Ante la grave situación que atraviesa la Isla de San Andrés por desabastecimiento de agua para amplios sectores, principalmente Raizales, la Organización de Jóvenes Raizales R-Youth, miembros activos de la comunidad isleña, manifiesta ante la opinión pública que:

  • La escasez de agua que padece la isla es en lo fundamental resultado de su manejo inadecuado e inequitativo, por lo cual rechazamos declaraciones que quieren atribuir el problema exclusivamente a un asunto climático o, peor aún, a la falta de pago por el servicio por parte de sectores de la población que habría conducido a un deterioro de las condiciones de prestación del servicio.
  • Rechazamos que en todo este proceso se haya tratado de dejar por fuera la excesiva demanda de un turismo desordenado que privilegia la llegada masiva de turistas que consumen agua en exceso y pagan muy poco por los servicios que reciben.
  • Igualmente, consideramos que no puede desconocerse el grave problema de sobrepoblación propiciado por las políticas estatales, ante el cual no se han tomado medidas efectivas hasta el momento, lo cual amenaza cada día el bienestar de las islas y de los isleños.
  • Así, la situación actual con el agua es parte de un problema estructural más amplio, y no una simple coyuntura desfavorable. Sus causas profundas deben buscarse en un modelo de desarrollo, en especial de turismo masivo, basado en la explotación destructiva del patrimonio natural y cultural de las islas por parte del sector hotelero y turístico, la gran mayoría compuesto por inversionistas que no hacen parte de nuestra comunidad y que tampoco se interesan por ella; todo ello sin mayores retribuciones a cambio, y si recibiendo exenciones de impuestos y la inversión prioritaria del Estado en favor de actividades privadas que poco o nada, además de los daños, dejan al conjunto de la sociedad isleña y de su medio ambiente.
  • No obstante, la situación requiere una respuesta urgente que a su vez sirva para buscar soluciones de mayor alcance. Por ello exigimos que la anunciada declaratoria de calamidad pública sea efectiva y que en desarrollo de la misma se proceda a: o Distribución equitativa del agua que garantice suministro a la población Raizal y residente, y suspensión del privilegio de los hoteles a recibir agua a diario. El servicio de agua potable para TODA la población debe tener una periodicidad no inferior a 24 horas al día, una vez por semana, para la garantía del goce efectivo del derecho al suministro del agua en condiciones de equidad entre turistas, residentes y raizales del Archipiélago o Revisión a fondo el modelo de desarrollo basado en el número de turistas, y no en su calidad ni en la capacidad de carga de la isla. o Los beneficiarios directos del turismo y los turistas, en especial las grandes empresas, deben asumir los costos de las soluciones requeridas. No podemos seguir sacrificando las islas para beneficio de unos pocos. En concordancia con lo anterior, se debe limitar el arribo de turistas a las islas hasta tanto el preciado líquido se encuentre garantizado a los residentes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en su totalidad, o Suspender, de manera preventiva, la entrega de nuevas tarjetas de residencia OCCRE hasta tanto se realice el estudio de capacidad de carga del Departamento, acompañado de un censo efectuado por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA y se cuente con una modificación y reajuste del Decreto 2762 de 1991, pues tras más de 20 años de aplicación es evidente su rotundo fracaso e incapacidad de solucionar el problema de los asentamientos ilegal en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. o Además, consideramos importante que la gobernación departamental garantice la presencia de la comunidad raizal en la revisión y ajuste al contrato de operación suscrito entre Aguas de San Andrés S.A. E.S.P. y Proactiva Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P. cuyo objeto es “la operación de la infraestructura destinada a la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en la Isla de San Andrés”, del cual a la fecha no tenemos información de cómo se desarrolla, ni cómo afectará a la comunidad raizal y en general del archipiélago.
  • La comunidad isleña debe aprovechar esta crisis para profundizar en la defensa de sus intereses y de su patrimonio natural y humano, cada vez más duramente golpeados por errores del Estado como el pésimo manejo de la situación en La Haya y de problemas críticos como los de la salud, la educación, el costo de vida, el empleo y la pesca, ante los cuales la respuesta estatal ha sido hasta ahora precaria.
  • Por ello, y por el derecho a la dignidad y el respeto, toda la sociedad isleña tiene el derecho, pero sobre todo el deber, de continuar en pie de lucha.

COMITÉ DE MOVILIZACIÓN R-YOUTH

San Andrés Islas, 20 de abril de 2016

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