Reunidos en la cancha de futbol del Resguardo de San Andrés de Pisimbala en el Municipio de Inza-Cauca, el día 14 de marzo de los presentes, varios indígenas portaban bastones de mando en defensa de su territorio, en este escenario la comunidad esperaba la audiencia pública contra 7 personas detenidas por transportar marihuana. La audiencia pública, fue presidida por el gobernador de San Andrés, José Ramiro Piñacue y demás gobernadores de la zona, para analizar lo que se haría con las personas detenidas, pues cuatro de ellas pertenecían al Departamento de Florencia Caquetá y tres al Municipio de Toribio, Cauca.

A las autoridades les correspondía determinar cuál sería el paso a seguir con estas personas en la que había una menor de edad. Para el primer caso, los hechos ocurrieron el día 10 de marzo en horas de la noche, cuando estas personas se transportaban en un vehículo de color blanco, con placas  BKI 702 de Bogotá y en una motocicleta Yamaha de color negra, fueron detenidas cuando la Guardia indígena de San Andrés realizaba ejercicio de su autonomía, el control territorial.

segundaEn su interior encontraron 107 kilos de marihuana, una vez conocido el contenido la guardia junto a la autoridad procede a decomisar este producto y detener a las personas para ser llevadas a las instalaciones del Cabildo Indígena. Luego fueron  entrevistadas y se conoció el nombre de los implicados: Ariel Carvajal Gonzales, Yurani Andrea Rojas, Camilo Hernández y Jorge Leonardo Henao, providentes de Florencia Caquetá, quienes manifestaron que solo eran unos trabajadores que se encargaron de llevar el cargamento.

Conocido el hecho, José Ramiro Piñacue gobernador de San Andrés, junto con la Asociación Indígena Juan Tama, Nasacxaha y Autoridades de los 8 resguardos reunidos durante la mañana, decidieron entregar a estas personas a la policía judicial y a la Fiscalía General de la Nación mediante audiencia pública. Los entes institucionales hicieron presencia en este acto, las cuatro personas de tés blanca, todos jóvenes, esperan sentados en medio de la cancha, rodeados por un cordón de seguridad de la guardia indígena, mientras las autoridades hablaban ante la comunidad por qué serían entregados estas personas a la Sijin, y por qué no se aplicaba la jurisdicción especial indígena. Los participantes entre los que había niños, jóvenes, adultos y mayores escuchaban atentos cada uno de los argumentos.

Se expresó que es un deber de la guardia y de la autoridad hacer un control territorial en defensa del territorio y además se recalcó que este acto fue un hecho histórico para comunidad de Tierradentro, pues se llevó a cabo la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la justicia ordinaria. Se hizo el llamado sobre la importancia de hacer este control en los demás territorios para hacer frente a quienes causan desarmonía realizando cultivos para uso ilícito al interior de las comunidades, por esta razón la importancia de la  guardia indígena quienes están comprometidos para hacer el control territorial, pues ellos son los que cuidan  y  defienden el territorio.

La decisión de entregar a las personas civiles a la fiscalía es porque no son indígenas, y la jurisdicción especial solo permite sancionar a los comuneros que pertenecen a un territorio ancestral. Así mismo la fiscalía seccional del Municipio de Páez manifestó que es una coordinación interinstitucional que se da para buscarle salida a esta decisión judicial, donde hay personas censadas dentro de un resguardo indígena y personas civiles que no tiene relación con los cabildos. Un trabajo que se logra mediante los diálogos para realizar acciones conjuntamente con el fin de seguir luchando contra el delito de tráfico de estupefacientes que afecta a la sociedad, sin embargo, algunos jueces no entienden esta coordinación entre jurisdicciones.

El gobernador con un tono fuerte recalcó que no le da miedo hacer frente a este hecho, pues entiende que surgen amenazas después de ejercer los controles territoriales. “Pero que sacan con matar a un indio, porque muchos más nacerán” dice. Pide unidad y agradece a la comunidad por estar presente en la audiencia, pues eso ayuda a fortalecer la guardia para el bien del territorio y del país

Aplicación de remedio para los comuneros de Toribio

toribio 1Caída la noche se continúa con la audiencia pública en San Andrés de Pisimbala, la comunidad estaba dispersa, una vos hace el llamado para reunirse y continuar con el segundo caso, esta vez para aplicar la jurisdicción especial indígena contra los comuneros de Toribio.

Los hechos ocurrieron el mismo 10 de marzo a las 12 del mediodía, donde las autoridades junto con la guardia detienen un vehículo de color verde arrecife de servicio particular donde se trasladaban  Jesús Bastidas Calambas y Emmanuel Calambas Diago. A su vez detienen una motocicleta que iban conducida por Cristian Pavi. Quienes se dirigían con 47 kilos de marihuana a la Mesa de Togoima donde entregarían la droga.

toribioConocidos los hechos la autoridad de San Andrés abren la discusión para determinar la sanción correspondiente, la multitud en medio de la oscuridad escuchaba atentamente los argumentos de cada autoridad y comunero. El gobernador José Ramiro Piñacue dijo que esta lamentable situación se trató con la autoridad de Toribio, quien manifestó que deja en las manos de la  comunidad de san Andrés la decisión y respeta la determinación de la misma.

El gobernador de Calderas apunta que esta triste situación que se presenta es porque no hay un control territorial en las demás zonas, y recalca que no quiere ver jóvenes involucrados en la droga y mucho menos en las cárceles por una mala decisión.

El gobernador lanza la propuesta de 30 fuetazos para Jesús Calambas y 20 para los campaneros o acompañantes, la comunidad dice ‘sí’ cuando las autoridades preguntan si respaldan la propuesta. También se les pide a los implicados decir el nombre de la persona que recibiría la droga. Los acusados al escuchar la decisión tomada por la comunidad, se toman de la cabeza y  se le ven inquietos, pues entienden la falta grave que cometieron dentro de este  territorio.

En medio de la oscuridad la comunidad grita ¡que hable, que hablen! piden escuchar los argumentos de los acusados, pues consideran que también tienen derecho a defenderse. Jesús toma el micrófono y dice que sabía lo que llevaba en el carro, que lo había contratado para hacer ese viaje por un valor de quinientos mil pesos, pero que los demás solo lo acompañaban. Manifiesta que lo hizo por necesidad, pues tenía a su hijo enfermo y en el momento que le ofrecieron transportar la droga lo hizo sin pensar, movido por la desesperación de ayudar a su hijo. También manifiesta que no tienen un trabajo estable. “Pido oportunidad para recomponer mis actos. Agradezco por el trato que me dieron” dice.

Entre la oscuridad sale el padre de Jesús pide permiso para hablar, reconoce que el hijo cometió un error y pide que sean más flexibles con el remedio, porque así Jesús sea independiente finalmente es su hijo y ahora está dando la cara y reconoce que cometió un error, pero tiene derecho a corregirse.

Después de escuchar ambas partes, el gobernador pide fijar el remedio para los muchachos nuevamente, las comunidades continúan en pie de 30 y 20 fuetazos teniendo en cuenta los niveles de responsabilidad de cada individuo. Terminado la audiencia se procede a la destrucción de lo incautado, y la comunidad y autoridades dejan firme que continuarían ejerciendo el control territorial en defensa de la vida.

Audio Autoridad Tradicional Resguardo de San Andres, Municipio de Inza

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Por: programa de comunicaciones CRIC 

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