El Ministro del Interior Juan Fernando Cristo tenía un auditorio difícil. Seis mil indígenas de todo el país lo esperaban con impaciencia la tarde del viernes en el resguardo de La María, en las neblinosas montañas de Piendamó (Cauca), para revisar los avances de los treinta acuerdos a los que habían llegado con el Gobierno tras los paros de hace un año.
El ánimo de la minga indígena, que llevaba ya cinco días reunida, estaba caldeado. En las cuentas de sus dos mayores grupos, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el saldo era rojo: tres acuerdos cumplidos, ocho parcialmente y una veintena en blanco. A eso se sumaba que Cristo -en medio del diluvio que helaba la cordillera- llevaba hora y media de retraso, algo que recordó cada cabildo gobernador que tomaba el micrófono para introducir un número musical y darle así un compás de espera al ministro.
Pero sobre todo estaban molestos porque ese día las cosas habían empezado patas arriba. En la mañana llegaron, en representación del gobierno Santos II, dos viceministras: Carmen Inés Vásquez, la vice de participación de Cristo que tiene bajo su ala a las minorías étnicas, y María Isabel Ulloa, la de minas.
Ambas -posesionadas hace dos semanas- le explicaron al congreso extraordinario convocado por el Cric que estaban en pleno empalme, les prometieron “un diálogo de alto nivel” y les pidieron paciencia.
Eso rebosó la copa de los indígenas reunidos desde el lunes en la gran caseta abierta de guadua y techo de cinc que se alza en una loma sobre la Autopista Panamericana, casi a mitad de camino entre Cali y Popayán. “Si el Gobierno sigue improvisando, esto se le sale de las manos”, murmuró el gobernador de un cabildo local.
Patricia Tobón, una asesora de la Onic, pidió la palabra. “Nosotros no estamos acá para educarlos a ustedes, aunque terminemos haciéndolo cada vez”, les dijo. Con ‘cada vez’ se refería a la tasa de rotación de altos funcionarios del gobierno Santos, que en poco más de cuatro años ha tenido cinco ministros del Interior y cuatro vices de participación, por solo mencionar las áreas más cercanas a los temas indígenas. Como bromeó un asistente, “llega un nuevo viceministro y es como si comenzara de nuevo la creación”.
Al final ambas vices salieron abucheadas, porque los indígenas esperaban respuestas concretas sobre una agenda conjunta con el Gobierno en la que llevan trabajando casi dos años.
Por eso, cuando llegó el Ministro por la tarde acompañado por el gobernador caucano Temístocles Ortega, lo que más querían los indígenas eran respuestas puntuales y un cronograma inaplazable. Cristo intentó tranquilizarlos. “Sabemos que hay incumplimientos parciales y totales”, reconoció y esas palabras -así como su condena del panfleto amenazante de Los Rastrojos que llegó esta semana a la minga- fueron rápidamente transmitidas en vivo -en nasa y misak (guambiano)- por las 14 emisoras indígenas del Cauca.
Con fechas precisas, Cristo -que había trabajado de cerca con los indígenas de la Onic y el Cric en la Ley de Víctimas- logró desactivar la tensión y evitó que optaran por cortar la principal carretera del sur del país. Pero sobre todo, logró mantener alineado con el Gobierno a uno de los movimientos sociales mejor organizados del país y uno que le apostó tanto a Santos electoralmente que le hizo campaña puerta a puerta.
Además, el movimiento indígena será decisivo en muchas zonas rurales una vez se firme un Acuerdo Final en La Habana pues es una de las organizaciones sociales que ha demostrado mayor capacidad de hacerle contrapeso a la influencia de las Farc.
Aunque los indígenas tienen muchas reivindicaciones, desde hace dos años han venido acotando su lista para ordenar sus prioridades.
Al final, se centraron en dos reclamos que quedarán consignados en dos decretos que vienen trabajando desde hace año y medio con el Gobierno: uno, que salió la semana pasada y otro que, hasta la promesa de Cristo de firmarlo en dos semanas, los tenía preocupados. A esos dos se reducía, a la hora de la verdad, la crisis en ciernes.
Su grado de alerta era tal que, paralelo al congreso extraordinario, los indígenas reunidos en el Cric y la Onic ya tenían preparativos alternos. Ambas opciones -quedarse en asamblea permanente o salir a bloquear la Panamericana- requerían quedarse en la estratégica La María, una eventualidad para la que ya tenían toda la logística organizada. Con una reserva de comida para dos meses y la guardia indígena con instrucciones sobre dónde pararse, estaban listos por si Cristo venía a decirles “no se puede” o “la cosa está difícil”.
