. Pues las victimas demandan unos derechos, por qué en Colombia hay más 350 mil muertes violentas, más de 5 millones de desplazados, más de 10 millones de hectáreas expropiadas, ante el terror y la fuerza, más de 60 mil desaparecidos y 6 mil casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas exiliados. Lo cual da cuenta de una criminalidad estatal por razones geoestratégicas, económicas y políticas por la exploración de los territorios. “El Estado debe recocer que hubieron unas políticas que conllevó a la criminalidad, pues hubo una alianza con estructuras paramilitares, que han propiciado las masacres en el país, los asesinatos a líderes sociales, sindicales” agregó Giraldo.
Igualmente Marilen Serna vocera del Congreso de los pueblos dijo que en este contexto de negociaciones de paz, donde se habla de una salida política al conflicto social y armando que vive el país, continua el ataque sistemático contra el movimiento social, lo cual da cuenta que para los movimientos sociales no hay garantías en las construcción de la paz.
Sin embargo, para que se lleve a cabo la construcción de la paz se debe tener en cuenta a los movimientos sociales y la sociedad para que esta paz sea alcanzable. Además porque para el movimiento indígena esta paz es defender el territorio. Y para ello se necesita que el estado reconozca la existencia del paramilitarismo, grupo que golpeado históricamente a la sociedad y específicamente al movimiento social.
Ante este panorama se continúa fortaleciendo los pueblos indígenas y demás sectores sociales, pese a las amenazas y muertes selectivas a los líderes sociales. Y aunque falta reconocimiento sobre la sistematicidad de los ataques contra los movimientos sociales en Colombia, como las formar de debilitar hoy se exige garantías para la movilización para construcción de paz desde los territorios.
Por: Programa de Comunicaciones CRIC