Al final Cristo vino a prometerles plazos de dos semanas a un mes para la mayoría de temas álgidos. De cumplirse el cronograma pactado ayer tras cinco horas de discusión, Santos vendrá exactamente dentro de un mes a La María -epicentro simbólico de las luchas de los indígenas caucanos- para hacer el lanzamiento simbólico de los decretos.
Allí presentará en sociedad unos acuerdos que trabajaron los equipos de la Onic y el Cric conAurelio Iragorri -el “ministro paisano”, como dicen en La María del ahora ministro de agricultura caucano- y María Lorena Gutiérrez en Presidencia. Y que durante más de siete meses prepararon en Popayán -todas las semanas, los jueves y los viernes- un equipo liderado por el ex vice de participación Aníbal Fernández de Soto (ahora en desarrollo rural) yMaría Paulina Riveros (hoy negociadora en La Habana), antes de que los asumieran los actuales ministros.
El primer tema clave para los indígenas era un decreto que Santos firmó hace una semana, que permite a los resguardos y cabildos ir tomando bajo su ala temas cruciales como salud, educación, agua, alcantarillado y todos los del Sistema General de Participaciones que el Gobierno central gira a las regiones.
De hecho se trata de una vieja promesa que llevaba 23 años sin cumplirse. Se remonta a la Constitución del 91, cuando fue acogida la propuesta de los dos senadores indígenas -el guambiano Lorenzo Muelas y el embera Francisco Rojas Birry- de darle una mayor autonomía a las comunidades indígenas. Pero el Congreso, a quien le correspondía la responsabilidad, nunca desarrolló este artículo.
Por eso los indígenas retomaron la negociación con Santos directamente y llegaron a un principio de acuerdo tras el paro de 2013. La idea es entregarle -siguiendo el modelo de países como Canadá o Australia- esas funciones gradualmente, a medida que cada autoridad indígena va demostrando que tiene cómo gestionar los recursos de manera eficiente y transparente.
“Nuestro planteamiento no es que seamos autosuficientes, sino que se necesita fortalecernos”, dice el líder nasa Nelson Lemus, que viene del resguardo de San Francisco en Toribío y que es uno de los nueve consejeros del Cric. Como dice Manuel Ramiro Muñoz, un profesor de la Universidad Javeriana de Cali que ha acompañado a los indígenas en todo el proceso, “la autonomía no se concede, sino que se va reconociendo”.
De esa manera los territorios indígenas dependerán menos de los gobiernos municipales, con quienes tenían muchas peleas por el giro de los recursos que el Gobierno les destinaba.
“Las alcaldías se demoraban seis meses, hasta un año, en desembolsarlos. Los proyectos se terminaban perdiendo. En Caloto nadie da razón de esas transferencias”, dice Feliciano Valencia, el líder nasa que fue brevemente candidato presidencial en las últimas elecciones.
Ellos mismos reconocen los desafíos que tendrán para administrar bien la plata, por lo que están conformando equipos de los cabildos más experimentados que entrenarán a los más débiles.
En el fondo, ese ‘decreto autonómico’ -como ellos lo llaman- supone un gran revolcón que ha pasado relativamente desapercibido. “Lo que está sucediendo es tan importante como el programa de titulación de resguardos que emprendió el gobierno de [Virgilio] Barco y es lo que permite que la multiculturalidad de la que habla la Constitución sea una realidad”, explica César Rodríguez Garavito de Dejusticia y uno de los juristas que más ha trabajado con indígenas en el país.
La segunda prioridad es el decreto sobre territorios ancestrales, que busca blindar jurídicamente aquellas tierras fundamentales para los grupos indígenas pero que hoy están por fuera de resguardos.
Para los indígenas es una prioridad porque sienten que los procesos de creación de nuevos resguardos y de ampliación de los que ya existen avanzan demasiado lentamente. Según la Onic, hay muchos territorios que ocupan desde hace medio siglo pero que no tienen un título colectivo, por lo que no se sienten protegidos de sus principales temores: “las multinacionales, los megaproyectos y la megaminería”, como repiten con frecuencia en el recinto adornado con enormes dibujos infantiles de la guardia y de la vida indígena.
Eso vuelve obligatoria la consulta previa para cualquier actividad de impacto en los territorios que ellos están solicitando, en momentos en que sienten que el vicepresidente Germán Vargas Lleras la graduó de mayor obstáculo para el desarrollo del país y que el Gobierno quiera desregularla.
Hay un tercer tema, sobre el cual no hay ningún acuerdo con el Gobierno, pero que permea todas las discusiones de los indígenas: su ‘no’ rotundo a la minería -tanto la de grandes empresas como la ilegal- en sus territorios.
“El problema no es el tema minero, sino la manera cómo la está desarrollando el Gobierno, atropellando los derechos de los indígenas y entregando los permisos sin consultar a las comunidades”, dice el líder coconuco Rubiel Olinto Mazabuel, que es consejero del Cric y viene del resguardo de Puracé que gestiona, desde hace 16 años, una mina de azufre. Según Mazabuel, al menos siete empresas mineras han solicitado títulos dentro de su resguardo.
Cristo les dejó claro que la política minero-energética nacional no está sujeta a discusión, pero que “su implementación sí puede y debe ser conversada con las comunidades”. Para eso crearon un ‘plan de choque’ con los ministerios de Minas y Ambiente -a cuyos titulares ellos también invitaron a La María- para evaluar qué hacer con los títulos mineros y las licencias ambientales otorgados sin consulta previa.
De La María a La Habana
Los decretos que fortalecen a las comunidades indígenas van en la misma línea que los acuerdos de La Habana que buscan movimientos sociales más robustos en el campo.
Al firmar los decretos Santos también le cumple a un grupo social que se movilizó a fondo por su reelección.
En La María los líderes indígenas hicieron mucho énfasis en la importancia de tener movimientos sociales robustos y activamente involucrados en la gestión de sus territorios. Una idea que se entreteje precisamente con el segundo punto acordado en La Habana sobre la participación política, que contempla que el desarrollo de la Colombia rural se haga de “abajo hacia arriba” con la participación activa de las comunidades en la planeación, ejecución y veeduría de las obras.
Como los grupos armados destruyeron el tejido social del campo, las comunidades indígenas más sólidamente organizadas -como las del Cauca o la Sierra Nevada- tienen una oportunidad grande de convertirse en los modelos a seguir y en grandes protagonistas políticos del posconflicto si se firma un Acuerdo de Paz.
“Cuando dicen que la paz se construye desde los territorios, es eso: ir soltando la autonomía, sin salirnos de las normas estatales, y darle la capacidad a la gente para asumirla”, dice Feliciano Valencia, con su bastón de mando y sombrero negro tapándole la larga trenza. Fortalecer esos movimientos sociales también resulta clave para evitar nuevos paros. De hecho, hace una semanas nació oficialmente la Cumbre Agraria -en la que están los indígenas- que ya tienen espacios fijos de negociación con el Gobierno y que también jugarán un papel fundamental en el posconflicto, como contó La Silla.
El Cauca también será escenario de las llamadas ‘circunscripciones especiales de paz’, otro de los puntos neurálgicos del acuerdo de participación política. Estas son curules transitorias en la Cámara con un umbral más bajo para candidatos postulados por los movimientos sociales en las regiones más golpeadas por el conflicto -aún no escogidas, pero del estilo de los Montes de María, el Catatumbo o el Magdalena Medio y muy seguramente el Cauca- y por las que no tendrían que competir con candidatos de los partidos tradicionales.
Antes, sin embargo, vendrá la reglamentación de los decretos y también su defensa ante la senadora y también caucana Paloma Valencia -que lidera en este tema la oposición del Centro Democrático- con el argumento de que le dan prelación a los indígenas sobre los afro y los campesinos.
Pero eso ya será otra batalla. Por lo pronto, las palabras de Cristo consiguieron apaciguar a un auditorio que lo había recibido en medio de gritos como “¿Por qué no vino Santos?” y “¿Dónde están los otros ministros?”. Al anunciarse los seis acuerdos puntuales a los que llegaron los dos equipos, la caseta comunal de La María irrumpió en un aplauso, que ratificaba que se podía comenzar a desarmar los cambuches y las ollas comunales para que los indígenas comenzaran su regreso a casa.
Luego, con un brindis con chicha Cristo -y con él, Santos- celebró que logró mantener cerca a uno de sus aliados claves en los movimientos sociales de cara a La Habana.
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